VALÈNCIA (EFE). La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado este miércoles que el Ejecutivo está ultimando varias iniciativas normativas para impulsar la inclusión financiera de todos los ciudadanos, "especialmente de los más vulnerables".

El Gobierno trabaja, de esta forma, en un triple nivel de control: el de las obligaciones y protocolos que asuman voluntariamente las entidades financieras, un buen servicio de atención al cliente para atender las quejas y reclamaciones, y la autoridad de defensa del cliente financiero, para evitar recurrir a los tribunales, ha dicho.

En respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Republicano Joan Capdevila sobre la naturaleza de estas iniciativas, en la sesión de hoy en el Congreso, Calviño le ha recordado que se trata de un asunto muy importante para el Gobierno, que ha trabajado "intensamente" con la banca para lograr la firma del protocolo de actuación el pasado febrero.

También le ha reprochado a Capdevila que "frivolice" con la protección a los mayores y a los más vulnerables, después de que éste le argumentara que las citadas normas se limitan "a apelar a códigos de buenas prácticas de carácter voluntario, más parecidos a la caridad que al establecimiento de obligaciones de servicio público propias de un estado social, democrático y de derecho".

El diputado ha recordado a la ministra que en el ordenamiento jurídico vigente ya existen supuestos "de servicio público" como los de la ley de telecomunicaciones o la del sector eléctrico que permitirían proteger a los consumidores financieros "sin tener que apelar a la buena fe de los bancos".

Así se establecería un mapa territorial mínimo de sucursales bancarias y de cajeros automáticos para garantizar el derecho al acceso al dinero en efectivo, así como la atención personalizada a estos colectivos, ha dicho.