ALICANTE. La polémica sobre la cobertura de la plaza del secretario general del Ayuntamiento de Alicante ha llegado este jueves al pleno de la corporación a través de una iniciativa conjunta formulada por PSOE, Compromís y EU Podem en la que se trataba de conminar al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) a convocar la plaza para dar cobertura al puesto, que ahora viene prestando el vicesecretario de manera provisional. Y, finalmente, la iniciativa ha acabado prosperando, gracias a la suma de los votos de los representantes de los tres partidos del eje progresista y de Vox frente a los de los representantes del PP: 15 votos frente a 14. Está por ver qué eficacia puede llegar a tener esa iniciativa, toda vez que se trata de un acuerdo de carácter político sin eficacia ejecutiva real. Con todo, cuando menos supone la constatación de una derrota de los populares respecto a la figura del alto funcionario que debe velar por la seguridad jurídica del ayuntamiento, como se ha resaltado durante el debate.

En concreto, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha subrayado que se trataba de un puesto a ocupar por un habilitado nacional que permanece vacante desde hace 20 años y que se cubre de manera provisional por parte del vicesecretario general, a pesar de la trascendencia de sus responsabilidades. De igual modo, ha cuestionado también la intervención del vicesecretario al emitir informes de advertencia como los relacionados con la votación sobre la revisión de la tasa de la basura -en el que el dictamen jurídico advertía de posibles responsabilidades personales de los concejales que rechazasen esa actualización- o sobre el funcionamiento de la comisión de fiscalización sobre las VPP. 

En argumentos similares han abundado la edil de Compromís, Sara Llobell, y el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, quienes han abundado en que también se había trasladado una pregunta al Gobierno respecto a la particularidad de la situación de la plaza del secretario, sobre la que también han puesto el foco el colegio de secretarios, o el último informe de control interno emitido por el departamento de Intervención, en el que también se apunta la falta de cobertura de esa plaza, y de la del jefe del área de Contabilidad, entre otros puntos. En este sentido, los representantes de las tres formaciones han incidido en la necesidad de que se convoque esa plaza para atajar esa situación de interinidad que dura dos décadas, a pesar de que la ley plantea que debe convocarse en un plazo de tres meses.

En el turno de intervenciones, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha compartido la reflexión de fondo de la iniciativa, ante la necesidad de cumplir con esa obligación legal. No obstante, ha considerado que la propuesta llega tarde y refleja "una incoherencia" por parte de los grupos proponentes, al sostener que el extinto tripartito tampoco convocó la cobertura de esa plaza. Así, ha considerado que el planteamiento se formula ahora cuando se considera que los informes del vicesecretario "no les interesan". Además, ha estimado que el hecho de que no se haya cubierto el puesto es "una responsabilidad compartida" por parte de varias administraciones.

Por el PP, el vicealcalde, Manuel Villar, ha anticipado su voto en contra al señalar que "la cuestión no va sobre el secretario", sino sobre "apartar a quien molesta", ha argumentado. En este sentido, ha señalado que, en definitiva, se intenta apartar a quien emite informes que no les interesa, a pesar de que las formaciones que constituían el extinto tripartito no habían promovido la convocatoria de esa plaza durante el tiempo en el que permanecieron en el gobierno. Villar ha recalcado, al respecto, que entonces se consideraba que los informes del vicesecretario sí eran apropiados, por lo que ha considerado que los tres grupos políticos proponentes incurrían en una hipocresía. Tras esa última intervención, se ha procedido a la votación, en la que se ha constatado que la iniciativa prosperaba con los votos a favor de PSOE, Vox, Compromís y EU Podem, frente al rechazo de los ediles del PP.

Centro de Plaza América

En cuanto al resto de declaraciones institucionales, también ha prosperado la iniciativa conjunta registrada igualmente por PSOE, Compromís y EU Podem por la que se trataba de instar al equipo de gobierno a habilitar, en coordinación con la Generalitat Valenciana, en un plazo máximo de tres meses, una alternativa de atención diurna a las personas mayores afectadas por el cierre del Centro de Día de Plaza América. En la defensa de la iniciativa (después de tres testimonios ciudadanos que han subrayado el papel desempañado por ese servicio frente a la soledad de los mayores), la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha reprochado que no se haya dado una solución después de que varios anuncios, a pesar del impacto que el cierre del centro de día registrado el pasado agosto había tenido entre sus usuarios. Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha abundado en esa crítica para recriminar la falta de soluciones y acusar al equipo de gobierno de "incompetencia" sin que se haya restituido el servicio. Y en la misma línea se ha posicionado Copé quien ha instado a adoptar una respuesta "lo más pronto posible".

