ORIHUELA. De no hilar más fino, el caso Cesar, en el que se investigan las supuestas irregularidades en las obras complementarias del AVE entre Crevillent y Murcia, podría quedar en papel mojado y los más de 40 investigados, fuera de la causa, con un archivo del mismo. ¿La razón? La Audiencia de Murcia ha anulado el auto por el que se decretaba las transformación de las diligencias previas en un proceso abreviado; es decir, la apertura de juicio obras, por falta de motivación, sobre todo, en los empresarios investigados.

La apertura del juicio se acordó en mayo de 2019. La magistrada del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, tomó esa decisión al considerar que existían indicios de delito en los contratos de ejecución de obras de reposición de infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante y, paralelamente, fraude en el Impuesto de Sociedades e IVA.  

Entre los acusados se encuentran los representantes de ocho empresas -Acciona, San José, Villegas, Dragados, Sacyr, Tecsa, Neopul y Hormigones Martínez-; ex directivos de Adif, como el ex director general de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fábregat; el antiguo director de la Línea de Alta Velocidad (LAV) del Levante, Santiago Cobo Diego; el exdirector de Infraestructuras y exsubdirector de la LAV Este, Ángel Antonio López López, y el exjefe de Infraestructuras, José Luis Martínez Pombo, y representantes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la comunidad de regantes San Felipe Neri (Crevillent).

El procedimiento se inició en 2015 tras una denuncia de la Agencia Tributaria que desvelaba presuntas irregularidades fiscales a través de un entramado de empresas sin actividad que emitían facturas falsas que según el fiscal habrían permitido desviar al menos 24,9 millones de euros del presupuesto de Adif, con otros 2,1 de perjuicio a la hacienda pública.

Ahora, casi un año después, la Audiencia de Murcia ha estimado un recurso del Ministerio Fiscal y ha decretado la nulidad del auto de procesamiento al considerar que ni concreta los hechos presuntamente punibles ni precisa la actuación supuestamente delictiva cometida por cada uno de ellos. También rechazado las resoluciones por las que se desestimaron los recursos de reforma.

El auto deja en manos de la titular del juzgado dictar otra resolución que cumpla con las exigencias legales de motivación y con los demás requisitos previstos igualmente en la norma o, en su defecto, acordar el sobreseimiento del caso. Y lo deberá hacer con las pruebas con las que dispone, pues la instrucción ya se dio por cerrada. No se puede practicar ninguna diligencia nueva.

 Así, la sección tercera de la Audiencia de Murcia, en su análisis del auto de procesamiento, sostiene que hay varios puntos del citado texto en el "que pueden cumplir las exigencias de motivación descritas anteriormente, pero otros no". Así que el auto hace una distinción, entre investigados, en los que el auto sí recoge indicios fundados y otros no. Los que sí serían:

1. José Luis Martínez Pombo (jefe de Infraestructuras de ADIF en el tramo Monforte-Murcia de la Línea de Alta Velocidad del Levante), quien suscribió el primer contrato de reposición de las infraestructuras hidráulicas y firmó las actas de conformidad y de los expedientes de gasto, aún a sabiendas de que algunas de dichas obras no se habían realizado, que los trabajos fuera de traza no estaban justificados o que se facturaban cantidades excesivas. Se describe también un posible delito contra la Hacienda Pública por una regularización fiscal del año 2012, pero sin concretarlo.
2. Juan Ortín García, administrador único Obras Marimar, S.L., que fue la subcontratada para realizar materialmente las reposiciones de las conducciones hidráulicas, a pesar de no haber trabajado anteriormente con el Juzgado Privativo o con la Comunidad de Regantes. Se presume que recibía facturas falsas de otras empresas fictícias con las que subcontrataba los trabajos que, o bien no se realizaban, o se facturaban al alza.
3. José Manuel Fernández Pujante (ingeniero agrónomo del Área Técnica del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, que intervino en los contratos en tal calidad, y también como partícipe y administrador de la entidad Libertas Desarrollos Inmobilidarios, S.L., y también a título personal). Se describe que fue quien designó a la entidad Obras Marimar, SL para subcontratar los trabajos de reposición de las infraestructuras hidráulicas y ha participado en el entramado en una doble posición: como representante del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri recepcionaba las obras y firmaba las actas de conformidad, y a la vez representaba a aquéllos que finalmente cobraban las facturas emitidas por dichas obras y controlaba los pagos a las UTES adjudicatarias. También fue el que redactó los proyectos de reposición de infraestructuras hidráulicas. Se describe también un excesivo incremento de patrimonio, aunque no se concreta el posible hecho punible, pero sí se indica que una vez este investigado tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento, transfirió su patrimonio a su esposa e hijas. De ahí la imputación de María Teresa Barbera Ortuno (esposa) y Verónica y Laura Fernández Barbera, aunque alguno de los delitos tipificados en la parte dispositiva no tiene descripción de hechos punibles. Por otro lado, algunas de las facturas presuntamente falsas fueron emitidas a través de la empresa Liberitas Desarrollos Inmobiliarios, S.L. (administrada por el investigado), por lo que se le exige responsabilidad como partícipe a título lucrativo.
4. Antonio José Fernández Pujante, que actuaba en nombre de su hermano en el cobro del dinero procedente de los pagarés previamente cobrados en la sucursal del Banco de Valencia de Sangonera, emitidos como consecuencia de facturas de empresas fantasma.
5. Emiliano Riquelme Pacheco (presidente de la Comunidad de Regantes San Felipen Neri), quien firmó el primer acuerdo con ADIF sobre la reposición de las conducciones hidráulicas y contrató con la empresa Obras Marimar, S.L., a pesar de no haberlo hecho antes. Se describe también que conocía la sobrevaloración de los precios de los trabajos de reposición e incluso la facturación de trabajos inexistentes, al haber ratificado y remitido a ADIF cada uno de los expedientes de gasto.
6. Jesús Abadía Mira (presidente del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y socio de la entidad Servicios Topográficos de Levante, CB), al que se le atribuye la misma participación que el anterior, pero además haber cobrado de Obras Marimar, S.L., una partida por trabajos topograficos realizados por la entidad indicada, cuando dichos trabajos no se encuentran debidamente justificados y, sobre todo, cuando el investigado no tiene conocimiento en dicha disciplina.
7. José Francisco Noguera Jiménez (administrador único de Constructora y Rehabilitación Sangonera, S.L; Obra Móvil La Ermita, S.L.; Fragoniz, S.L), Manuel Guerrero López (administrador único de Obras civiles Pez, S.L. y Maguepe Construcciones, S.L.) quienes emitieron facturas fictícias a Obras Marimar, S.L, por la subcontratación de la ejecución de las obras de reposición de las conducciones hidráulicas. Algunas de tales empresas pudieron ser creadas precisamente para blanquear dinero procedente de las obras de reposición de las infraestructuras hidráulicas.