ALICANTE.- El último informe Destrucción a toda costa 2026, elaborado por Greenpeace, advierte de que la presión urbanística y el deterioro ambiental siguen avanzando en puntos críticos del litoral valenciano, con varios focos relevantes en la provincia de Alicante y su entorno inmediato.
La organización ecologista denuncia que la presión constructora continúa invadiendo zonas de riesgo, especialmente en la Marina Alta, donde la protesta ciudadana se reactivó a finales de 2025 contra el PAI de Llíber, un proyecto que prevé 488 chalés y la transformación de más de 400.000 m² en la Vall del Pop. En paralelo, la organización ecologista recuerda que Benidorm aprobó en mayo un convenio de pagos para asumir la condena firme de 350 millones de euros por los suelos protegidos de Serra Gelada (sector APR‑7), comprometiendo el 8% de sus presupuestos anuales.
En el sur de la provincia -añade Greenpeace- Torrevieja mantiene su apuesta por levantar tres rascacielos junto a la playa del Acequión, prorrogando la evaluación ambiental estratégica favorable al proyecto de Metrovacesa a la espera de un cambio legislativo.
El informe también recoge decisiones judiciales y municipales que afectan al litoral. En marzo de 2026, el Tribunal Constitucional suspendió artículos de la Ley autonómica de Costas que pretendían eludir los deslindes estatales en viviendas tradicionales de primera línea. En contraste, el Ayuntamiento de Dénia ha optado por no recurrir las delimitaciones para priorizar la seguridad frente al oleaje.
En Alicante capital, los vecinos de la Albufereta reclaman catalogar su playa como urbana para obligar al municipio a realizar regeneraciones artificiales de arena, intervenciones que Greenpeace considera costosas y efímeras.
