ALICANTE. Vuelta al trabajo. La comisión de investigación constituida en Les Cortes para esclarecer las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar enajenado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022 reanudará su labor el próximo 20 de octubre. Así lo ha acordado este jueves la Mesa de las Cortes, a partir de la propuesta planteada por el grupo parlamentario de Vox -que preside la comisión- que ha contado con el respaldo del grupo parlamentario del Partido Popular (PP), y el rechazo de los representantes de PSPV.
En concreto, se ha concertado la convocatoria de dos nuevas sesiones -la primera el 20 y la segunda, el 22- en las que se plantea la comparecencia de doce cooperativistas que compraron viviendas en el residencial de la polémica. De este modo, sigue quedando aplazada la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, y de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, a pesar de sus nombres se incorporaron en el plan de trabajo acordado en el momento de constitución de la comisión. Fuentes de la comisión consultadas han apuntado que, en cualquier caso, sus nombres siguen figurando en ese plan de trabajo y que se les citará en el momento en el que se considere oportuno.
En este sentido, el representante de Vox, Miguel Pascual, ha explicado que la intención de su partido es seguir una cronología para poder desentrañar cómo se gestó la compra de las viviendas y cómo habría sido posible que personas con un nivel de renta económica elevado pudieron adquirir viviendas que debían estar destinadas a personas con ingresos limitados.
Con todo, la lista de comparecientes acordadas para las dos próximas sesiones ha generado la crítica de los representantes del PSPV. En esta línea, el portavoz socialista en la comisión, José Díaz, ha considerado esa programación de comparecencias como "una tomadura de pelo", al considerar que "se está tratando de estirar el chicle para conseguir que se disuelvan les Corts y que no se llegue a plantear las comparecencias del alcalde, Luis Barcala, y de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez". Así, ha planteado que se trata de los primeros que debían haber acudido para ofrecer explicaciones ante la comisión, al margen de que también se pueda solicitar la comparecencia de la actual concejal de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, o la del vicealcalde y edil de Contratación, Manuel Villar, "que este miércoles acusó al exconcejal de Patrimonio, Toni Gallego, de mentir ante la jueza que asume la instrucción de la causa sin aportar ninguna documentación que corrobore que sabía con anticipación que era él quien debía intervenir en el pleno de julio en lugar de Gómez" para responder a una pregunta formulada por Compromís respecto a la gestión de las VPP.
Los propietarios
En la primera de esas jornadas (el día 20), se ha ha fijado la presencia de los hijos y el sobrino de la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa de Contratación, María Pérez-Hickman; así como una de las propietarias investigadas en las diligencias que percibiría rentas por el trabajo desempeñado en Alemania.
En la segunda jornada (el día 22), está prevista la comparecencia de la exinterventora de la Generalitat y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez; la de la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret (esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de los pisos); la de un hijo de una concejala del PP en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig; y la de la madre de los hijos del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez, que ejerció como asesor municipal en el Ayuntamiento de Alicante (primero con Ciudadanos, y después, con el PP) entre 2015 y 2023.
