ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) añade otro escollo a solventar en la gestión de los servicios sociales de la ciudad de Alicante, que se suma a la recuperación del Servicio de Estancias Diurnas (SED) prestado hasta el pasado agosto en las instalaciones municipales de Plaza América, y a la puesta en marcha de los talleres para la tercera edad, ya concertados pero todavía sin desarrollo. El alto tribunal autonómico asume ahora parcialmente el recurso presentado por la Fundación Salud y Comunidad -que ya recurrió la licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) sin lograr sus pretensiones- e insta a corregir los pliegos del concurso por el que se adjudicó la gestión del Centro de Atención Urgente (CAU), el pasado noviembre, al considerar que, entre sus cláusulas, se debió incluir la obligación de subrogar a los trabajadores del servicio previo. Es decir, los empleados de la Fundación recurrente, que había asumido la explotación del servicio precedente, identificado entonces como Centro municipal de Acogida e Inserción (CAI).

La sentencia, fechada el 17 de septiembre y conocida este jueves, sostiene que el nuevo servicio recoge esencialmente las mismas prestaciones que el servicio previo, por lo que considera que concurría la obligación de incorporar la continuidad de la plantilla a cargo de su desarrollo. Al menos, en los puestos que se mantienen con el nuevo contrato. Además, el fallo también anula el importe por el que se licitó la convocatoria, de 1.231.936,37 euros, al considerar que no está ajustado a la subrogación del personal que procede aplicar.

Así, la sala apunta que "existe identidad contractual suficiente entre los anteriores vínculos suscritos por el Ayuntamiento de Alicante con la Fundación Salud y Comunidad y el actual vínculo del que se impugna su anuncio de licitación. Lo que supone que el adjudicatario del nuevo contrato haya de asumir los trabajadores del anterior contratista". Con todo, la resolución judicial no anula de forma expresa el acuerdo de adjudicación. Y, además, todavía es recurrible en apelación ante el propio TSJ en el plazo de treinta días. 

De hecho, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), estudia ahora el alcance concreto de la sentencia para decidir, con el asesoramiento de los servicios jurídicos, cómo proceder y analizar qué medidas corresponde adoptar, como la posibilidad de que pueda optarse por la vía del recurso. En todo caso, fuentes municipales subrayan que el servicio se sigue prestando con normalidad, sin que la sentencia suponga una interrupción de la atención que se facilita a los transeúntes.

Entre tanto, formaciones políticas como Esquerra Unida Podem ya han mostrado su satisfacción respecto a la resolución del TSJ al considerar que "el fallo confirma lo que llevamos meses denunciando: que el PP y Barcala han intentado imponer un modelo de gestión que precariza y deja en la cuneta a los trabajadores. El Ayuntamiento ha actuado contra la ley y contra la dignidad laboral, y ahora la justicia les obliga a rectificar", ha señalado el portavoz municipal de la confluencia, Manolo Copé, a través de un comunicado.

"Lo más grave es que esta irresponsabilidad ha puesto en riesgo un servicio esencial para las personas sin hogar. Exigimos que se rehagan los pliegos de manera inmediata, con garantías laborales y presupuesto suficiente, para que el albergue funcione como un recurso público y digno. Alicante no se merece este despropósito", ha concluido.