ALICANTE. Las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la ordenanza de limpieza de Alicante no quedan impunes. Al menos, así lo ha manifestado el edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Rafa Alemañ, este jueves, en respuesta a una pregunta formulada por el edil de Vox, Óscar Castillo, en el transcurso del pleno ordinario de diciembre, respecto a cuántas sanciones se han impuesto relacionadas con el incumplimiento de esa normativa, cuya última actualización quedó aprobada el pasado mes de marzo (aunque entró en vigor en mayo), con el fin de poder conocer el grado de eficacia de esa regulación.

Al respecto, Alemañ ha sostenido que se mantiene la campaña de concienciación con la instalación de una carpa itinerante, y ha precisado que, en el primer semestre de 2025, se impusieron 511 denuncias por infracciones, a las que se suman otras 304 sanciones desde el mes de mayo. El motivo mayoritario respecto a esas denuncias, según el regidor, habría sido el depósito de bolsas de residuos fuera del horario establecido para ello, lo que concurriría en un 54,9% de los casos, seguido de miccionar en la vía pública, en otro 12,5% de las situaciones, mientras que el vertido de escombros, representaría otro 8,2%.

En concreto, fuentes municipales han precisado, a través de un comunicado posterior, que depositar la bolsa de basura en el contenedor fuera del horaio establecido ha motivado 167 sanciones, el 54,9% del total impuestas en este periodo; seguida de miccionar en la vía pública con 38, el 12,5%; depositar, arrojar o depositar escombros en la vía pública con 25, se sitúa en tercer lugar, con el 8,2%; seguida de depositar junto a los contenedores bolsas de basura o residuos varios, con 17 multas, el 5,6%. Le siguen en este listado las sanciones por abandonar enseres con 10 (3,3%), realizar quemas no autorizadas con 9 (3%), arrojar papeles y otros objetos a la vía pública (no escombros) con 9 (3%), reparar vehículos en la vía pública con 8 (2,6%), lavar ropa y otros enseres en una fuente pública con 8 (2,6%), introducir recipientes de vidrio y otros no autorizados dentro de la playa con 3 (1%), por contenedores de escombros mal gestionados se han puesto 3 sanciones (1%) y del resto de tipologías 7 (2,3%).

En todo caso, Alemañ ha incidido en que lo "importante era poner en marcha el plan de choque en el servicio de limpieza" acordado, precisamente, con el grupo municipal de Vox, por el que se pretende reforzar la prestación del servicio en horario diurno con el objetivo de procurar la retirada de enseres y residuos depositados en los entornos de los contenedores fuera de horario y mantener el estado de limpieza durante más tiempo, según ha venido argumentando el equipo de gobierno hasta el momento. Mediante ese plan de choque, se pretende crear hasta 120 puestos de trabajo, a lo que se destinará cerca de seis millones anuales. Además, permitirá activar 20 equipos de limpieza de lunes a viernes y 13 los fines de semana dotados en gran parte de vehículos con hidrolimpieza, según han precisado fuentes municipales.

La ordenanza de limpieza quedó aprobada en marzo con los votos de PP, PSOE y Vox. El nuevo texto refuerza la labor inspectora y amplía el régimen sancionador con multas que van de los 300 hasta 3.000 euros. Además, introduce nuevos hechos sancionables, pasando de los 63 de la anterior a 86, para dar respuesta a los aspectos que preocupan a los usuarios -expresada a través de una encuesta realizada por el servicio municipal- como el abandono de escombros y enseres, las micciones en la calle o sacar la basura a los contenedores fuera del horario permitido.

En el resto del debate planteado durante el desarrollo del pleno, en el turno de ruegos y preguntas, el edil de Urbanismo accidental, Manuel Villar, también ha respondido a un ruego formulado por la edil socialista Silvia Castell para que se lleven a cabo actuaciones de adecuación en la calle La Marjal para asegurar que esos trabajos les corresponde ejecutarlos al agente urbanizador.

El edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha respondido a otro ruego formulado por el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, sobre la implantación de servicios especiales nocturnos en las líneas de autobús durante los días 24 y 25 de diciembre, y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, como ya sucede en otras ciudades, para asegurar que se pretende explorar esa posibilidad en el futuro, toda vez que no sería viable en este momento. 

De nuevo Villar ha respondido a una pregunta formulada por el edil socialista Eduardo Rodríguez sobre cuándo se van a ejecutar las inversiones del Plan de Modernización de Instalaciones Deportivas para la ciudad de Alicante, toda vez que se habrían comprometido actuaciones como la construcción del pabellón de Tómbola, entre otras, que no se han ejecutado. Al respecto, Villar ha enumerado el listado de intervenciones efectuadas en las instalaciones deportivas del Tossal, así como en otros espacios deportivos sobre los que ha asegurado que "vamos a seguir haciendo cosas".

