ALICANTE. La investigación sobre las supuestas anomalías detectadas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante se amplía con el requerimiento de documentación adicional. La magistrada de la plaza 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que asume las diligencias incoadas tras el registro de la denuncia de la organización Manos Limpias, ha dictado este martes una providencia en la que reclama que se aporte información adicional a la ya entregada tanto al Ayuntamiento como a la cooperativa Residencial Les Naus que construyó las 140 viviendas objeto de la polémica.
En concreto, la instructora requiere con urgencia al Ayuntamiento la remisión del expediente completo y otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie donde se construyó la urbanización. Y en cuanto a la sociedad cooperativa Residencial Les Naus, la instructora le reclama que entregue las actas de su constitución, en junio de 2018, de su junta general y de su patronato o consejo rector, así como el el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles. Se trata de una solicitud de información planteada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción a la que la jueza acuerda darle curso.
Al tiempo, la magistrada también requiere al Ayuntamiento para que remita antes de las declaraciones previstas el próximo 20 de mayo dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela en la que se construyó el residencial, así como los antecedentes de ese expediente que se registraron a partir de 2016. En este caso, se trata de una solicitud de información planteada a instancias de la defensa de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su renuncia a ese puesto para regresar a su plaza como jefa de Contratación (la que ocupaba en el momento en el que se produjo la enajenación del solar), después de que trascendiese que dos hijos y un sobrino suyos figuraban entre los socios cooperativistas que compraron vivienda en Les Naus.
Pérez-Hickman es una de las quince investigadas (la figura que sustituye a la antigua imputación) en la causa, que debe comparecer en el juzgado para prestar declaración el próximo día 20, junto a la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, quien también renunció a su cargo al conocerse que ella también había adquirido uno de los pisos del residencial, tras inscribirse en la cooperativa en 2018: cinco años antes de acceder a la corporación.
Próxima ronda de declaraciones
El mismo día 20 de mayo también está citado a declarar bajo la misma condición de investigado el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Roberto Palencia. Se trata del funcionario -expedientado por la conselleria al advertir su supuesta conducta irregular- que visó los 140 contratos de compra de las viviendas de la promoción de la controversia, incluido el de su propia mujer, la arquitecta municipal Elsa Lloret, también investigada junto a otros nueve compradores de viviendas del residencial, según se pudo conocer el pasado 22 de abril. Esos diez propietarios investigados deberán comparecer el 5 de junio.
También requiere al ayuntamiento que aporte dos expedientes relacionados con la subasta de la parcela y los antecedentes que se impulsaron desde 2016, a petición de la defensa de la jefa de Contratación
Con todo, en la misma fecha del 20 de mayo también están citados el arquitecto municipal Francisco Nieto, que también compró vivienda en Les Naus, y que participó en las reuniones sobre el seguimiento del contrato de la subasta del suelo, así como el administrador único de la entidad gestora de la cooperativa, la empresa Fraorgi SL, Francisco Ordiñana, que, además, también adquirió otro de los pisos del residencial.
La lista de comparecientes prevista para esa misma jornada del 20 de mayo se amplía con las citaciones de los tres funcionarios municipales que debían haber comparecido el pasado día 8 para ofrecer explicaciones en calidad de testigos sobre su intervención en los expedientes relacionados con la promoción de la controversia. Sin embargo, ninguno de ellos respondió a esa citación, al parecer, por un problema relacionado con la notificación de su citación remitida al Ayuntamiento de Alicante. Se trata de la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; del técnico de Gestión Patrimonial, Pablo Torregrosa, y del arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura. La magistrada giró este lunes una nueva citación que les será comunicada de forma personal a través de la Policía, con advertencia de quedar expuestos a la imposición de una sanción económica en el supuesto de que no comparezcan.
