ALICANTE (EP). Esquerra Unida (EUPV) ha denunciado este miércoles que el caso de la polémica en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan destapa "una política de vivienda del PP al servicio de las rentas altas", ante lo que exige "transparencia total", la depuración de responsabilidades -incluida la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala- y un cambio profundo en la política de vivienda.

"Lo que ha pasado en Les Naus es un fraude social. Se ha utilizado suelo y recursos públicos para facilitar vivienda protegida a quienes no la necesitan, mientras se deja fuera a quienes sí tienen dificultades reales para acceder a una vivienda. La vivienda no puede ser un premio para quienes están cerca del poder; es un derecho y vamos a defenderlo en Alicante y en todo el País Valencià", ha manifestado la coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo.

Así valora, en un comunicado, la polémica surgida en la última semana al conocerse que la que hasta hace unos días concejala 'popular' de Urbanismo en Alicante, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal hayan adquirido y tengan escrituradas a su nombre cuatro de esas viviendas de protección. Posteriormente, la Generalitat abrió un expediente disciplinario a un funcionario por un visado del expediente de adjudicación de VPP en Playa de San Juan, al tener conocimiento que es cónyuge de una de las solicitantes de vivienda pública.

EUPV sostiene que lo ocurrido en la promoción de vivienda protegida de Les Naus "no es un hecho aislado ni un simple error administrativo, sino la consecuencia directa de una política deliberada del Partido Popular para vaciar de contenido la vivienda protegida y poner el suelo público al servicio de rentas altas y personas vinculadas al poder".

Según expone, esta promoción, presentada como la primera vivienda pública tras más de 20 años en la ciudad, ha terminado permitiendo el acceso a viviendas protegidas con ingresos de hasta 66.000 euros anuales en una ciudad con emergencia habitacional, con miles de jóvenes y familias trabajadoras expulsadas del mercado del alquiler y sin alternativas reales.

Desde Esquerra Unida señalan que "esta situación no puede entenderse sin las decisiones adoptadas por el Consell del PP, que elevó los umbrales de renta y desnaturalizó la función social de la vivienda protegida; ni sin la gestión del Ayuntamiento de Alicante, que permitió un proceso marcado por la opacidad, advertencias ignoradas y posibles conflictos de intereses".

"Después de haber desmantelado las políticas públicas de vivienda y haber modificado los criterios para beneficiar a los de siempre, no pueden ahora rasgarse las vestiduras ni fingir sorpresa", añade el portavoz municipal de EU-Podem en Alicante, Manolo Copé. Cuando se elimina la planificación, se renuncia a la reserva de suelo para vivienda protegida y se amplían los límites de renta para que entren quienes no lo necesitan, lo que ocurre no es una anomalía: es el resultado buscado".