BENIDORM. Una huelga de los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos sería una estocada para la capital del turismo de la Costa Blanca en plena Semana Santa. Y eso lo saben desde el gobierno local, que se enfrentó este lunes a la mirada de los empleados de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que llenaron la zona de público del salón de plenos. Sobre ellos planea la idea de una huelga a partir del 1 de abril, que es cuando la empresa estima que podrían volver al convenio laboral que regía hace 20 años.

La situación es la siguiente. El Ayuntamiento de Benidorm tiene prorrogado el contrato para estos dos servicios que lleva FCC. La mercantil reclama que aumenten el precio para que puedan seguir con las condiciones actuales. El propio portavoz del gobierno popular, José Ramón González de Zárate, reconoció que con el presupuesto que cuenta en la actualidad, este contrato no es asumible por la carga de trabajo que conlleva.

Hay que tener en cuenta que durante el Plan de Ajuste se redujo a 9.175.815,39 euros más IVA en 2013, lo que significaba que se rebajaba el presupuesto en 3,9 millones de euros. Al mismo tiempo, la empresa cerraba un convenio para el periodo del 2013 hasta el 2018, por el cual una de las mejoras era la reducción de jornada, de 38 horas y media semanales –en cinco días–, harían 36 horas. Un horario que es el principal motivo de la discordia, así como la posible bajada del salario que podría aducir la empresa para seguir asumiendo el servicio.

Con todo, FCC impuso un recurso contra el acuerdo plenario de septiembre de 2017 para que no se actualizaran los precios del contrato desde los años 2012 hasta 2017. De este modo, el acuerdo plenario de este lunes aprobaba no admitir la revisión de precios de oficio reclamada por la concesionaria FCC así como el recurso contra el acuerdo plenario de septiembre de 2017. No obstante, el segundo punto de la moción acordaba el suspenso de esto último hasta que haya una sentencia firme.  

Pero uno de los puntos más relevantes para los empleados que se acercaron hasta allí era las condiciones en las que se quedaban ellos tras el acuerdo plenario. De esta forma, el PSOE pidió que en el punto ocho del acuerdo incluyeran que se aceptara el convenio entre empresa y trabajadores de 2013, mencionado con anterioridad.

Ante esto, el interventor advirtió que podría tener consecuencias económicas que harían necesario un estudio en profundidad. Finalmente, el punto se aprobó con esta enmienda del PSOE condicionada a que se quedara en vigor hasta que hubiera una sentencia firme sobre los precios fijados para el periodo de 2009 al 2011 o se adjudique el nuevo contrato.

Finalmente, el punto relativo a la protección de los empleados con el convenio de 2013 se aprobó con los votos a favor de la corporación y la abstención de Ciudadanos y los concejales no adscritos, Leopoldo Bernabéu y Juan García.