El PSOE de Alicante insta al PP a frenar la contrata ampliada de la zona azul

Alicante

El grupo municipal mantiene un encuentro con los representantes vecinales de los barrios en los que se pretende extender la implantación del estacionamiento regulado y exige conocer el estado del proceso de contratación.

  • Representantes del PSOE de Alicante, en el encuentro con los vecinos.
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ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante se abre a escuchar los planteamientos de los residentes de los barrios en los que se prevé extender la implantación del servicio de estacionamiento controlado, más conocido como la ORA o la zona azul. En esta línea, la portavoz municipal de los socialistas Trini Amorós se ha reunido con presidentes de asociaciones de residentes y ha trasladado el respaldo del partido a las entidades "que rechazan el incremento de 3.077 plazas de zona azul y zona naranja en Ensanche-Diputación, Benalúa, Benalúa Sur, Alipark, Princesa Mercedes y el entorno de los juzgados", según apuntan fuentes del grupo municipal, a través de un comunicado. En esta línea, Amorós ha anunciado que el PSOE presionará en el próximo pleno para "frenar el proyecto", ahora pendiente de adjudicación tras el rechazo de los recursos contra el concurso presentados por Setex y por Vectalia y Pavapark. 

"Barcala pretende sangrar a los vecinos para aumentar la recaudación municipal un 115% más por la zona azul y un 15% más por los arrastres de la grúa. Es un atraco fiscal a las familias alicantinas, estamos absolutamente en contra y apoyaremos las acciones vecinales para frenar este proyecto", ha señalado Amorós. La portavoz socialista critica que "el gobierno del PP pretenda incrementar los ingresos ampliando el estacionamiento de pago, eliminando la exención de la zona azul al mediodía y extendiendo el estacionamiento de pago a los sábados por la tarde", como recoge el pliego de condiciones del concurso, en que también se contempla la gratuidad de las plazas delimitadas como zona naranja y la asignación de esa consideración a la mayor parte de las nuevas plazas que se pretende crear. 

Amorós ha exigido también "explicaciones al equipo de gobierno sobre la tramitación del contrato. En primer lugar, se paralizó la apertura de los sobres en la mesa de contratación alegando que los técnicos no estaban disponibles por la celebración de una reunión estratégica. Ahora, según ha trascendido, el Ayuntamiento estudia modificar las condiciones económicas del concurso", añaden las mismas fuentes. "Barcala tiene que explicar qué ocurrió en aquella reunión y por qué se ha llegado a este punto. Los vecinos tienen derecho a saber qué están negociando y qué consecuencias tendrá para sus bolsillos", ha señalado.

La portavoz socialista reclama información detallada sobre el alcance de esa revisión económica y sus posibles efectos sobre las tarifas, el número de plazas reguladas y los costes que asumirán los ciudadanos. "Si el gobierno está estudiando cambiar las condiciones del concurso, tiene que aclarar qué pretende modificar y cómo afectaría a los usuarios. Y debería aprovechar esta revisión para dejar sin efecto la ampliación de plazas que rechazan los barrios", ha defendido.

Amorós ha advertido de que "Barcala podría estar intentando aplazar el asunto para evitar el desgaste electoral antes de las elecciones". Sin embargo, ha apuntado que "el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento el año pasado ya contemplaba aumentar la recaudación de la zona azul para contribuir al equilibrio de las cuentas municipales".

La portavoz socialista ha reiterado que el PSOE "apoyará las acciones que convoquen las asociaciones vecinales para frenar la ampliación y defender los intereses de los residentes". "Vamos a estar al lado de los vecinos y vecinas que están alzando la voz contra una medida que les perjudica. No se puede gobernar de espaldas a los barrios ni utilizar el estacionamiento regulado como una herramienta para cuadrar las cuentas a costa de las familias", ha asegurado.

Por último, Amorós ha alertado de "las consecuencias a largo plazo del contrato impulsado por el gobierno municipal", que, según ha señalado, "blindaría la regulación del estacionamiento hasta 2045". "Barcala pretende hipotecar la política de estacionamiento de Alicante durante las próximas cinco legislaturas. Quiere dejar atado este contrato incluso más allá de 2027, aunque ya no gobierne la ciudad. Una decisión de esta magnitud exige transparencia, explicaciones y escuchar a los barrios antes de seguir adelante", ha concluido.

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