ALICANTE. La tercera jornada de declaraciones en el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, ha transcurrido con nuevas negaciones respecto a las tesis defendidas por la Policía y por la Fiscalía Anticorrupción. Este viernes, tras las comparecencias exculpatorias del promotor Enrique Ortiz y de los exalcaldes Luis Díaz Alperi (que hoy se ha ausentado con permiso del tribunal por un problema médico) y Sonia Castedo, ha sido el turno de los dos abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, que también han defendido su inocencia. Ambos han rechazado que ese despacho jurídico fuese el canal en el que debían tramitarse las alegaciones al futuro planeamiento urbanístico para que quedasen recogidas en el documento final mediante recalificaciones o modificaciones específicas. Es más, Gutiérrez ha concretado que de las más de 3.800 alegaciones que se presentaron, el bufete "solo tramitó 19, de las que se aceptaron 5, tres de ellas porque aludían a errores materiales". Y en esa misma circunstancia ha incidido después Castedo.
Es más, el hermano de la exalcaldesa ha sostenido que, en su conjunto se llegó a ingresar unos 15.000 euros por la tramitación de esas alegaciones y que el pago de 110.000 euros percibido de las empresas de Ramón Salvador -el único acusado en la causa que ha asumido su culpabilidad tras suscribir un acuerdo de conformidad con la Fiscalía- era por el conjunto de los trabajos de asesoramiento realizados a sus empresas y no por la tramitación específica de sus alegaciones.
Por orden. El primero en declarar ha sido Gutiérrez, quien se ha limitado a responder a las preguntas de la Fiscalía (no al resto de las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida). Además, también se ha negado a contestar a preguntas relacionadas con las conversaciones captadas por la Policía. Así, el fiscal le ha cuestionado, inicialmente, sobre la actividad de sus empresas Gutiérrez y Miguélez Gestión del Suelo y Serene, de las que él era administrador. También sobre la constitución del bufete, compartido por Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa). Briones ha preguntado sobre el motivo de constitución de ese bufete y Gutiérrez ha negado que se crease para trabajar en la fase final del proceso de redacción del PGOU. Según Gutiérrez, el despacho se creó al detectar que existía un vacío en el asesoramiento legal en materia urbanística para grandes empresas. Y ha añadido que se contaba con el conocimiento urbanístico de Castedo y con su experiencia como abogado.
Briones le ha cuestionado, después, sobre la resolución del contrato sobre la redacción del Plan General con el arquitecto Luis Cantallops y el concurso convocado en 2008 para contratar al nuevo redactor, que acabó siendo adjudicado a la empresa de Jesús Quesada, Laboratorio de Proyectos. También sobre la existencia de un informe elaborado por José Luis Castedo, durante la etapa en la que trabajaba en la Conselleria de Urbanismo, remitido a la sociedad Gutiérrez y Miguélez, sobre los trámites que resultaban necesarios para completar la revisión del Plan General, en diciembre de 2007, antes de que se convocase el concurso que se adjudicó a la empresa de Quesada. Gutiérrez ha reconocido ese informe y ha añadido que, efectivamente, "la intención inicial era que Jesús (Quesada) y yo nos presentásemos a ese concurso de manera conjunta, con Gutiérrez y Miguélez y Laboratorio de Proyectos".
El fiscal ha cuestionado cómo era posible que tres meses antes de que se convocase ese concurso, ya existiese ese informe. Gutiérrez ha respondido que "era público a través de los medios de comunicación que se iba a convocar ese concurso". Además, ha señalado que "es falso que se firmase un acuerdo" para que él figurase en el equipo redactor del Plan General. "No se firmó nada", ha dicho. Además ha añadido que ese documento correspondía a un borrador que no se firmó. "No había nada pactado", ha insistido, para señalar que los documentos sobre esos supuestos acuerdos a los que se refería el fiscal "están mutilados". Gutiérrez también ha sostenido que "es una barbaridad" que el fiscal tratase de insinuar que él tuviese conocimiento de que se iba a adjudicar el contrato a Laboratorio de Proyectos. No obstante, sí ha confirmado que él figuró como asesor jurídico externo de la sociedad de Quesada "para ajustar el PGOU a la normativa sobrevenida". "Elaboré un listado con todas las administraciones intervinientes y los informes sectoriales, anotando cuáles son prioritarios y vinculantes", ha dicho.
