ALICANTE (EFE/AP). Las declaraciones institucionales sobre la 'prioridad nacional', a propuesta de Vox, y la que exigía al Gobierno central promover una inmigración legal, ordenada y segura, registrada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), no han salido adelante en el pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante, después de que las dos formaciones hayan presentado enmiendas respecto a los textos propuestos que no han sido aceptadas justo antes de empezar el debate.

"La inmigración legal y ordenada aporta", ha defendido el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Julio Calero, del PP, aunque ha matizado que "España no puede ser el caladero de la inmigración en Europa", en referencia a la regularización extraordinaria de migrantes. Así, ha instado al Gobierno central a "paralizar el actual proceso hasta que se doten a los ayuntamientos de los medios técnicos necesarios" para poder hacer frente al aumento de trabajo que conlleva para las administraciones locales.

También ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un control efectivo de las fronteras, la creación de un sistema de autorizaciones temporales de residencia y trabajo, formación, experiencia idioma e integración, así como un refuerzo de la lucha contra las mafias a través de la modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte, la concejala de Vox, Carmen Robledillo, ha criticado que "lo que acabamos de escuchar por parte del Partido Popular es, una vez más, el ejemplo perfecto de la política que ha traído a España hasta esta situación, palabras firmes y decisiones blandas". "España está desbordada en sus servicios públicos, en el acceso a la vivienda y en su capacidad de integración", ha añadido, a la vez que ha criticado a la izquierda y el Gobierno central por seguir "negando la realidad y llamando racismo a cualquier intento de poner orden".

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz municipal, Ana Barceló, ha afirmado que "la dignidad humana no se reparte por nacionalidad" y que las dos declaraciones institucionales van de "qué tipo de ciudad queremos ser". La socialista ha señalado que la declaración institucional "es una coartada" para no hablar de los problemas de Alicante y de la responsabilidad del equipo de gobierno al respecto.

El concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha argumentado que "la saturación de los servicios públicos no la causa la inmigración, la causan años de recortes", mientras que el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado al PP que votó a favor de esta regularización en el Congreso de los Diputados después de añadir la exigencia del informe de antecedentes penales.

De este modo, al término del debate, en el turno de votación, la declaración institucional de la 'prioridad nacional' promovida por Vox sólo ha obtenido sus votos a favor, al igual que la del PP sobre la inmigración legal, regulada y segura solo ha recibido el sí de sus 14 concejales, sin sumar el respaldo de Vox, ni del resto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y EU Podem) por lo que ninguna de las dos han salido adelante.

No al distrito de Villafranqueza y a la tasa turística

En el debate plenario, se ha desestimado la iniciativa registrada por el PSOE por la que se instaba a trasladar el punto de encuentro familiar de Alicante a una nueva ubicación que garantice "el interés superior del menor, la accesibilidad y la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género". PP y Vox han votado en contra. Sí ha prosperado, no obstante, la propuesta también registrada por los socialistas por la que se instaba a impulsar entornos escolares seguros y amables con medidas como la mejora de su accesibilidad y el refuerzo de la presencia de la Policía Local. En este caso, la propuesta ha sumado el voto de PP, PSOE, Compromís y EU Podem, mientras que Vox se ha abstenido.

No ha prosperado, sin embargo, la iniciativa promovida por Vox por la que proponía la creación de una Unidad Municipal de Acompañamiento a Familias con Hijos con Trastornos del Neurodesarrollo, puesto que solo ha sumado los votos de sus cuatro concejales. Y tampoco ha salido adelante la propuesta formulada por Compromís por la que se planteaba modificar el Reglamento Orgánico de Distritos y Participación Ciudadana al objeto de ampliar a seis los distritos de la ciudad con el fin de atender las necesidades específicas de Villafranqueza, según ha defendido el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, tras asegurar que la falta de respuesta institucional ha motivado que los vecinos se planeteen la posibilidad de tramitar su constitución como entidad local menor, en sintonía con el movimiento que también han emprendido los residentes de la isla de Tabarca. La propuesta solo ha sumado los 11 votos de PSOE, Compromís y EU Podem, frente al rechazo de PP y Vox. La edil de Participación Ciudadana, Cristina García, ha señalado que no se había registrado ninguna petición formal para que se constituyese un sexto distrito y se ha cuestionado qué podrían pensar los vecinos del resto de distritos de la ciudad en el caso de que se accediese a esa petición.

Tampoco ha prosperado la segunda declaración institucional registrada por Compromís por la que se planteaba, de nuevo, la conveniencia de implementar una tasa turística en el Ayuntamiento de Alicante como la que ya se aplica en otras ciudades europeas, según ha defendido Mas. Además, también ha planteado la posibilidad de que se implante el pago de entrada para visitar el Castillo de Santa Bárbara y los museos que ahora son gratuitos, eximiendo a los alicantinos. Al respecto, ha señalado que se podría llegar a recaudar en torno a 10 millones que contribuirían a financiar el coste de servicios como la limpieza y la recogida y tratamiento de residuos, así como destinar parte de esos ingresos para contribuir a financiar costes asociados a la fiesta de Fogueres. En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, quien ha sostenido que el turismo genera ingresos, pero también gastos. El edil de Vox, Juan Utrera, ha manifestado el rechazo de su formación a la creación de un nuevo impuesto o tasa. La edil del PSOE, Trini Amorós, ha secundado la necesidad de establecer esa tasa, aunque ha planteado una enmienda para instar a la Generalitat a generar el marco normativo necesario para que esa tasa pueda llegar a aplicarse, después de que, en 2023, se derogase la regulación aprobada por el Consell del Botànic.

Y por el equipo de gobierno, la edil de Turismo, Ana Poquet, ha considerado, primero, que la iniciativa no se había compartido con el sector turístico de la ciudad. Después, ha señalado que, a pesar de que la llegada de visitantes tensiona la prestación de servicios, ha considerado que la implantación de una tasa turística "es un parche" y que lo que correspondía es solicitar al Gobierno lo que corresponde a todos los alicantinos, a través de una financiación justa. En todo caso, según Poquet, solo una vez conseguida ese acuerdo sobre la financiación, podría abordarse un debate sobre la implantación de esa hipotética tasa. Además, ha incidido en que los turistas ya pagan impuestos a través del consumo que realizan. Así, a la postre la iniciativa ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox: 18 en contra frente a 11 a favor (los de PSOE, Compromís y EU Podem).