ALICANTE. Más base de análisis para la Fiscalía en las diligencias abiertas a cuenta del llamado caso e-mails sobre el fallo de seguridad detectado en el sistema informático del Ayuntamiento de Alicante que permitía acceder a las cuentas de correo electrónico de concejales y asesores municipales mediante la introducción de una contraseña clave: la palabra Alicante.
El equipo de Gobierno del PP facilitará el informe elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal sobre los accesos indebidos a esos buzones electrónicos al responsable de esas averiguaciones, el fiscal Enrique Manchón, al confirmar que en ese dictamen interno sí se aprecian indicios de delito. En concreto, el informe concluye que "sería aconsejable dar traslado al Ministerio Público del informe elaborado por la Concejalía de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática y de otras actuaciones documentales que puedan existir para un mejor esclarecimiento de los hechos y adecuada tipificación legal".
Así, el dictamen -firmado el 8 de marzo por el jefe de la Asesoría Jurídica- no llega a concretar de qué tipo de delito podría tratarse, pero sí señala que "en presencia de la única documentación remitida (informe de 28 de febrero de 2019 de la Concejalía de Nuevas Tecnologías e Informática) se puede concluir, a priori, sobre la eventual existencia de responsabilidad penal en los hechos reflejados, por lo que, en atención a la condición pública de los presuntos autores de los irregulares accesos a cuentas de correos y en atención a lo dispuesto en el artículo 201.2 citado del Código Penal y artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sería aconsejable dar traslado al Ministerio Público del citado Informe y de otras documentaciones documentadas que puedan existir para un mejor esclarecimiento de los hechos y adecuada tipificación legal", concluye.
Como ya ha informado Alicante Plaza, el informe previo redactado por los técnicos de la Concejalía de Nuevas Tecnologías concluyó que fueron los dos asesores de Cs, Miguel Ángel Sánchez y Antonio Zardoya, los únicos que accedieron de manera indebida a los buzones electrónicos de concejales, asesores y funcionarios. En ese dictamen se apuntaba que entraron en la cuenta del jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López, y al de la edil de Deportes, Marisa Gayo. Además, intentaron acceder sin éxito a los correos del alcalde, Luis Barcala, y de la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, entre otros.
De acuerdo con ese mismo informe, su tiempo de permanencia en esos buzones fue de pocos segundos y, además, no se llegó a producir la apertura de ningún mensaje. El grupo municipal de Cs viene sosteniendo desde el principio que esos accesos solo tuvieron fines comprobatorios, después de que fuese un edil de su propio grupo, Juan Francisco Escudero, quien descubriese de manera fortuita la brecha en el sistema. Además, también han esgrimido hasta ahora que fue Escudero quien dio aviso a los técnicos sobre la existencia de ese fallo, por lo que sería absurdo que alguien pudiese sostener que quien alertó de él se hubiese dedicado a entrar a los buzones de correo con el fin de obtener información de manera ilícita. En esa hipótesis, según se argumenta, lo lógico habría sido ocultar el fallo para continuar accediendo a los correos.
Así, como también ha informado este diario, fue Cs quien acudió a Fiscalía a presentar una denuncia para que se esclareciesen las circunstancias de esa brecha en la seguridad del sistema informático municipal, ya que en el informe de Nuevas Tecnologías no se aporta ninguna conclusión sobre quién creó esa contraseña clave ni desde cuándo pudo permanecer en vigor. En su escrito de denuncia, Cs apunta la existencia de un posible delito de revelación y descubrimiento de secretos sin apuntar posibles autores, aunque sí señala la posibilidad de que pudiese haber cometido "espionaje político".
