ALICANTE. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha presentado este lunes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante una denuncia para que se investigue la contratación, el reconocimiento y el pago de servicios externos de defensa jurídica y procuraduría del Ayuntamiento de Alicante entre 2022 y 2025.
El escrito se dirige contra el alcalde, Luis Barcala; el concejal responsable de Asesoría Jurídica y Contratación, Manuel Villar; los responsables de Hacienda durante el periodo examinado, Toni Gallego y Nayma Beldjilali; y contra las personas funcionarias que pudieran aparecer como responsables en el curso de la investigación. La denuncia solicita que se valore la posible comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda, según precisan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado.
"No venimos a dictar una sentencia a las puertas del juzgado. Venimos a pedir que se investigue por qué una práctica advertida como irregular se repitió durante cuatro ejercicios sin corregirse", ha afirmado el portavoz municipal, Manolo Copé.
Fiscalía apreció "un quebranto normativo patente"
Esquerra Unida Podem presentó una primera denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante el 1 de junio de 2026. El decreto de archivo de 23 de julio examinó trece casos correspondientes a 2025, por una cuantía conjunta de 5.732,03 euros. Aunque la Fiscalía apreció un "quebranto normativo patente" y calificó el proceder como "difícilmente justificable", consideró que los hechos analizados no alcanzaban entidad penal suficiente conforme al principio de intervención mínima.
La denuncia presentada ahora ante el juzgado amplía sustancialmente ese marco. Incorpora los informes anuales de control interno de 2022, 2023, 2024 y 2025, que reflejan la repetición de reparos por posible fraccionamiento de contratos menores, la omisión del procedimiento legal para resolver las discrepancias con la Intervención y, en distintos ejercicios, la necesidad de acudir a resoluciones judiciales para reconocer la indemnización a los prestadores, según las mismas fuentes.
"La Fiscalía archivó, pero no blanqueó lo ocurrido. Cuando el propio decreto habla de un quebranto normativo patente, nuestra obligación es aportar la visión completa y pedir que el órgano judicial investigue", ha señalado Copé.
Los importes identificados en los informes ascienden a 18.353,86 euros en 2023, 10.692,27 euros en 2024 y 5.732,03 euros en 2025: un total de 34.778,16 euros. El ejercicio 2022 no se incluye en la suma porque el centro gestor desistió de seis expedientes disconformes y la documentación agregada no permite fijar una cantidad abonada. Tampoco están cuantificados posibles intereses, costas u otros costes derivados de las reclamaciones.
Advertencias "reiteradas" y "controles omitidos"
Según la documentación aportada, el centro gestor 13, Asesoría Jurídica, tramitó separadamente prestaciones homogéneas de defensa jurídica o procuraduría. La Intervención formuló reparos por posible fraccionamiento contrario al artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y señaló que, cuando el área gestora no aceptó el reparo, no se siguió el procedimiento de resolución de discrepancias previsto legalmente.
La denuncia destaca además que la Junta de Gobierno Local acordó en junio de 2023 licitar mediante procedimiento abierto tres lotes de representación procesal por 145.200 euros para dos años. Para EU Podem, ese acuerdo acredita que los responsables municipales conocían la necesidad de agrupar las prestaciones y someterlas a un procedimiento con publicidad y concurrencia.
El escrito también pide investigar la ausencia reiterada del plan de acción corrector previsto en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017. Los informes de control interno de 2022 a 2025 señalan que no consta su elaboración, pese a que corresponde a la Presidencia de la Corporación formalizarlo en un máximo de tres meses para corregir las deficiencias detectadas.
Identificar cada resolución y a sus responsables
La documentación municipal disponible refleja los resultados de fiscalización, los reparos y las resoluciones judiciales indemnizatorias, pero no reproduce íntegramente todos los expedientes. Por ello, Esquerra Unida Podem solicita al Tribunal que compruebe los hechos e individualice las resoluciones que aprobaron o adjudicaron contratos, reconocieron obligaciones, autorizaron pagos o mantuvieron la tramitación pese a los reparos, así como la intervención y el conocimiento de cada persona.
La denuncia se acompaña de trece bloques documentales, entre ellos las actuaciones de Fiscalía, los informes municipales de control interno de cuatro ejercicios, el informe específico de reparos de 2025, los decretos de delegación de competencias y varios acuerdos de la Junta de Gobierno Local relativos a la licitación de los servicios de procuraduría.
"La gravedad no está únicamente en la cuantía de cada factura. Está en que las advertencias se repitan, los controles se omitan y no consten medidas para corregir la práctica. Las reglas de contratación protegen la igualdad, la transparencia y el dinero público", ha concluido Copé.
Esquerra Unida Podem subraya que "la presentación de la denuncia no prejuzga la culpabilidad de ninguna persona y que corresponde exclusivamente al órgano judicial valorar los indicios, practicar las comprobaciones oportunas y determinar, en su caso, las responsabilidades".
Hasta el momento, el equipo de gobierno ha descartado la existencia de anomalías y de un posible delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos al argumentar que los gastos corresponden a la cobertura de la defensa jurídica de funcionarios, expuestos a algún tipo de denuncia en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que son ellos quienes escogen a los profesionales que les representan y giran la minuta al ayuntamiento en cada caso para que se produzca su abono.
