ALICANTE. La gestión de las contratas sobre la prestación de servicios municipales ha vuelto a centrar la sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Alicante (convocada para abordar las iniciativas políticas que no se debatieron en el pleno ordinario de octubre, como consecuencia de la declaración de luto oficial por el accidente ferroviario de Urda). En concreto, las relacionadas con el mantenimiento de las zonas verdes (ahora con un nuevo contrato en fase de análisis de las ofertas presentadas) y con el estacionamiento regulado (la conocida como zona azul o contrata de la ORA). En ambos casos, los grupos políticos que ejercen funciones de oposición han exigido explicaciones y soluciones respecto a su prestación actual. Con todo, ninguna de las iniciativas en ambos ámbitos ha llegado a prosperar.
En primer término, el pleno ha rechazado la propuesta promovida por Compromís (la tercera que se registra en el mismo sentido) para que se constituyese una comisión específica para analizar la situación del mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad con el fin de que se pueda auditar su funcionamiento. El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha emplazado al equipo de gobierno a revisar el funcionamiento de esa prestación, tras incidir en la falta de servicio por el estado en el que se encuentran los parques y jardines. Además, ha emplazado al PP a precisar si pueden asegurar que los trabajadores de la actual empresa concesionaria no ejercen trabajos para otras empresas. En este sentido, ha emplazado a Vox a precisar los motivos por los que no respaldan la iniciativa, después de que se haya presentado en dos ocasiones con anterioridad.
En el turno de intervenciones, el portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, ha anunciado su intención de respaldar la moción en los términos en los que se plantea. Por Vox, el edil Óscar Castillo ha reprochado a Compromís que busque "un anuncio" al volver a presentar la misma iniciativa ya debatida dos veces en este presente mandato. Acto seguido, ha dicho reconocer que el servicio presenta deficiencias susceptible de mejora, ha emplazado al PP a acelerar la tramitación del nuevo contrato y que se adjudique con todas las garantías jurídicas necesarias para evitar futuras impugnaciones. Con todo, ha considerado que no resultaba necesaria la constitución de una comisión para controlar "que un jardín necesita más mantenimiento". Así, ha estimado que otra comisión podría limitarse a convertirse en un espacio de confrontación política sin aportar ninguna solución. De ahí que, tras asegurar que Vox no estaba para ejercer de escudo del PP, ha instado a Compromís a plantear propuestas con medidas alternativas para mejorar la prestación y ha concluido exigiendo al equipo de gobierno el desarrollo de la nueva contrata.
Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz sí ha considerado pertinente el debate de la iniciativa al reseñar la situación en la que se encuentran los parques y jardines de la ciudad, así como los precedentes en la gestión del contrato precedente, con pagos pendientes a la antigua concesionaria (Geamur). En cualquier caso, ha reprochado que muy a menudo la constitución de una comisión se convierta en la excusa perfecta para que no se vuelva a debatir del problema que debe analizar ese foro político, sin que lleguen a celebrarse sus sesiones, como, a su juicio, habría ocurrido con la comisión de la limpieza. Por ello, ha emplazado al PP a ofrecer explicaciones sobre la situación del servicio. Además, ha advertido que el PSOE no respaldaría ningún intento de modificar el contrato que
Por el equipo de gobierno, el edil de Parques y Jardines, Rafa Alemañ, ha apuntado que el equipo de gobierno está comprometido con el desarrollo de nuevas zonas verdes, a través del nuevo Plan General, así como con el mantenimiento de las existentes, "siendo pionero" con la incorporación de las zonas verdes forestales periurbanas. Además, ha insistido en que en la prestación "impera el criterio de los técnicos", y pese a que reconocido que siempre existe capacidad de mejora, y ha sostenido que la responsabilidad del cuidado de las zonas verdes es compartida con los ciudadanos. Respecto a los aplazamientos registrados en la nueva licitación del servicio, ha defendido que correspondía corregir los errores detectados para que se produzca una adjudicación con plenas garantías. De igual modo, ha sostenido que el encargado de fiscalizar el servicio es el técnico que ejerce como responsable del contrato, y no una comisión. "Si tienen preguntas o propuestas para mejorar el servicio, preséntenlas, pero no promuevan un nuevo escenario para la confrontación política", ha dicho, tras agradecer a Vox que no dé trámite a "esta nueva ocurrencia".
En la réplica, Mas ha insistido en que el acuerdo trata de fiscalizar el uso de los 10 millones anuales que se abonan por la prestación del servicio, tras apuntar que "en este ayuntamiento todo son casualidades" para referirse a otras polémicas recientes como la compra de pisos de VPP de Les Naus por parte de la exconcejal de Urbanismo y otros familiares de cargos municipales, o que existan hijos de inspectores municipales trabajando para la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Así, ha instado a Alemañ a fiscalizar la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes. Castillo ha reiterado que una comisión no resultará útil para fiscalizar el servicio ni para buscar soluciones. En todo caso, ha asegurado que Vox no está "satisfecho" con la contrata, tras aludir a los retrasos en la licitación y en el servicio que se está ofreciendo en la actualidad. "Seguiremos exigiendo mejoras gobierne quien gobierne", ha concluido. Ruiz ha acusado a Vox de ejercer de "rasca-espaldas" y ha reprochado la falta de transparencia del PP respecto al pliego de condiciones del nuevo contrato.
Y Alemañ ha insistido en que lo que estamos viendo es "una forma muy antigua de hacer política, que consiste en construir un relato y luego buscar argumentos que lo sustenta, y cuando no hay hechos, se lanzan sospechas y se buscan vínculos familiares". "Cuando se trata de destruir, parece que todo vale", ha incidido, tras referirse a la filtración de los audios con las grabaciones de los trabajadores de Adif relacionadas con el accidente de Urda. "Usar a los trabajadores municipales para fabricar ese ruido es inaceptable", ha concluido. Así, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado rechazada con los votos de PP y Vox (18 en total) frente a los 11 a favor de PSOE, Compromís y EU Podem.