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha respondido a otra pregunta planteada por el edil socialista Emilio Ruiz respecto a qué actuaciones está desarrollando el Ayuntamiento de Alicante para proteger de forma efectiva a las personas con discapacidad y a sus familias mientras se resuelve con demora prolongada la valoración de su discapacidad por la Conselleria de Servicios Sociales. Ruiz ha lamenttado los retrasos en la resolución de esos expedientes. León, por su parte, ha lamentado que el Consell hubiese delegado las competencias en los ayuntamientos y ha asegurado que se están tramitando hasta 900 expedientes al año. 

Casa Mediterráneo: licencia de obra y de interés general

De igual modo, el edil de Urbanismo, Manuel Villar, ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, respecto a si el edificio de Casa Mediterráneo cuenta con licencia de apertura para su funcionamiento, a colación de las manifestaciones formuladas por el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, en una reciente entrevista, en las que aseguró que se carecía de ese permiso.

Villar ha señalado que en 2010 se concedió licencia de reforma sobre el edificio, en el que se autorizaba la rehabilitación y trabajos de ampliación de volumetría en el edificio de la antigua Estación de Benalúa, aunque las obras ejecutadas fueron inferiores a las permitidas. "Casa Mediterráneo sí obtuvo una licencia de obra", ha señalado. Y, respecto a la licencia de actividad, ha señalado que el consejo rector de la institución diplomática acordó declarar el interés general de todas y cada una de las actividades que se realizan, por lo que todas las iniciativas desarrolladas en esa sede quedan encuadradas bajo ese paraguas, con lo que habría dado a entender que, en efecto, carece de licencia de actividad, aunque no resultase estrictamente necesaria a la vista de esa declaración de interés general.

El edil de Presidencia, Toño Peral, ha respondido a otra pregunta formulada por el edil de Vox, Juan Utrera, sobre los motivos por los que no se ha convocado la comisión específica sobre el Plan de la Zona Norte a la vista de las necesidades en la mejora de prestación de servicios y de seguridad que se registran en sus barrios. Peral ha sostenido que es falso que se haya abandonado al distrito, tras incidir en que se está ejecutando en la actualidad las obras de reurbanización en Virgen del Remedio y se prevé abordar ahora la remodelación del retén de Policía Local de Juan XXIII. De igual modo, ha enumerado otras actuaciones como la reforma de pistas deportivas o la transformación de los cines Aba6 en centro cultural. En todo caso, también ha expresado su confianza en poder disponer de fondos Edil para seguir ejecutando proyectos y ha asegurado que la comisión se convocaría en breve.

El vicealcalde Manuel Villar también ha respondido a la pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, sobre cuándo se va a convocar sesión de la comisión no permanente sobre la Isla de Tabarca, a la vista del retraso en la adopción de soluciones que reclaman los vecinos y el que también arrastra la elaboración del Plan Especial. Villar ha señalado que la comisión se va a convocar en breve y ha añadido que "no defiende usted más Tabarca que nosotros" para enumerar las actuaciones efectuadas en materia de limpieza o de protección del territorio, después de que se efectuase la compra del campo de Tabarca, o de que se haya promovido la protección de la Torre de San José. De igual modo, ha señalado que se acababa de cumplimentar el paso necesario para iniciar la tramitación Plan Especial de Nueva Tabarca para que pueda ser sometido a evaluación ambiental y territorial estratégica por parte de la Generalitat. 

Centro de Campoamor, en enero

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha contestado a otra pregunta formulada por Mas respecto a cuándo y en qué ubicación se pretende recuperar el Servicio de Estancias Diurnas (SED) tras el cierre de las dependencias situadas en Plaza América, el pasado agosto, cuando, según ha lamentado, ya se cumplen cuatro meses desde que se interrumpiese esa prestación. León ha acusado a Mas de mentir al asegurar que el servicio no se cerró "por capricho", sino porque el edificio "no cumplía la normativa establecida por el Consell del Botánic". Además, ha señalado que el nuevo centro comunitario de Campoamor en las dependencias de Plaza América ya está en obras y comenzará a funcionar en enero. Con todo, no ha precisado cuándo ni dónde se prevé recuperar el funcionamiento del SED.

