ALICANTE. La agrupación local de Esquerra Unida (EU) de Alicante y la Plataforma del Sector Social en la Comunitat Valenciana han denunciado este jueves el estado de hacinamiento en la que, según han indicado, se encuentra el centro de protección de menores de Alicante. En primer término, a través de un comunicado, EU ha considerado "de una gravedad extrema la situación denunciada por la Plataforma de Profesionales del Sector Social, que alerta de un hacinamiento insostenible en los centros de recepción de menores de la Comunitat Valenciana". "En Alicante, la situación es especialmente alarmante: un centro con capacidad para 24 plazas acoge actualmente a 57 niños, niñas y adolescentes tutelados. En plena obra, sin ventilación adecuada, muchos de ellos se ven obligados a dormir en sillones o incluso en el suelo", apuntan portavoces de la coalición.
"Lo que está ocurriendo en Alicante es una vulneración flagrante de los derechos más básicos de la infancia. La Generalitat no solo está incumpliendo la Ley 26/2018 y la Ley Orgánica 8/2021, sino que está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de menores tutelados", ha denunciado Lucía Ibáñez, coordinadora de EU en la ciudad.
La formación señala también la situación límite del personal público que atiende estos recursos, con plantillas insuficientes, vacantes sin cubrir y riesgos físicos y psicosociales evidentes. "Las trabajadoras y trabajadores están abandonados, sin medios y sometidos a condiciones imposibles. El Consell está favoreciendo la privatización del sistema de protección mientras deja a los profesionales y a los menores a su suerte", ha afirmado Ibáñez.
Así, EU exige a la Generalitat Valenciana "que actúe de inmediato, refuerce las plantillas, habilite recursos dignos en cada provincia y frene la privatización encubierta del sistema de protección. Asimismo, reclama la intervención urgente de la Fiscalía de Menores y de la Inspección de Trabajo para garantizar la seguridad de los menores y de los profesionales". "No podemos permitir que en nuestra ciudad se repita año tras año el mismo abandono institucional. Alicante no puede ser cómplice de este atropello a los derechos de la infancia", ha concluido Ibáñez.
En segundo término, la Plataforma del Sector Social en la Comunitat Valenciana ha detallado el alcance de la situación por la que atraviesan el conjunto de los centros de menores de la Comunitat para detallar que "meses de denuncias, noticias de prensa, inspecciones, recomendaciones del Síndic de Greuges… nada ha servido para que este verano se vuelva a reproducir la situación de años anteriores. Niños, niñas y adolescentes del sistema de protección hacinados en los dos únicos recursos de recepción públicos que quedan en la Comunidad Valenciana. El camino a la privatización es imparable. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha desmantelado los recursos públicos, incumpliendo su propia normativa, que contempla al menos un centro de recepción y acogida de menores en cada provincia".
En esta línea, a través de un segundo comunicado, el colectivo incide en que "aún más alarmante es la situación de la Residencia de Recepción y Acogida de Alicante. El centro con capacidad para 24 plazas está masificado desde hace años, duplicando su capacidad la mayor parte de los meses desde la pandemia. A día de hoy 57 niños, niñas y adolescentes del sistema de protección conviven hacinados en un centro en obras, sin ventilación y, de nuevo, durmiendo en el suelo o en sillones en zonas de ocio".
Así, señala que "de nada han servido las recomendaciones del Síndic de Greuges o los informes del servicio de prevención de la propia administración (INVASSAT). Estas prácticas suponen un incumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como de la propia normativa autonómica, la Ley 26/2018 de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. Vulneran el principio más básico de la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor, el artículo 1: 'Garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, incluyendo su integridad física, psíquica y moral, y asegurar un desarrollo integral'. La dejadez e inacción del gobierno del Consell pone en riesgo la integridad y la salud de las personas menores tuteladas y del personal empleado público al servicio de la Generalitat Valenciana", lamenta.
De igual modo, la Plataforma recalca que "la falta de cobertura de vacantes complica aún más la situación. Se convocan bolsas de urgencia que los servicios de personal son incapaces de gestionar y los puestos no se cubren. No es posible que se pueda trabajar en estas condiciones, sin tener en cuenta los riesgos físicos y psicosociales. No se puede abandonar al personal público a su suerte y esperar que no pase nada. Desde esta plataforma nos preguntamos cuántos accidentes más tienen que ocurrir para que las administraciones públicas asuman sus responsabilidades".
De ahí que el colectivo inste "a las administraciones competentes y a la fiscalía de menores a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes de los recursos de protección. Reclamamos la intervención de las autoridades laborales, para adoptar cuantas acciones sean precisas para proteger la salud de nuestras compañeras y compañeros. Por estas y por otras muchas razones saldremos este 20 de septiembre a las calles en la Comunidad Valenciana y en todo el territorio nacional. En defensa de unos servicios públicos universales de calidad, contra la privatización y los recortes en el sector social", recalca el comunicado.
