Alicante

La jueza sobresee la causa por el uso de suelo docente como sede de 'Alicante Futura' y exculpa a De España

Descarta la existencia de "un concierto de voluntades al margen de la legalidad" para llevar a cabo las obras de las oficinas del Centro de Inteligencia del Agua en un solar reservado para centros de enseñanza

  • El edificio municipal adscrito a Alicante Futura que acoge las oficinas del CIA.
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ALICANTE. Fin de trayecto -al menos por el momento- para la causa judicial promovida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción sobre el uso de suelo docente para situar el Centro de Inteligencia del Agua (CIA): un espacio dedicado a la innovación en la gestión del ciclo hídrico, asociado a la estrategia municipal 'Alicante Futura'. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha rechazado la solicitud de apertura de juicio planteada por Anticorrupción -también por el grupo municipal del PSOE, que trasladó los hechos a Fiscalía- con el dictado de un auto en el que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones, al considerar que no concurrirían indicios del delito de prevaricación urbanística que se atribuían a la edil de Empleo y Educación, Mari Carmen de España, así como a un técnico municipal de la Agencia de Desarrollo Local, ahora ya desligado del Ayuntamiento de Alicante.

En ese auto, se concreta que "no es posible compartir los criterios y argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal y la representación del grupo municipal del PSOE que sostienen la existencia de un concierto de voluntades al margen de la legalidad con el fin de llevar a efecto las obras indicadas para el Centro de Inteligencia de Agua y HUB de la Blue Economy en la planta baja del edificio municipal sito en la calle Italia nº 21 a sabiendas de que el uso otorgado en el Plan General la parcela en cuestión era incompatible con el pretendido en el proyecto".

En esta línea, la titular del juzgado sostiene que no existen indicios para actuar contra los denunciados por la vía penal y que, en todo caso, los hechos expuestos en la denuncia formulada por Anticorrupción serían cuestiones a dilucidar ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. "No nos encontramos en esta causa ante una actuación urbanística dolosa que deba ser objeto de fiscalización por los Tribunales del orden penal", señala la jueza.

Además, el auto indica que "si algo ha quedado constatado es que en los locales indicados nunca ha existido centro docente alguno, siendo usados para otros servicios municipales". Y añade que "la intención de instalar en los mismos el Centro de Agua aparece presente desde el año 2021 en los proyectos Alicante Futura, y en acta de Consejo de Administración de Aguas de Alicante de fecha 24.03.2022 se da a conocer la futura ubicación del Centro de Inteligencia del Agua en el antiguo edificio de bomberos de la Plaza Séneca". Al tiempo, aduce que "el informe de compatibilidad urbanística y petición de licencia instado por Aguas de Alicante" planteado en una primera fase "fue objeto de desistimiento", en una decisión que se precipitó después de que un dictamen técnico de la Concejalía de Urbanismo concluyese que el uso pretendido no era compatible con la calificación del solar, según el PGOU vigente.

Sea como fuere, la titular del juzgado incide en que "cuando la obra es promovida por una Administración Pública titular del inmueble no sería necesaria licencia". Por último, concluye "estaríamos ante la presencia de una controversia que habría de solventarse en su caso ante la jurisdicción contencioso administrativa". Eso sí, la resolución judicial no es firme. Cabe la interposición de recurso ante la Audiencia Provincial. Y esa es, previsiblemente, la posición que podría adoptar tanto Anticorrupción, como el grupo municipal del PSOE, según apuntan fuentes consultadas.

Entre tanto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) ya ha expresado sus primeras reacciones tras la notificación del auto de sobreseimiento, a través de su portavoz, Cristina Cutanda. La también edil de Fiestas y Sanidad, ha asegurado que "desde el primer momento teníamos claro que no se había cometido ninguna irregularidad en este proyecto, por lo que hemos mantenido la confianza en el procedimiento judicial por el que ahora nos felicitamos".

  • La edil de Fomento de Alicante, Mari Carmen de España, al acudir a declarar. -

Además, Cutanda ha criticado al PSOE y a la portavoz socialista municipal, Ana Barceló, porque "a falta de propuestas para mejorar la ciudad se dedican a judicializar la vida política y a intentar manchar la imagen de los concejales de este equipo de gobierno", ha señalado, en alusión a su decisión de elevar la tramitación del expediente de las obras de las oficinas del CIA a la Fiscalía: una decisión que se produjo, no obstante, después de que el PSOE instase al PP a ofrecer explicaciones públicas sobre lo sucedido.

En este sentido, Cutanda ha considerado que "es una verdadera pena que se dediquen a buscar irregularidades e ilegalidades donde no las hay porque lo único que consiguen es poner palos en las ruedas del progreso, la modernización y la transformación de Alicante que es por lo que trabaja día a día este equipo de gobierno", ha lamentado la edil. "Pero que no se equivoquen", ha continuado Cutanda, porque todos sus esfuerzos en este sentido no nos van a frenar en nuestros objetivos", ha señalado.

Inmueble municipal

Como viene informando este diario, los hechos denunciados por Anticorrupción se referían a las obras iniciadas en el edificio municipal de la calle Italia que albergó la antigua sede de Bomberos de la Plaza de Séneca para convertirla, junto a Aguas de Alicante, en el Centro de Inteligencia del Agua. En el Plan General esta parcela está catalogada como de uso docente. De ahí que el PSOE alertase de ese cambio de uso supuestamente indebido y pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que advirtió indicios de prevaricación en la la adscripción del inmueble a la Agencia de Desarrollo Local, después de que un informe técnico de la Concejalía de Urbanismo denegase la compatibilidad para el desarrollo de las obras de adaptación de esa planta baja, en respuesta a la solicitud de licencia presentada en primer término por Aguas de Alicante.

Así, tras la práctica de diligencias como la recopilación de informes y la toma de declaración de varios implicados en la adopción del acuerdo de adscripción de uso, Anticorrupción atribuyó a De España indicios del delito de prevaricación urbanística, después de descartar la imputación que también había planteado de forma inicial para el exconcejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y otros técnicos municipales. 

 

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