Esas funciones de asesoría externa, según Gutiérrez, no se plasmaron en ningún acuerdo por escrito. Al respecto, ha explicado que él y Quesada se conocían desde hacía años y que existía "una relación de confianza". Además, ha señalado que él no intervino "en contestar alegaciones". Ha explicado que existía una comisión mixta para su estudio y que era la Gerencia de Urbanismo la que resolvía y elevaba una propuesta de resolución de esas alegaciones. Después, según ha continuado explicando, se votaban en la Junta de Gobierno y, por último, se debatían en pleno. Así, ha señalado que "a mí no me llegó ninguna alegación".
¿Cuál fue su intervención al respecto entonces como asesor jurídico externo de la empresa de Quesada? Según Gutiérrez, "durante la segunda aprobación, hubo unas 500 alegaciones iguales; a mí se me manda a efectos de darle forma jurídica para ver si se había dado información pública suficiente". "Yo le doy forma jurídica a esa petición y se pasa a asesoría jurídica municipal", ha añadido. También ha apuntado que "lo único que hago es echar una mano a ordenar y a segmentar las distintas áreas en las que queda el Plan General; con alegaciones que ya vienen con su informe; hago un excel y lo envío", ha apuntado.
Respecto a los pagos que recibió por ese asesoramiento externo a Laboratorios y Proyectos, Gutiérrez ha apuntado que percibió "unos 50.000 euros" y que ese precio lo había hablado personalmente con Quesada. Briones le ha cuestionado si no se había pactado que fuese un tercio de los emolumentos de Laboratorios y Proyectos. Gutiérrez ha explicado que quien elabora un Plan General "lo hacen arquitectos e ingenieros, no abogados", aunque no ha acabado de aclarar si se había llegado a hablar de ese posible acuerdo económico. Solo ha enfatizado que "esos 50.000 euros los acabo de cobrar hace tres meses".
En todo caso, ha dicho que de las 3.819 alegaciones que se presentaron al PGOU, el despacho Salvetti presentó "unas 19 y solo se estimaron cinco, y por que tres eran sobre errores materiales del plan". Así que ha negado la acusación que se formula en los informes de la Policía sobre que fuese necesario tramitar las alegaciones a través del despacho Salvetti para que se estimasen en el Plan General. A preguntas de Briones, Gutiérrez ha negado que existiese "ninguna incompatibilidad" para que él, en su despacho, pudiese presentar esas alegaciones, pese a que figuraba como asesor jurídico externo de Laboratorios y Proyectos. Además, ha negado que Salvetti tramitase alegaciones de Ortiz o de Bancaja. "No me meta usted un listado de la Udef que está manipulado, nunca he hecho una alegación a Enrique Ortiz", ha enfatizado. "Él tenía su propio abogado que era Rafa Ballester", ha dicho.
Briones le ha preguntado también sobre cuál era el importe percibido por Salvetti por la tramitación de esas 19 alegaciones. Gutiérrez ha dicho que no recordaba pero que podía ascender a 20.000 euros, si así lo había declarado en la fase de instrucción, como le ha recordado Briones. "En todo caso, era una cantidad ínfima porque en esos años la facturación de los dos despachos que teníamos en Alicante y Valencia fue de 900.000 euros", ha añadido Gutiérrez.
En cualquier caso, ha negado que tramitase alegaciones a Ortiz. Después, a preguntas de Briones, ha dicho que Alperi sí prestó asesoramiento personal a Salvetti en dos cuestiones urbanísticas puntuales relacionadas con operaciones de unos clientes del despacho.
