ALICANTE. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha registrado este martes una declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de diciembre en la que plantea que el Ayuntamiento de Alicante "se posicione de forma clara ante las sanciones impuestas a cerca de veinte personas que, en abril de 2025, participaron en un acompañamiento pacífico a una familia en riesgo de desahucio en Juan XXIII".

"Aquella acción no fue un acto violento ni una resistencia a la autoridad: fue un gesto de apoyo comunitario ante una emergencia habitacional. A pesar de ello, las personas que participaron se enfrentan a multas que castigan la solidaridad y agravan situaciones ya de por sí muy frágiles", apuntan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado.

Las mismas fuentes apuntan que "la respuesta social ha sido ejemplar. Comunidades cristianas, entidades vecinales, colectivos culturales, movimientos sociales, Esquerra Unida y muchas personas anónimas han reunido más de 6.000 euros para ayudar a asumir las sanciones". "Cuando las instituciones fallan, la ciudad responde con solidaridad, cuidado y organización", ha señalado el portavoz municipal Manolo Copé.

Esta iniciativa en el pleno se suma a las gestiones ya realizadas ante la Subdelegación del Gobierno, "incluida la reunión solicitada y la petición formal de revisar los expedientes sancionadores y valorar su retirada". Esquerra Unida Podem considera imprescindible "que todas las administraciones actúen con proporcionalidad y pongan en el centro la dignidad de las personas afectadas y su situación de vulnerabilidad".

"Desde Esquerra Unida Podem defendemos que ninguna administración debe perseguir el apoyo mutuo ni castigar a quienes, ante un desahucio sin alternativa, se ponen del lado de la justicia social. Sancionar la solidaridad debilita los vínculos comunitarios y desincentiva la participación ciudadana en situaciones de emergencia", añade la nota pública.

La declaración institucional plantea "que el pleno rechace las sanciones por su impacto social y humano; que se inste a la Subdelegación del Gobierno a revisar los expedientes y valorar su retirada; y que el Ayuntamiento reconozca públicamente la movilización solidaria que mantiene viva la defensa de los derechos fundamentales en nuestra ciudad". "Alicante debe proteger a las personas, no castigarlas cuando se cuidan entre sí. Nuestro Ayuntamiento tiene la obligación política y moral de ponerse del lado de la justicia social", ha concluido Copé.