El edil de Limpieza, Rafa Alemañ, también ha respondido a otra cuestión registrada por Mas respecto a cuándo se prevé revisar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, tras incidir en que se trata de una tasa injusta y desproporcionada. Una pregunta en la que ha aprovechado para denunciar la situación de abandono en la que, a su juicio, se encuentra el servicio de limpieza, y el hecho de que el edil no acudiese a la reunión convocada por la Coordinador Alicante Limpia (CAL) este miércoles para tratar sobre la situación del servicio. Al respecto, Alemañ ha señalado que la pregunta formulada por Mas era "un miting" y ha considerado que lo único que "puede verse incrementado es el coste del tratamiento y gestión de residuos", lo que no quiere decir que "los alicantinos paguemos más, porque puede ser que se recicle más o que aumente la población y mejore la ratio", ha señalado. "En cada ejercicio deberemos revisar los costes del servicio y ceñirnos a lo que nos dice la ley: bonificar a quien recicle", ha apuntado. Por ello, ha animado a fomentar el reciclaje.

El estado del Rico Pérez

El edil de Urbanismo, Manuel Villar, ha contestado a otra pregunta planteada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a si se ha instado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a inspeccionar el estado del Estadio José Rico Pérez, de su propiedad, tras enumerar la situación de deterioro en la que se encuentra el edificio, que presenta distintos daños que podrían afectar a su seguridad, cuando se trata de un inmueble abierto a la concurrencia del público. Villar ha señalado que la obligación de evaluación recogida en la legislación para edificios de más de 50 años únicamente indica plazos y que solo resulta de aplicación para edificios de uso residencial. Además, ha reprochado las gestiones llevadas a cabo por el Consell del Botànic, entre las que ha aludido a la falta de exigencia de pago del alquiler por parte del IVF hasta 2024, o el compromiso de reconversión bajo el proyecto Alicante Arena que no se llegó a ejecutar. 

El edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha respondido a una pregunta formulada por la edil socialista Silvia Castell en el pleno de noviembre respecto a cómo se prevé ejecutar el proyecto de regeneración del barrio de Virgen del Remedio, para asegurar que ya están en marcha las obras de reurbanización, mientras que el concurso para contratar las obras de rehabilitación arquitectónica de viviendas está ahora mismo en fase de contratación. El edil de Urbanismo, Manuel Villar, también ha respondido a otro pregunta pendiente desde el pleno de noviembre, formulada por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, respecto a cuándo se preveía convocar la comisión Puerto-ciudad, para señalar que se pretende convocar lo antes posible, sin concretar ningún plazo. 

La edil Begoña León ha emplazado al próximo pleno la respuesta a otra pregunta 'in voce' formulada por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, respecto a qué medidas se pretende adoptar respecto a la devolución de otros 257.000 euros en ayudas concedidas por la Generalitat al no haber justificado la contratación de profesionales vinculados con la prestación de servicios sociales en el marco del contrato programa concertado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha respondido a otra pregunta formulada por la edil de Compromís, Sara Llobell, respecto a qué medidas se pretenden adoptar después de que se haya agotado la partida destinada a facilitar alojamiento a víctimas de violencia de género, lo que habría dejado sin aportación a cinco solicitantes. Al respecto, el primer edil ha replicado que la pregunta solo tendría credibilidad si Compromís hubiera presentado alguna enmienda en ese sentido a la propuesta de presupuestos formulada por el equipo de gobierno, en lugar de limitarse a presentar una enmienda a la totalidad, según ha reprochado.

La pregunta formulada por el portavoz municipal de EU Podem ha cuestionado sobre la inclusión de programación en valenciano en el Teatro Principal, aunque la respuesta ha quedado aplazada hasta la celebración del próximo pleno. También se ha aplazado la respuesta a otra pregunta planteada por Copé relacionada con la promoción de programas de sensibilización sobre la migración.

En ese momento, la sesión se ha visto interrumpida por una decena de miembros de una plataforma antidesahucios con gritos en protesta por este tipo de situaciones ante, según han sostenido, la pasividad del ayuntamiento. El alcalde, Luis Barcala, ha replicado ordenando a la Policía Local el desalojo de los manifestantes, sin más incidentes.

El desarrollo del pleno se ha reanudado con otra intervención de la edil de Educación, Mari Carmen de España, que sí ha contestado a la tercera pregunta in voce formulada por Copé respecto al motivo por el que se había propuesta una sanción a la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender por organizar una chocolatada en una de sus concentraciones reivindicativas por la mejora de las instalaciones educativas en el distrito de Playa de San Juan. De España ha señalado que se había actuado en cumplimiento de la ordenanza de Vía Pública, como procede en todos los casos en los que se pretende organizar actos en la vía pública, tras manifestar que se había advertido a la asociación sobre la necesidad de solicitar permisos, cosa que no hicieron. Además, ha asegurado que, en el caso de que se hubiese producido algún problema en el desarrollo de ese acto, el responsable habría sido el Ayuntamiento, por lo que ha defendido el expediente sancionador ante la necesidad de aplicar la normativa en todos los casos por igual.

