ALICANTE. La comprobación sobre los moradores de las viviendas de protección pública (VPP) de Residencial Les Naus practicada por la Policía Local el pasado mes de febrero para cotejar qué pisos estaban ocupados se llevó a cabo cuatro días después de que la Conselleria de Vivienda solicitase esa inspección. Y, además, sin que los agentes que giraron visita a la promoción tuviesen ningún dato adicional respecto a quiénes eran los titulares de esas viviendas. 

Así se ha puesto de manifiesto este viernes en la sesión de trabajo de la comisión municipal constituida para fiscalizar la gestión y compra de las VPP de dicho residencial, construidas sobre un solar público enajenado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022. Una sesión en la que, finalmente, sí ha contado al menos con uno de los cuatro comparecientes convocados: el inspector de la Policía Local que elaboró el informe sobre esas comprobaciones, Antonio Santana. Los otros tres (el vicesecretario municipal, el interventor municipal y el exjefe del área de Asesoría Jurídica) habían presentado escritos de excusa en los que informaban que no comparecerían por distintos motivos, lo que ha propiciado que -en la primera parte de la sesión de trabajo de la comisión- los grupos de la oposición hayan instado al PP a volver a convocar al vicesecretario: una opción que el PP ha rechazado tras apelar al derecho de los convocados a no comparecer. 

Así, la comparecencia de Santana ha sido la segunda registrada hasta ahora desde que se constituyó la comisión, hace más de un mes y medio, después de que también compareciese el técnico del área de Patrimonio, ya jubilado, que participó en la redacción del pliego de enajenación del solar municipal en el que se construyó la promoción.

Sea como fuere, lo cierto es que la participación de Santana sí ha sido ilustrativa respecto a ese informe de comprobaciones sobre el uso de las viviendas. A preguntas de los representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem), Santana ha explicado que la orden de llevar a cabo esas comprobaciones se les comunicó el 16 de febrero y que se practicaron a partir del 17 de febrero con cuatro visitas distintas. Es decir, que se produjeron cuatro días después de que el departamento autonómico de Vivienda solicitase esa colaboración, según ha recalcado la portavoz del PSOE, Ana Barceló, al hilo de la respuesta del mando policial.

En sus 30 minutos de comparecencia, Santana ha asegurado que únicamente les facilitaron la petición y los datos de empadronamiento, "pero nada más", por lo que no dispusieron de información sobre la identidad de los propietarios de los pisos, con lo que solo pudieron certificar que viviendas se encontraban moradas. El objetivo de la inspección era, según ha explicado comprobar que hubiera correspondencia entre las personas que habitaban las viviendas y los datos de los empadronamientos que se habían registrado hasta la fecha.

Además, ha asegurado que se giraron varias visitas en distintos tramos horarios para realizar una comprobación con un resultado "real", ya que podía darse el caso de que los ocupantes de las viviendas se encontrasen trabajando o de viaje en alguno de los momentos en los que se realizaron las comprobaciones. Eso sí, Santana no ha entrado en especulaciones respecto a la posibilidad de que el anuncio anticipado formulado por el alcalde, Luis Barcala, de que se iban a realizar esas comprobaciones hubiese llevado a los propietarios de las viviendas a ocuparlas de manera efectiva para evitar problemas, ni tampoco ha valorado -en respuesta a una pregunta formulada por el presidente de la comisión, el popular Manuel Villar- si pudo haber influido también en un posible adelanto de la ocupación de las viviendas para encubrir un supuesto fraude el hecho de que Compromís hubiese solicitado públicamente y por registro municipal que se enviase a la Policía a comprobar los empadronamientos.

Respecto al resultado de ese cotejo, ha ratificado que el primer día se constató que 95 viviendas de las 140 viviendas sí estaban habitadas y que, al cerrar el proceso de comprobaciones, hubo 13 pisos en los que no se pudo localizar a nadie. En otras dos, los moradores aseguraron que se encontraban residiendo de alquiler. Y en varios casos, los moradores manifestaron que eran amigos de los propietarios. No obstante, a preguntas del portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que no solicitaron contratos de alquiler, que tampoco cotejaron los datos de consumo de agua y que no comprobaron si los moradores estaban casados o no puesto que eso no entraba en sus funciones habituales. 

Además, ha apuntado que en el informe también se hizo constar que había 26 buzones que almacenaban abundante correo, lo que podía resultar indicativo de que esos pisos no estaban ocupados. Al tiempo,  ha señalado que se entregó ese informe en Jefatura y que nadie dio instrucciones posteriores para realizar nuevas comprobaciones de seguimiento posteriores.

Próximas sesiones

Al margen de la comparecencia de Santana, los miembros de la comisión han programado el desarrollo de las dos próximas sesiones de trabajo. En la primera, prevista para el 8 de junio, ya se había previsto la convocatoria de un representante de Provía (una de las entidades que presentó un recurso contra el pliego de enajenación del solar de la promoción), del administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa) y dos trabajadoras del Patronato Municipal de Vivienda. Estas dos últimas ya han comunicado por escrito que no acudirán a la comisión. De ahí que se haya acordado volver a convocar al interventor municipal que debía haber comparecido este viernes, aunque registró un escrito de excusa en el que informaba de que en esta fecha se encontraba fuera de Alicante.

La siguiente sesión de la comisión se celebrará el 6 de julio. Para entonces, se ha previsto la convocatoria del vicealcalde y edil de Contratación, además de presidente de la comisión, Manuel Villar; del concejal de Vivienda, Carlos de Juan; de la edil de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali; y del concejal de Urbanismo, Toño Peral. Todo, eso sí, después de que tanto la edil del PSOE, Silvia Castell, como el resto de concejales de los grupos opositores haya vuelto a reiterar su crítica por el retraso en la entrega de informes (el relacionado con las inspecciones de la Policía se facilitó este lunes) y de documentación relacionada con el Plan Vive.