ALICANTE (EP). Trabajadores de Automóviles La Alcoyana han convocado una huelga indefinida en los autobuses interurbanos de Alicante a partir del 20 de junio, coincidiendo con los días grandes de la celebración de Fogueres de Sant Joan. Su decisión se debe a "la falta total de soluciones por parte de la empresa" concesionaria, que pertenece a Vectalia, "y de la Generalitat Valenciana", según han señalado este jueves fuentes del comité de empresa en un comunicado.

Entre sus exigencias están "el rescate inmediato de la concesión", "una auditoría pública e independiente sobre contratos, licitaciones y concesiones", "responsabilidades políticas inmediatas" y "el fin de la represión sindical que sufren las plantillas". Todo ello, ante la "grave situación" que, a su juicio, "atraviesa el transporte público gestionado por el Grupo Vectalia en Alicante y allí donde explota una concesión". El año pasado, la plantilla también convocó una huelga del 20 al 24 de junio, aunque finalmente quedó desconvocada el día 19 de ese mes, un día antes de iniciarse, después de que alcanzaran un acuerdo la concesionaria y el comité de empresa.

Las mismas fuentes han recalcado que "la reciente anulación parcial del concurso del autobús de Alicante por parte de la justicia ha provocado un auténtico escándalo político y administrativo sobre cómo se ha gestionado esta licitación pública" y "posiblemente todavía esté por ver hasta dónde puede llegar todo esto".

"A ello se suma la reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el caso del Aerobús de Barcelona, donde empresas vinculadas a Automóviles La Alcoyana han sido condenadas por prácticas contrarias a la competencia en licitaciones públicas, manteniéndose la prohibición de contratar y licitar durante 18 meses en determinadas concesiones públicas", han apostillado.

Falta de soluciones

Según el comité de empresa, "la realidad diaria del servicio es cada vez peor", por lo que han precisado que, en Alicante, la plantilla del servicio interurbano de autobuses "iniciará huelga indefinida a partir del 20 de junio", coincidiendo con Fogueres, "ante la falta total de soluciones por parte de la empresa y de la Generalitat Valenciana". Del mismo modo, estas fuentes han manifestado que "la plantilla continúa sin convenio colectivo desde el 31 de diciembre de 2025 por el bloqueo de la negociación por parte de la empresa".

Así, han continuado, en Alcoy la plantilla de La Alcoyana "lleva más de siete meses de huelga denunciando despidos, presión y represión sindical, además del bloqueo absoluto del convenio colectivo por parte de la empresa". Consideran que "la situación es insostenible", con "autobuses muy deteriorados y envejecidos", "averías constantes", "falta de vehículos", "servicios que algunos días ni siquiera salen" y "una política empresarial basada únicamente en maximizar beneficios a costa de la salud de las plantillas, de la calidad y del servicio público".

"Tanto en Masatusa como en Automóviles La Alcoyana hay líneas y servicios que se ven afectados diariamente por la falta de inversión y el deterioro de la flota", han subrayado desde el comité de empresa. También han reclamado "la dimisión inmediata de Manuel Ríos, director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, por sus vínculos profesionales previos con empresas del Grupo Vectalia y sus lazos familiares con la familia Arias, propietaria del grupo". "Resulta incompatible que quien debe supervisar y controlar las concesiones públicas mantenga relaciones tan directas con el mismo grupo empresarial al que debe fiscalizar", han agregado.

Ente metropolitano

Y han continuado: "Desde los comités de CGT de La Alcoyana Alicante, CGT de La Alcoyana Alcoy y los delegados de CGT de Masatusa se solicita la creación inmediata de un ente metropolitano gestionado directamente por la Generalitat Valenciana para garantizar transparencia, control y una gestión pública real del transporte".

Creen que "el verdadero chiringuito es el entramado político y empresarial que durante años ha permitido repartirse concesiones, contratos, VPO y dinero público siempre alrededor de los mismos intereses y los mismos círculos de poder". "El transporte público no puede seguir funcionando al servicio de intereses privados mientras trabajadores y usuarios pagan las consecuencias", han concluido las mismas fuentes.