En el turno de debate de las declaraciones institucionales (iniciativas políticas sin eficacia ejecutiva forzosa), ha quedado aprobada por unanimidad la propuesta promovida por el PP en apoyo a los enfermos que sufren esclerosis múltiple con el fin de que se amplíen fondos dedicados a la investigación de posibles avances médicos, así como a su atención personal. 

No ha prosperado, sin embargo, la iniciativa promovida por el PSOE por la que se planteaba que el Ayuntamiento instase a la Generalitat Valenciana a aumentar el fondo de cooperación municipal para municipios turísticos con el fin de recuperar el importe del millón, que según los socialistas, se habría recortado entre 2023 y 2025, "debiendo garantizar su crecimiento en futuros ejercicios". La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha emplazado a los populares a alzar la voz ante el Consell, "como hace ante el Gobierno central" para reclamar la recuperación de esos fondos que permiten contribuir a sufragar gastos relacionados con la prestación de servicios que requieren los turistas. La propuesta sí ha sumado el respado de EU Podem y de Compromís. Sus portavoces han defendido, además, la necesidad de que se retome el debate sobre la instauración de una tasa turística que facilite la cobertura de la limpieza viaria o el mantenimiento de la ciudad. "Los turistas van a venir a esta preciosa ciudad siempre, pero vendrán más si se mejora esos servicios", ha incidido el líder de la coalición valencianista, Rafa Mas. 

Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha considerado la iniciativa positiva, aunque ha considerado que el problema reside en que el Gobierno central mantiene la infrafinanciación de la provincia, lo que resta posibilidades de que se puedan ejecutar inversiones en infraestructuras o en mejora de servicios. "No vamos a venir aquí quejosos porque una rebaja del 8%", ha dicho, cuando es el Gobierno el que minora los fondos que recibe Alicante.

Por último, la edil de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que el fondo supone 180.000 euros sobre un presupuesto municipal que se eleva por encima de los 367,3 millones. Así, ha considerado que la prioridad del Consell es acabar con la infrafinanciación de la Comunitat y que Alicante deje de ser la última provincia en inversiones en los Presupuestos Generales el Estado (PGE). Por ello, ha tildado de "parche" ese fondo, aunque ha asegurado que la conselleria pretende compensar a la ciudad con otras líneas de financiación. De este modo, en el turno de votación, la propuesta ha quedado rechazada por PP y Vox: 17 votos frente a los 11 a favor de PSOE, Compromís y EU Podem.

Tampoco ha prosperado la segunda iniciativa promovida por el PSOE con el fin de que el Ayuntamiento reconozca oficialmente el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, y reafirme su compromiso con los derechos humanos, la igualdad de trato, la convivencia y la lucha activa contra cualquier forma de racismo o discurso de odio, debiendo ampliar las líneas presupuestarias municipales destinadas a migración, como ha defendido la edil Victoria Melgosa, quien ha advertido de las cesiones del PP al discurso de Vox respecto a la migración. La propuesta solo ha sumado el apoyo de PSOE, Compromís y EU Podem, quienes han alertado de la existencia de mafias relacionadas con el empadronamiento, y ha contado con el voto en contra de PP y Vox, después de que el portavoz adjunto de este último partido, Mario Ortolá, haya planteado que la mejor política migratoria sería la mejora del control de fronteras.

Sí ha prosperado la primera y única de las declaraciones institucionales presentadas por Vox por la que se planteaba instar al Gobierno de la Nación a suspender la obligatoriedad de la Baliza V16 como medida sustitutoria de los triángulos de señalización de emergencia en la red de carreteras, al argumentar que se trataba de una imposición que generaba desigualdades y que se pretendía implantar sin bonificaciones, coartando la libertad de los ciudadanos, según han argumentado los voxistas. PSOE, Compromís y EU Podem han defendido ese sistema como necesario para mejorar la seguridad vial, después de apuntar estadísticas sobre arrollamientos mortales. Por su parte, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha considerado que la implantación de ese sistema presenta múltiples lagunas e incluso ha considerado que, en realidad, "se trata de un pelotazo" en alusión al negocio que, según ha señalado, se habría generado con su fabricación y su comercialización, en el que, según ha apuntado, habría tenido intervención la exmilitante del PSOE Leire Díaz. Así, en el momento de la votación, la iniciativa ha sumado 17 votos: los de PP y Vox, frente a los 11 de PSOE, Compromís y EU Podem.

