ALICANTE. Las piezas del puzle para reordenar el sector de las harineras de Benalúa comienzan a encajar. El Ayuntamiento de Alicante y los agentes urbanizadores de la Unidad de Ejecución número 2 del Plan Parcial de Benalúa Sur (las empresas propietarias de las históricas harineras) plantean hasta cuatro alternativas para redistribuir los nuevos edificios residenciales previstos en la reurbanización del sector. Las cuatro opciones promueven la conservación de los inmuebles de las dos fábricas como elementos patrimoniales singulares y reorganizan los derechos de edificabilidad previstos en el Plan Parcial en la construcción de dos bloques de viviendas con distintas alturas. En concreto, esas cuatro opciones contemplan la promoción de torres que oscilarían entre las 26 y las 10 plantas, en función de cómo se opte por repartir esa edificabilidad: bien con su extensión a través de una mayor superficie, o bien concentrando la volumetría en bloques de mayor altura.

Así se ha puesto de manifiesto este martes en la presentación del borrador de la propuesta, para la que ahora se abre un proceso de participación pública para que cualquier interesado pueda presentar aportaciones durante los próximos 20 días, según han concretado el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos); la directora de la Oficina del Plan General, Leticia Martín; y el representante de la sociedad que ejerce como agente urbanizador, Antonio Bufort. 

La pretensión del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, y el agente urbanizador es poner en común las aportaciones que puedan presentarse a cierre de ese proceso de participación pública, ajustado a los requisitos de transparencia de la Ley de Ordenación y Protección del Territorio (Lotup), para iniciar la tramitación de la modificación puntual del Plan Parcial en el que se plantea la reordenación. En ese proceso, se producirá una primera aprobación provisional para que la propuesta quede sometida a la comisión de valoración ambiental de la Generalitat, que debe emitir informe al respecto en un plazo de entre cinco y doce meses. 

Después, se elaborará la propuesta urbanística que quedará expuesta a información pública durante otros 45 días antes de que pueda elevarse para su aprobación provisional en pleno. Por último, será la Generalitat la que tenga la última palabra con su aprobación definitiva, en un recorrido que se extenderá como mínimo hasta mediados de 2023. En todo caso, la intención del equipo de gobierno es "ir trabajando en paralelo en el proyecto de urbanización, sin esperar hasta que se produzca esa aprobación definitiva, para ir solapando plazos", según ha concretado Santos Pérez.