VALÈNCIA. Una posible reforma del Estatuto de Expresidentes vuelve a situarse en el foco político con el inicio del nuevo año. Este miércoles, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, calificó el pasado 31 de diciembre como un "día significativo" por el nombramiento del exsecretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación José Manuel Cuenca como asesor de la oficina que el expresidente Carlos Mazón tiene abierta tras acogerse al Estatuto de Expresidentes. 

Esta norma permite que los jefes del Consell gocen, a su salida de la Generalitat, de una serie de beneficios por su condición de expresidentes. Entre otros, los presidentes autonómicos que completen una legislatura entera tienen derecho a ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) durante 15 años, mientras que aquellos que superen los dos años al frente de la Generalitat, pero no alcancen una legislatura podrán estar como miembros natos del CJC durante el mismo periodo que han sido presidentes. El sueldo anual en este órgano se sitúa en torno a los 75.000 euros.

El texto también recoge que la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes "los medios necesarios" para una oficina de apoyo con la provisión de dos puestos de asesores, un conductor, un local para la instalación de la oficina, presupuesto para el funcionamiento ordinario de la misma, y un vehículo del parque móvil de la Generalitat Valenciana. Una serie de "privilegios" que desde Compromís buscan retirar, de manera que se mantenga un estatuto que regule los derechos de los expresidentes, pero mucho más reducido que hasta la fecha. 

En esta línea, la propuesta registrada el pasado diciembre por la coalición valencianista plantea retirar la salida al CJC y eliminar la oficina de apoyo y los puestos de asesores y conductor. De esta manera, consideran que el apoyo a los expresidentes debe limitarse a ofrecerles un vehículo oficial para "actos protocolarios", medios para "preservar su seguridad personal", así como "apoyo económico y material" para la organización de actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad al frente de la Generalitat o el fomento del autogobierno valenciano.

La primera de las iniciativas de Compromís fue presentada a finales del pasado mes de marzo, todavía con Mazón al frente del Consell, y no obtuvo el respaldo de ningún otro grupo parlamentario en su votación a mediados de mayo. A pesar de la derrota parlamentaria, Compromís siguió insistiendo en esta línea a lo largo del pasado ejercicio y presentó de nuevo la propuesta en diciembre, después de que Mazón activara su oficina como expresidente estableciendo su despacho en la Explanada de Alicante. 

Baldoví apretó con la iniciativa este miércoles y aseguró que la coalición exigirá que el primer pleno del nuevo periodo de sesiones incluya su debate y votación. Esta medida, remarcó el síndic de Compromís, permitiría quitar los "privilegios" a personas que "no se lo merecen", como, a su juicio, son Carlos Mazón o José Manuel Cuenca. En todo caso, el nuevo curso en Les Corts no comenzará hasta el 9 de febrero, por lo que no se espera un nuevo pleno ordinario hasta mediados del próximo mes.

Difícil encaje parlamentario

Lo cierto es que resulta complejo que la reforma planteada por Compromís termine saliendo adelante en el Parlamento autonómico, pues precisa del apoyo de tres quintas partes de la Cámara, es decir, de al menos 60 diputados. Una cuestión que implica el voto favorable de la bancada popular, pues PSPV, Compromís y Vox suman 59 diputados, uno menos que la mayoría necesaria. Además, las reacciones de los síndics de los diferentes grupos parlamentarios ofrecidas este miércoles tampoco auguran que la reforma obtenga luz verde. 

El portavoz del PSPV, José Muñoz, calificó como "valiosa" la figura de los expresidentes, pero cargó contra los jefes del Consell del PP porque, a su forma de ver, "no están a la altura" de las circunstancias. Por ello, aseguró que los socialistas defenderán la "institucionalidad" y consideró que deben ser "determinadas personas" las que renuncien "de motu propio" de sus asignaciones como expresidentes. En esta línea, para Muñoz debería existir "una presión social y también del PP" que "obligase" a Carlos Mazón a "renunciar a los privilegios" como expresidente, así como dejar su acta de diputado.

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, evitó valorar la propuesta de la coalición valencianista al asegurar que la desconoce: "No me sé ni qué privilegios o no privilegios o derechos tienen", afirmó en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación. Desde Vox, el portavoz, José María Llanos, remarcó que su formación siempre ha abogado por "la austeridad en el gasto y la sobriedad en donde se destinan los dineros de los valencianos", pero consideró que el Estatuto de Expresidentes "no es el mayor problema que hay para la situación de austeridad".

Llanos vio "curioso" que a Baldoví "solo le importe eso y no otras cuestiones mucho más importantes para los valencianos". "No ha dicho nada de las prerrogativas que han tenido anteriores presidentes, como el último, el señor Puig o anteriormente el señor Lerma, y simplemente se le ocurre en estos momentos. Es otro mensaje a sus cachorros, es otro mensaje para quebrar lo que ha sido siempre la unidad institucional", cargó contra la coalición valencianista, antes de sentenciar que los voxistas "siempre" apoyarán las "políticas de austeridad". 

Cabe recordar que, además del propio Mazón, Francisco Camps, Alberto Fabra o Ximo Puig son tres de los expresidentes que se han beneficiado de parte de este estatuto. Camps fue miembro del CJC hasta el año 2021. Fabra y Puig han rechazado, por ahora, formar parte de este órgano, pero se han acogido a algunos de los artículos del texto, como es el caso de contar con una oficina y personal eventual. Por su parte, José Luis Olivas renunció a todos los honores y derechos tras confirmarse una condena de un año y medio de prisión en 2017.