No ha prosperado la iniciativa registrada por Compromís para que el Ayuntamiento reactive el concurso por la contratación del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) atendiendo a las peticiones de los trabajadores relacionadas con la implantación de sus tablas salariales. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha instado a la edil de Bienestar Social, Begoña León, a tener en cuenta la trascendencia del servicio para que no se produzcan más demoras a la hora de procurar asistencia a las personas que presentan dificultades. En la misma línea se ha posicionado el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, mientras que su homóloga de Vox, Carmen Robledillo, ha sostenido que el ayuntamiento no puede involucrarse en cuestiones laborales de una empresa concesionaria que presta un servicio externalizado.

Por el PSOE, Emilio Ruiz ha puesto el acento en "cómo se gestionan los servicios sociales" al incidir en la demora en el proceso de contratación, lo que conlleva efectos sobre la ciudadanía. Así, ha emplazado a reforzar el personal municipal y a proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios del SAD. Por el equipo de gobierno, Manuel Villar ha incidido en que un ayuntamiento no puede interferir en las relaciones laborales de una empresa privada, por lo que ha señalado que se trata de aplicar las normas y la legalidad. "En todo contrario, lo que se realiza es una valoración de las tablas salariales, por lo que todo lo que están diciendo es pura demagogia", ha considerado. "Si no están de acuerdo con esas tablas salariales, ustedes gobiernan en Madrid, algo pueden hacer con ellas", ha dicho. Así, la propuesta ha quedado rechazada por 17 votos (PP y Vox).

No ha prosperado la primera de las iniciativas promovidas por EU Podem por la que se planteaba expresar el rechazo a la imposición de sanciones contra una decena de personas que realizaron un acompañamiento pacífico en el desahucio acaecido en el barrio de Juan XXIII en abril de 2025, así como instar a la Subdelegación del Gobierno en Alicante a revisar las sanciones impuestas y valorar su revocación. El portavoz de la confluencia, Manolo Copé, ha considerado desproporcionada esa sanción toda vez que, según ha asegurado, se desarrolló una propuesta pacífica en la que no se produjo ninguna oposición violenta. Así, ha solicitado apoyo para que se revisen esas sanciones, a pesar de que ya han sido satisfechas gracias a aportaciones solidarias de los vecinos.

En esta misma línea se ha pronunciado Mas y la edil socialista Silvia Castell, quienes han enumerado las sanciones impuestas en otros supuestos similares en los últimos meses o semanas y quienes han alertado del aumento de desahucios y de la decisión del equipo de gobierno de poner en marcha una oficina antiokupación en lugar de destinar más recursos para atender necesidades sociales. Por su parte, Ortolá ha emplazado a aplicar la ley para todos. Por parte del PP, su portavoz, Mari Carmen de España, ha apuntado que si ha habido pago de multa, es porque se ha reconocido el motivo de la sanción. En la votación, de nuevo la propuesta ha quedado rechazada por 17 votos en contra y la abstención de los 8 ediles del PSOE, frente a los votos a favor de EU Podem y Compromís.

Tampoco ha prosperado la segunda y última de las declaraciones institucionales promovidas por EU Podem por la que se planteaba que el Ayuntamiento instase al Gobierno de España a aprobar con carácter urgente medidas extraordinarias para evitar incrementos generalizados del precio del alquiler en 2026, a la vista de las situaciones que se van a generar en la renovación de rentas de los contratos pendientes de revisión, según ha señalado su portavoz, Manolo Copé. Compromís ha secundado la propuesta en su integridad, mientras que el edil de Vox, Óscar Castillo, ha recordado a EU Podem que forman parte de "un Gobierno corrupto y machista" y que solo tienen que plantear esas propuestas en Madrid. En todo caso, ha señalado que la legislación está para cumplirla también en lo que se refiere a los contratos de alquiler.

Por el PSOE, Castell ha señalado que el Gobierno sí está adoptando medidas para tratar de controlar los precios, por lo que ha considerado que también debe exigirse decisiones similares en los municipios como Alicante, en lugar de "reducir las inversiones en vivienda en un 24% respecto al presupuesto de 2025". Por el PP, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha emplazado al PSOE a precisar cuántos millones iba a destinar el Gobierno para promover vivienda en Alicante y ha responsabilizado a los partidos del eje progresista que hayan generado el problema, al no existir medidas como incentivos fiscales. En la votación, la propuesta solo ha sumado los 3 votos de Compromís y EU Podem.