ALICANTE. La denuncia registrada por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem por un supuesto fraccionamiento de contratos en el pago por la prestación de servicios de asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Alicante tendría el único "objetivo político" de "buscar protagonismo" y ver si "suena la flauta" con la apertura de una posible investigación judicial que pueda conllevar la imputación del alcalde, Luis Barcala. Esa es, cuando menos, la interpretación que mantiene el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), tras volver a negar la existencia de cualquier tipo de anomalía en la concatenación de esos pagos.
En concreto, el vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha reiterado este martes, en la comparecencia pública en la que se da cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión semanal de la Junta Local, las explicaciones que ya facilitó cuando EU Podem dio traslado de los hechos a la Fiscalía al apuntar que el abono de esas facturas por la prestación de servicios jurídicos se justifican en base al contrato de seguro del que dispone el ayuntamiento, en el que se da la opción a los funcionarios expuestos a algún tipo de proceso legal a elegir entre el abogado y procurador del ayuntamiento, o escoger a esos profesionales por sí mismo, para que después sea la compañía aseguradora contratada por ayuntamiento quien asuma el pago de sus minutas. "En esos casos, han ejercido su derecho a elegir el abogado, que paga el seguro. Son abogados y procuradores aportados por la parte; tenemos ese seguro, que es quien paga las facturas", ha incidido.
Así, ha subrayado que la Fiscalía archivó la primera denuncia registrada por EU Podem "sin que el ayuntamiento fuese requerido para aportar documentación", lo que, a su juicio, evidenciaría que no existe ningún indicio de irregularidad. En este sentido, ha asegurado que esa conclusión volverá a ponerse de manifiesto en el caso de que un juzgado pueda asumir la denuncia y sí llegue a requerir información al ayuntamiento. "Reitero lo que ya dije en la primera denuncia, que es una denuncia política. Prueba de ello es que al primero que denuncian es al alcalde, cuando es una persona que no ha intervenido en ningún procedimiento relacionado con esos pagos", ha apuntado.
En este sentido, ha encuadrado el registro de la denuncia en un intento de los representantes del grupo municipal de EU Podem de buscar reconocimiento entre sus votantes después de haber realizado "una oposición intrascendente" a lo largo de llegislatura, al estar "más preocupado en acogerse a una baja por acogimiento" que en su labor de fiscalización, según ha señalado. "Se busca una noticia, un titular", ha insistido, en busca de "visibilidad" al "ser conscientes de que se van fuera", según ha sostenido, en alusión a los resultados que podrían obtener en los próximos comicios de 2027.
Como informó este diario, la denuncia registrada por EU Podem este lunes solicita que se investigue la contratación, el reconocimiento y el pago de servicios externos de defensa jurídica y procuraduría del Ayuntamiento de Alicante entre 2022 y 2025 por un importe que alcanzaría los 34.778,16 euros, sin contabilizar los datos correspondientes a 2022, toda vez que centro gestor desistió de seis expedientes disconformes y la documentación agregada no permite fijar una cantidad abonada, según fuentes de la confluencia.
El escrito se dirige contra el alcalde, Luis Barcala; el concejal responsable de Asesoría Jurídica y Contratación, Manuel Villar; los responsables de Hacienda durante el periodo examinado, Toni Gallego y Nayma Beldjilali; y contra las personas funcionarias que pudieran aparecer como responsables en el curso de la investigación. La denuncia solicita que se valore la posible comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda, según precisan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado.
