ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejala Silvia Castell, ha denunciado este lunes "las maniobras del gobierno de Barcala para impedir a los grupos de la oposición y a las entidades sociales fiscalizar y participar en la actividad del Patronato de Vivienda" a partir de la propuesta de modificación de los estatutos del organismo autónomo que se prevé someter a debate y votación este martes.

El PSOE considera que "la iniciativa del PP para modificar los estatutos de este organismo conlleva que sólo se celebrarán reuniones dos veces al año y, por tanto, sería muy difícil controlar la actividad de adjudicaciones de viviendas sociales, así como evaluar la diligencia de los responsables a la hora de ofrecer soluciones que permitan acceder a un recurso habitacional a familias en situación de vulnerabilidad, víctimas de desahucios, colectivos jóvenes o a personas mayores".

"El proyecto para cambiar los estatutos del Patronato de Vivienda, que se abordará en una reunión convocada para este martes, vacía de contenido las funciones de los órganos del patronato, donde están representados los grupos de la oposición y asociaciones sociales y vecinales, entre otras, y las concentra en el presidente, es decir, en el propio alcalde. De este modo, por ejemplo, será el equipo de gobierno quien establezca en exclusiva las bases para la adjudicación de vivienda pública, tratando de evitar el control de la oposición", apuntan portavoces del grupo municipal, a través de un comunicado.

Fuentes municipales han señalado, por su parte, que la modificación trata de actualizar el funcionamiento del Patronato de Vivienda a la regulación actual en las mismas condiciones que el resto de organismos autónomos municipales y han señalado que se establece un mínimo de dos reuniones ordinarias anuales, aunque podrían convocarse otras de carácter extraordinario.

Sea como fuere, Castell ha incidido en que, a su juicio, con la propuesta de modificación "el objetivo de Barcala es limitar la fiscalización en materia de vivienda porque desde el grupo socialista pone de manifiesto que su gestión ha sido un fracaso. Lleva siete años al frente y no ha concluido la construcción de ninguna vivienda. No quiere que analicemos lo que se hace mal ni que propongamos alternativas para defender el derecho a la vivienda. Al alcalde le molesta la participación y no le gustan nuestras críticas ni nuestras aportaciones, por eso pretende acabar con ellas", ha denunciado Castell. En ese sentido, la edil ha coincide en la necesidad de reformar los estatutos del patronato, que son del año 1988, "pero no a costa de suprimir la participación y limitar la fiscalización, sino todo lo contrario".

La concejala socialista ha recordado que en lo que va de legislatura, Barcala ha perdido fondos europeos para la construcción y rehabilitación de vivienda pública, e incluso ha llegado a renunciar a más de un millón de euros de la Generalitat Valenciana para construir las viviendas públicas de la calle Ceuta, que a día de hoy no se han iniciado. Castell ha señalado que "más de 5.500 familias alicantinas siguen a la espera de una vivienda pública, según consta en el registro de vivienda de la Generalitat".