Por parte de Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha lamentado, también, que se hayan acumulado nueve meses sin servicio, aunque ha responsabilizado de esa decisión al cambio de requisitos para su funcionamiento que ha atribuido al anterior Consell del Botànic. No obstante, ha asegurado que Vox tampoco podía permitir que los actuales responsables se sigan escudando en "la herencia recibida". Así, se ha dirigido a la edil de Bienestar Social, Begoña León, para recriminar que no haya presionado más a los responsables de la Generalitat.

Por último, León ha recriminado también a los representantes del eje progresista que se materializase ese cambio de requisitos durante el mandato del Consell del Botànic. En todo caso, ha sostenido que ya se dispone de un anteproyecto con la intención de recuperar ese recurso en el menor tiempo posible, aunque no ha llegado a precisar en qué momento. "Levantar un centro de día no es cuestión de una semana o de un mes; lo fácil habría sido mirar hacia otro lado, como hicieron ustedes", ha insistido. Eso sí, ha señalado que se ha dado cobertura a los usuarios a través de otros servicios. De este modo, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad con 29 votos.

En la sesión también se ha debatido otra declaración institucional registrada por el PSOE en la que se planteaba que el pleno de la corporación rechazase el nuevo contrato de transporte público interurbano CV-207 impulsado por la Generalitat Valenciana, el futuro contrato que regulará la prestación del TAM, "por considerar que perjudica gravemente los intereses de la ciudad de Alicante y de la comarca de l'Alacantí".

En esta línea, el concejal socialista Raúl Ruiz, ha considerado que el planteamiento actual recogido en el proyecto supondrá "reducir autobuses, recortar frecuencias, eliminar servicios y empeorar la movilidad metropolitana en rutas estratégicas como la conexión con el Hospital de Sant Joan, la línea C-6 al aeropuerto y diversas líneas interurbanas esenciales". Ruiz ha argumentado que no resulta admisible que se mantengan tiempos de espera de 50 minutos para un desplazamiento hasta el Hospital de San Juan, o que se exija la construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, cuando no se procura un servicio de transporte público adecuado hasta la terminal. Además, ha considerado adecuadas las reivindicaciones planteadas por los trabajadores de la actual concesionaria (La Alcoyana, del Grupo Vectalia), que ya han anunciado movilizaciones durante la semana de Fogueres.

EU Podem y Compromís han coincidido en esos argumentos, a los que han sumado la necesidad de que se contemple la creación de un Ente de Transporte Metropolitano capaz de organizar el servicio comarcal, como ha defendido la edil de Compromís, Sara Llobell. Por su parte, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha responsabilizado al Consell de Botànic de dejar caducar el contrato precedente sin abordar su reestructuración, lo que ha propiciado que el servicio se esté gestionando ahora con un contrato de emergencia. Así, aunque ha considerado que el servicio es mejorable, ha señalado que se está tratando de promover la reestructuración necesaria después de que se dejase la situación enquistada durante ocho años de mandato. Por ello, ha sostenido que Vox se abstendría en el momento de la votación.

Por último, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha incidido en que el servicio actual se está prestando con un contrato de emergencia puesto que el Botànic no llegó a licitar el nuevo contrato. Además, ha incidido en que no se podía interferir en las negociaciones entre la empresa concesionaria y los trabajadores. Y respecto a la propuesta del futuro proyecto de concesión, ha apuntado que sí recoge las medidas necesarias para mejorar la prestación, aunque ha incidido en que sigue en fase de exposición al público para la presentación de alegaciones y que, de hecho, el equipo de gobierno las ha presentado para incorporar las modificaciones que se estiman convenientes para que el servicio gane eficacia. Así, en el momento de la votación, la declaración ha quedado rechazada con los 14 votos del PP, frente a los once votos de PSOE (8), Compromís (2) y EU Podem, y la abstención de los cuatro concejales de Vox.