ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana vuelve a dar la razón al Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) con una condena en su favor frente a una de las decisiones acordadas por el Ayuntamiento de Alicante, según informan fuentes del sindicato, a través de un comunicado. En concreto, según las mismas fuentes, el SEP-CV ha obtenido "una nueva victoria judicial" a partir de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº 1851/2025, en la que "confirma la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical por parte del consistorio alicantino, al suspender injustificadamente el acceso del sindicato a su cuenta de correo electrónico corporativo durante un mes".
En su fallo, según el sindicato, "el TSJCV ratifica íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Alicante y rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento, al considerar que no se respetaron ni los principios de legalidad ni de proporcionalidad en la sanción impuesta al SEP-CV". Además, según las mismas fuentes, "el TSJCV condena al Ayuntamiento de Alicante a pagar las costas del recurso y reafirma la obligación de indemnizar al SEP-CV con 2.000 euros por los daños morales causados por la suspensión del correo, medida que afectó significativamente al ejercicio de la actividad sindical del sindicato".
"Desde el SEP-CV valoramos muy positivamente esta nueva resolución, que refuerza el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales y subraya la obligación de las administraciones públicas de no obstaculizar la acción sindical. Esta sentencia es una advertencia clara frente a cualquier intento de censura o limitación arbitraria de la libertad sindical. Resulta especialmente lamentable que, por el empecinamiento del Ayuntamiento en recurrir una sentencia clara, los alicantinos y alicantinas tengan ahora que asumir un coste adicional que se podría haber evitado", apunta el comunicado.
"Si los responsables políticos tuvieran que pagar de su propio bolsillo, probablemente se lo habrían pensado dos veces antes de acudir nuevamente a los tribunales. El SEP-CV seguirá luchando por los derechos de los empleados públicos y por garantizar que las administraciones actúen dentro del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales", concluye la nota pública.