VALÈNCIA. El Gobierno valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca trata de navegar ante la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que lidera el ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez.

El actual sistema vigente, caducado desde 2014, perjudica notablemente a la Comunitat y ninguno de los gobiernos de distinto signo de los últimos años se ha atrevido a abrir el melón de la reforma por la propia problemática entre autonomías que, indudablemente, genera una negociación de estas características.

Ahora, sin embargo, el Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como brazo ejecutor, se ha decidido a presentar una propuesta. La iniciativa, a priori, refleja un aumento anual de 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana, lo que en este punto colmaría las reivindicaciones de la Generalitat de los últimos años.

No obstante, existen peticiones que el nuevo modelo no refleja, como la activación de un fondo transitorio de nivelación para las autonomías perjudicadas mientras no se aplique el cambio de sistema, lo que ocurriría en 2027 si todos pasos se produjeran con cierta agilidad. De la misma manera, desde la Generalitat se ha criticado la condonación de la deuda aprobada por el Gobierno, puesto que se considera que el montante de 11.000 millones de euros perdonado a los valencianos sería insuficiente puesto que no abarcaría parte de la infrafinanciación histórica fruto, precisamente, del reparto injusto que se ha tenido lugar en los últimos 12 años.

Por último, pero no menos importante, para la Generalitat se encuentra el obstáculo político en lo que se refiere a las formas de presentar el modelo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunión con Oriol Junqueras (ERC) días atrás en la Moncloa precisamente para mostrar las bondades del nuevo sistema, en concreto para Cataluña, lo que soliviantó al resto de ejecutivos autonómicos y provocó la reacción inmediata del PP, que acusó a Sánchez de impulsar esta iniciativa simplemente para apuntalar su aritmética parlamentaria en el Congreso.

Con este escenario, en la Comunitat Valenciana se está produciendo una intensa lucha por el relato entre el Consell que preside Pérez Llorca y la líder del PSPV-PSOE, Diana Morant. Esta última reclama al presidente de la Generalitat que acepte la propuesta de reforma dado que mejora notablemente la financiación valenciana y pondría fin al injusto reparto sufrido a lo largo de más de dos décadas. 

Sin embargo, el Consell de Pérez Llorca no se encuentra cómodo abrazando esta propuesta cuando, además, es rechazada por la dirección nacional del PP y por buena parte del resto de autonomías. Pero claro, resulta innegable -así lo admitió el propio conseller de Hacienda, José Antonio Rovira- que los números puestos sobre la mesa son mucho mejores que los actuales para la Comunitat Valenciana, y al mismo tiempo también lo es que, después de tantos años, existe al menos una propuesta sobre la que debatir, lo que dificulta la justificación de rechazar de plano el modelo sin al menos haberlo negociado.

Es por ello que, al menos de momento y más allá de grandilocuentes declaraciones políticas, el Consell se encuentra navegando con el único objetivo de ganar tiempo. Prueba de ello fue la posición defendida por el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, este viernes al ser interprelado por el nuevo modelo de financiación.

"Los anuncios de Pedro Sánchez casi siempre terminan siendo solo anuncios", resumió, para lamentar que el nuevo modelo hubiera sido pactado "unilateralmente con el separatismo. En esta línea, sostuvo que el Consell pensaba "exactamente igual que los socialistas de España", en referencia al rechazo manifestado por autonomías como Castilla-La Mancha o Asturias, gobernadas por el partido del puño y la rosa. 

Además, recalcó que no estaban presentes en la propuesta reivindicaciones de la Comunitat Valencia como el mencionado fondo de nivelación y la quita de la deuda, e hizo hincapié en que todavía no existía un proyecto de ley sobre el que debatir ni un anuncio "por escrito", por lo que tachó el proceso iniciado por el Gobierno como "palabrería". 

"Cuando haya un texto escrito con las propuestas concretas, nos posicionaremos", sentenció, para añadir que el Consell desconocía cuál era al formato de reuniones bilaterales que propuso Montero en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).