En segundo término, ha llegado el debate sobre la contrata de la zona azul, a partir de una pregunta formulada por la portavoz municipal del PSOE, Trini Amorós, en la que ha emplazado al PP a explicar cómo van a afectar los cambios en las condiciones económicas que se han anunciado que se pretende introducir en el contrato que se encuentra en fase de licitación en la actualidad. Al respecto, Amorós ha considerado que, hasta ahora, se ha planteado que el nuevo servicio preveía generar 3.000 nuevas plazas de estacionamiento controlado con la intención de "hacer caja" y de "sangrar a los vecinos" en barrios como Benalúa. "El PSOE nos oponemos a ese contrato", ha insistido. Y ha instado al PP a explicar qué modificaciones se pretenden implementar o si, en realidad, de lo que se trata es de no aprobar la adjudicación del contrato en periodo electoral.
La respuesta ha llegado de manos del edil de Movilidad, Carlos de Juan, para sostener que las condiciones económicas del contrato no afectarán a las tarifas ni incrementarán el número de plazas reguladas y ha asegurado que el trabajo que se está llevando a cabo solo trata de garantizar la viabilidad económica del contrato, para negar, después, que el servicio pretenda "sangrar a los vecinos", como había sostenido Amorós. "Para eso ya está el Gobierno con sus impuestos".
El debate de la vivienda y la planificación educativa
También en el turno de ruegos y preguntas, el edil de Vox, Juan Utrera, ha cuestionado sobre cuándo se prevé acometer la reparación de las filtraciones y goteras registradas en el edificio del Mercado de Carolinas, a pesar de que fue sometido a remodelación hace menos de tres años, con una inversión próxima al medio millón. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha sostenido que ya se ha actuado para reparar esas filtraciones detectadas tras las últimas lluvias y ha añadido que, en breve, también se prevé abordar la reparación de una de sus puertas que presenta problemas de apertura.
El portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha emplazado al equipo de gobierno a elaborar el Plan Municipal de Salud Mental, en cumplimiento del acuerdo plenario aprobado por unanimidad en octubre de 2023. Así, ha solicitado que se facilite el dianóstico elaborado hasta el momento y que se ofrezca un calendario concreto para su implantación. La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha respondido que se viene trabajando en ese proceso de planificación para redactar ese plan, en el que ya se cuenta con un trabajo de diagnóstico con el apoyo de la Universidad de Alicante (UA). La regidora ha sostenido que la elaboarción del plan está en su última fase de elaboración y que, a partir de ahí, se podrá poner en marcha un calendario de implantación.
La portavoz del PSOE, Trini Amorós, ha preguntado qué medidas va a tomar el equipo de gobierno para movilizar las aproximadamente 15.000 viviendas vacías que existen en la ciudad de Alicante con el fin de que puedan incorporarse al mercado del alquiler. Todo, tras enumerar situaciones como las condiciones de acceso que se han establecido para optar a las viviendas a construir en la calle Ceuta del barrio de San Blas, en las que se exige una aportación mínima inicial de 55.000 euros sobre un precio final que puede alcanzar los 270.000 euros. Se trata, según ha dicho, de condiciones que impiden el acceso de jóvenes o personas que dispongan de trabajo y que no pueden alcanzar esos ahorros. De ahí que haya emplazado al PP a adoptar medidas para favorecer la compra y el alquiler de vivienda, tras apuntar algunas de las iniciativas planteadas por el PSOE, entre las que ha citado la ampliación del parque público de vivienda o la aplicación de bonificaciones.
El edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha respondido que la primera medida que se pretende implementar es "ganar las elecciones generales para recuperar la seguridad jurídica" que, a su juicio, se ha perdido con las iniciativas adoptadas por el Gobierno central. "No va a ser fácil recuperar el daño que le han hecho a la propiedad privada, ni la confianza perdida", ha sostenido. "Vamos a trabajar en Alicante con el programa de alquiler asequible, con 573 viviendas en la actualidad, cuando antes de los decretos del Gobierno llegábamos a las 700", según ha detallado.
La edil de Compromís, Sara Llobell, ha preguntado cuántos alumnos se han incorporado por matrícula sobrevenida a los centros educativos públicos de Alicante en el presente curso 2026-2027 y cuántos centros han habilitado aulas adicionales o utilizado espacios no destinados inicialmente a la docencia para poder escolarizarlos, tras lamentar la falta de planificación previa para evitar que se actúe "a remolque". La edil de Educación, Mari Carmen de España, ha contestado que fue el año pasado cuando se puso en funcionamiento el colegio número 56, después de que el Consell del Botànic no ejecutase ni un solo centro en Alicante. En este sentido, ha añadido que, en la actualidad, también se está construyendo el CEIP La Almadraba en contraposición a la política que ha atribuido al Botànic, que ha considerado marcada por el fracaso del Plan Edificant y por el gasto del presupuesto en la "imposición lingüística". En la respuesta concreta a la pregunta, ha sostenido que se había producido la matriculación sobrevenida de 1.326 alumnos y que se había habilitado seis aulas adicionales.
Llobell también ha cuestionado sobre si ya se ha constituido el Registro Municipal de Solares e Inmuebles a Edificar de Alicante. El edil de Urbanismo, Toño Peral, ha sostenido que se está trabajando en la elaboración de la ordenanza reguladora que resulta necesaria con carácter previo, que se tiene que adaptar a las últimas modificaciones de la Ley del Suelo. Así, ha sostenido que no se trata de inacción, si no de trabajar de acuerdo con el marco legal correcto.
