ALICANTE. La instrucción de la causa sobre las presuntas irregularidades registradas en la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 avanza con una nueva prueba testifical. La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado este viernes una nueva providencia por la que llama a declarar al vicesecretario general municipal, Germán Pascual, que ejerce como secretario general en funciones. Además, también cita al funcionario que ocupa la Jefatura del Servicio de disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar.
Los dos deberán comparecer en calidad de testigos el próximo 16 de julio. Con ello, la instructora acuerda la pericial solicitada por el grupo municipal del PSOE, que ejerce la acusación particular. La petición de comparecencia del vicesecretario se produjo después de que se conociesen uno de los correos aportados a la causa en los que la jefa del servicio de Patrimonio, Paloma Romero, se dirige al propio Pascual para informarle de que ya había retirado toda alusión a la identidad de los compradores de las viviendas en su informe definitivo en el que se alertaba de la existencia de un posible conflicto de interés o de incompatibilidad, a la vista de los vínculos con el ayuntamiento que mantenían algunos de los compradores de los 140 pisos de la promoción de la polémica.
Como viene informando este diario, entre ellos figura la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, así como dos hijos de la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, así como los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, así como otros nueve funcionarios municipales no vinculados a las áreas de Patrimonio, Urbanismo o Contratación: los departamentos que tuvieron algún grado de participación en el expediente de venta de la parcela municipal o en la concesión de su licencia de obra.
La acusación particular ejercida por el PSOE, representado por el letrado Fernando Cazorla, pretendía que se llamase a declarar al vicesecretario para que manifestase si, como se apunta en el correo de la jefa de Patrimonio, ordenó la retirada de esos nombres y si recibió indicaciones de alguien para que se lo plantease a dicha funcionaria.
Al margen de la citación de Pascual y de Baltar, la providencia también emplaza a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante a aportar los expedientes de averiguación de hechos incoados por el departamento de Recursos Humanos sobre el papel desempeñado por Nieto, Lloret y Pérez-Hickman, al margen de otro relacionado con un posible acceso indebido a los expedientes de liquidación del impuesto de plusvalías con el que se hubiese podido conocer la identidad de los compradores de los pisos con antelación a la resolución sobre esos impuestos. La magistrada requiere, en especial, los informes de conclusiones de esos expedientes. Y confiere un plazo de diez días para aportarlos.
Hasta el momento, en la causa figuran quince personas bajo la condición de investigados. Al margen de Gómez, Nieto y Lloret, esa relación incluye al funcionario de la Conselleria de Vivienda, Roberto Palencia (esposo de Lloret), que visó los contratos de compra de los 140 pisos, así como el administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa), Francisco Ordiñana, y otros diez socios cooperativistas que adquirieron viviendas en Les Naus. Se trata de los cooperativistas que, según el último informe de comprobación elaborado por la Conselleria de Vivienda, no cumplían los requisitos económicos y patrimoniales para acceder a una VPP, o que no aportaron la documentación adicional que se les requirió para poder efectuar la evaluación de esas comprobaciones.
