ALICANTE. Realojo frustrado en el barrio de Miguel Hernández de Alicante tras el incendio registrado el pasado mes de febrero en la calle Pavía. La vivienda del parque público de la Generalitat asignada a una familia que tuvo que ser desalojada como consecuencia de ese siniestro ha sido ocupada de forma ilegal, lo que impidió que sus beneficiarios pudiesen acceder al inmueble como estaba previsto este mismo lunes, según fuentes consultadas.
La vivienda había sido rehabilitada con un desembolso de 32.000 euros, según las mismas fuentes. La adecuación había quedo concluida hacía solo unos días, después de que sus antiguos inquilinos la hubiesen liberado. Y, desde el pasado viernes, la nueva familia beneficiaria tenía ya formalizada la adjudicación y el contrato firmado, junto con las llaves para entrar a la vivienda, pendiente tan solo de la gestión del alta de los contadores para hacer efectiva su entrada. Se trata de una familia que, tras perder su hogar en el incendio, seguía realojada de forma temporal a la espera de disponer de una vivienda en la que poder rehacer su vida tras el incendio.
Sin embargo, cuando se disponían a acceder al piso, pudieron constatar que otras personas lo habían ocupado ilegalmente. La Policía Local se personó en la vivienda, pero los ocupantes se negaron a abandonarlo sin que pudiese procederse al desalojo, a la espera de que se tramite el procedimiento habitual, tras el registro de la preceptiva denuncia ante la Policía Nacional.
Fuentes consultadas apuntan que los ocupantes del piso cuentan con antecedentes de ocupación de viviendas públicas y deudas de alquiler. En concreto, se trata de un joven, con antecedentes de delincuencia reconocidos. Se da la circunstancia de que su padre también se encuentra ocupando de forma ilegal una vivienda del parque público y los abuelos son adjudicatarios de una vivienda pública en la que acumulan 98 recibos impagados.
La ocupación de ese inmueble rehabilitado se había producido a pesar de los controles y medidas de prevención que trata de implementar la Generalitat. Entre ellas, figura la instalación de más de 600 puertas antivandálicas en una primera fase, destinadas a reforzar la seguridad de los inmuebles del parque público. Esa actuación se complementa con la instalación de sistemas de alarma para mejorar la protección de las viviendas y dificultar su ocupación ilegal, según la información que se ha ido desglosando hasta el momento.
