ALICANTE. La indeterminación que salpica a los establecimientos especializados en el alquiler de taquillas con carácter temporal -conocidos como lockers- podría quedar zanjada a corto plazo en Alicante. La Concejalía de Urbanismo estaría trabajando ya en definir una regulación específica para dar encaje a esta actividad no contemplada hasta ahora en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1987, según confirmaron fuentes municipales consultadas.
Eso sí, hasta ahora no se ha anticipado en qué términos se pretende autorizar su funcionamiento, que, en todo caso, debería equipararlos con una actividad terciaria-comercial, y no como una instalación industrial vinculada al almacenamiento y distribución, según el tratamiento que se les está concediendo hasta el momento.
De hecho, esa interpretación técnica es la que ha propiciado que se estén precipitando el dictado de órdenes de cierre y el posterior precinto de aquellos establecimientos que han solicitado licencia y han seguido en activo después de que se les haya denegado. La clausura de esos negocios por parte de la brigada de la Policía Local adscrita al departamento de Urbanismo arrancó este miércoles con un primer locker situado en la calle San Telmo. Y continuó este jueves al menos con un segundo establecimiento ubicado en la calle San Juan Bosco que había sido advertido de ese cierre forzoso.
Todo parece indicar que ese proceso continuará en lo sucesivo respecto al resto de lockers que se encuentren en la misma situación. Hasta el momento, existirían entre diez y once negocios de esa tipología implantados en distintos puntos del centro de la ciudad, según apuntan empresarios del sector, que han llegado a plantear la posibilidad de que se les conceda un permiso provisional de funcionamiento hasta que se concrete la figura concreta que permita regularizar la concesión de sus licencias definitivas.
Los criterios barajados hace dos años
Lo cierto es que el Servicio de Planeamiento de la Concejalía de Urbanismo ya trabajó un informe interno para establecer un criterio interpretativo que permitiese amparar el funcionamiento de los lockers en el año 2024. Con todo, no llegó a adquirir eficacia puesto que no fue aprobado en Junta de Gobierno y, en consecuencia, tampoco fue publicado para que pudiese entrar en vigor.
¿Qué solución se contemplaba en ese informe? En esencia, se establecía que solo se autorizaría el funcionamiento de negocios dedicados a la custodia de equipajes con carácter temporal (considerando para ello un tiempo máximo de dos días) en los casos en los que se plantease instalar en plantas bajas de los edificios en locales que contasen con una superficie máxima de 100 metros cuadrados.
Además, se exigía que debían disponer de un acceso independiente al del resto del edificio. De igual modo, se planteaba que esos establecimientos debían contar con medidas de prevención contra incendios, así como un baño público con toma de agua y sistema de desagüe, así como reunir condiciones de accesibilidad. Con todo, no se determinaba qué condiciones específicas debían disponer respecto al procedimiento que debían seguir los clientes para entrar en esos locales, ni si debían contar con personal para atenderlos.
