ALICANTE.- Alicante está viviendo una transformación de su mercado de viviendas turísticas que plantea una paradoja económica: mientras las restricciones municipales y autonómicas reducen la oferta de alojamiento vacacional, al menos, en los grandes plataformas de comercialización, los establecimientos que permanecen en el mercado registran mejores indicadores de ocupación e ingresos.
La situación pone sobre la mesa un debate que va más allá de la moratoria turística aprobada por el Ayuntamiento. ¿Está consiguiendo Alicante reducir la presión del alojamiento vacacional o está favoreciendo, al mismo tiempo, que los propietarios que continúan operando se beneficien de una menor competencia?
Los datos disponibles permiten analizar esta cuestión desde una perspectiva económica. Según la información publicada por Alicante Plaza, la moratoria sobre los bloques turísticos ha coincidido con una reducción del 11,3 % de las plazas de viviendas turísticas durante el verano respecto al mismo periodo del año anterior.
En paralelo, el Observatorio Winahost, en su informe Ingresos del alquiler turístico por ciudades de España 2026, sitúa a Alicante como la quinta ciudad española donde más han crecido los ingresos potenciales de un alojamiento turístico típico. La cifra alcanza los 23.500 euros brutos anuales, un 18,3 % más que el año anterior.
La evolución de los ingresos viene acompañada de otro indicador relevante: la ocupación ha aumentado tres puntos porcentuales, hasta situarse en el 70,3 % de las noches disponibles. La tarifa media se sitúa en 108 euros por noche, una de las más bajas entre las veinte ciudades analizadas.
La combinación de estos indicadores dibuja un escenario significativo: los alojamientos que permanecen en el mercado consiguen ocupar más noches y generar mayores ingresos, pese a que el precio medio por noche no se encuentra entre los más elevados del país.
La regulación cambia las reglas del mercado
La reducción de la oferta no es un fenómeno aislado. Está relacionada con la política municipal (sobre la concesión de licencias urbanísticas) y autonómica de ordenación de los alojamientos turísticos, que ha endurecido las condiciones para incorporar nuevas viviendas al mercado.
En diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Alicante aprobó una moratoria de dos años para suspender la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en edificios residenciales. En julio de 2025, la medida se amplió a los bloques de apartamentos turísticos, pensiones y albergues. A esta decisión se han sumado nuevas competencias municipales para perseguir los alojamientos que incumplen la normativa. El consistorio comunicó en septiembre de 2026 la apertura de 57 expedientes de investigación, 26 expedientes sancionadores y nueve suspensiones de actividad relacionadas con viviendas turísticas.
El fenómeno tampoco es exclusivo de Alicante. Según los datos de Exceltur, las 25 principales capitales españolas perdieron cerca de 33.000 plazas de viviendas turísticas durante el verano de 2026, en un contexto de mayor intervención administrativa para favorecer el uso residencial. Alicante registró una caída del 11,3 %, por encima del 10 % de Valencia.
Sin embargo, la evolución de los ingresos permite introducir un matiz importante en el debate: la reducción del número de plazas no implica necesariamente una caída proporcional de la actividad económica del alojamiento turístico.
El Observatorio Winahost refleja que Alicante mantiene una tarifa media relativamente moderada, de 108 euros por noche, pero consigue una ocupación del 70,3 %. Esta combinación permite explicar parte del crecimiento de los ingresos potenciales.
