ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante se posiciona ante el vencimiento de la duración del contrato sobre la gestión del servicio de estacionamiento controlado -conocido como ORA o zona azul- insta al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a tomar decisiones ante "el limbo jurídico" en el que se encontraría la prestación como la suspensión de la ordenanza reguladora de ese sistema de control del estacionamiento en vía pública hasta que pueda tramitarse un nuevo contrato.
En este sentido, la portavoz municipal de los socialistas, Ana Barceló, ha advertido de que el contrato del Ayuntamiento de Alicante con la empresa que presta el servicio del estacionamiento regulado -una UTE compuesta por Vectalia y Pavapark-, así como del arrastre y depósito de vehículos, finalizó el día 25 de enero tras la concesión de la última prórroga de carácter extraordinario (justificada en la necesidad de compensar el gasto asumido por la concesionaria en la fallida implantación de la zona naranja en el barrio de Carolinas Altas) sin que exista posibilidad alguna de extender la duración del contrato adjudicado en 2013.
Barceló ha incidido en que "en este momento, la ciudad se encuentra en un limbo en el que no existe cobertura legal para poder seguir prestando el servicio y, aparentemente, no se podría aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa". En cualquier caso, según ha insistido, "eso es algo que debe aclarar cuanto antes el alcalde", Luis Barcala (PP), a quien Barceló ha exigido que suspenda de inmediato la ordenanza reguladora de tarifas y sanciones (ORA). Además, ha reclamado asimismo la dimisión o el cese del concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, "por su incompetencia".
"El gobierno de Barcala ha generado un caos por su falta de planificación. En este momento no existe cobertura legal para que este servicio se pueda seguir prestando, por lo que exigimos con carácter de urgencia la suspensión de la ordenanza de la ORA. El contrato ha expirado porque no se ha trabajado con eficacia y diligencia, no se ha velado por el interés público", ha sostenido Barceló. Llegados a este punto, la líder del PSOE ha reclamado al regidor que presente "un informe jurídico" cuanto antes para que se aclare "qué va a ocurrir y a qué consecuencias se enfrentan los posibles infractores, puesto que no existe cobertura legal porque el contrato ha caducado sin posibilidad de prórroga".
Barceló ha recordado que el PSOE "viene advirtiendo desde hace meses de que el contrato para el servicio público de estacionamiento regulado, así como la retirada, inmovilizado y depósito de vehículos, finalizaba el 25 de enero de 2025. Hasta la fecha, el equipo de gobierno no ha licitado el nuevo contrato y la legislación es muy clara al señalar que en estos momentos no cabe prórroga alguna", ha insistido.
"Resulta evidente que no se puede establecer ninguna otra prórroga dado que el contrato ha quedado extinguido; ha expirado sin que la administración haya publicado la licitación de uno nuevo con al menos tres meses de antelación con respecto a la finalización del contrato. Barcala ha tenido siete años para impulsar el pliego de condiciones para el nuevo contrato pero no ha hecho nada", ha resaltado la portavoz socialista.
Evolución desde 2013
Por su parte, el concejal Raúl Ruiz ha repasado el proceso de evolución de un contrato que se adjudicó en el año 2013 por un total de 27,1 millones de euros y un plazo de ocho años de duración inicial, hasta 2021. Finalmente, la contrata se acabó extendiendo hasta 2025, al incluir la aprobación de dos prórrogas de un año previstas en el contrato, así como dos ampliaciones de carácter extraordinario. La primera de ellas, de 204 días y dos millones de euros para compensar las pérdidas de ingresos registradas con motivo de la suspensión de la ORA durante la pandemia de la covid. La segunda, de 248 días y 2,4 millones de euros como fórmula de compensación para el restablecimiento económico tras el perjuicio causado por la fallida zona azul y naranja que se planificó en Carolinas Altas.
De esta forma, el contrato expiró el 25 de enero de 2025 sin que el gobierno de Barcala haya publicado la licitación del nuevo contrato con al menos con tres meses de antelación con respecto a la finalización de la duración del contrato que se está ejecutando, tal y como establece el artículo 29.4 de la Ley de contratos del sector público, según han añadido Barceló y Ruiz.
"No se ha impulsado la licitación correspondiente para adjudicar este servicio. El alcalde debe asumir su responsabilidad porque es inaceptable que no haya previsto que se genere esta situación de caos por falta de seguridad jurídica", ha añadido el concejal.
Por lo pronto, fuentes municipales han confirmado que el servicio sigue prestándose en la actualidad a cargo de la misma UTE concesionaria (Vectalia y Pavapark) a modo de prórroga tácita, sin acuerdo formal expreso en ese sentido, de modo que se garantiza la continuidad de la prestación con las mismas condiciones que hasta ahora con la particularidad de que los pagos se producen a través de la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito: el mecanismo habilitado para los servicios que siguen prestándose sin el respaldo de un contrato en vigor, como ha informado este diario.
