VALENCIA (EP/AP). El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), conocía que la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las cooperativistas que compró una de las 140 viviendas de protección pública (VPP) construidas por Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por la administración local entre 2018 y 2022 al menos desde julio de 2024. Así lo ha manifestado, cuando menos, el también exconcejal del PP, Toni Gallego, responsable del área de Hacienda hasta junio de 2025, durante su comparecencia ante la comisión de investigación de Les Corts. 

En concreto, Gallego (que presentó su renuncia al acta de concejal, después de que Vox exigiese su cese por el incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio correspondiente a 2024) ha asegurado que, en el pleno ordinario celebrado en julio de 2024, la propia edil de Urbanismo le pidió que respondiese a una pregunta que había registrado el grupo municipal de Compromís respecto al procedimiento de adjudicación de las viviendas de la promoción de la controversia y que le dio un papel con la respuesta que tenía preparada. Según ha manifestado, él accedió a su petición porque eran "compañeros" y leyó la respuesta, en la que venía a explicarse que el proceso estaba siguiendo los cauces legales previstos y que todo era correcto. 

Eso sí, ha añadido que, después de que leyese esa respuesta, Gómez (una de las quince imputadas en las diligencias que se instruyen en la actualidad respecto a las presuntas irregularidades registradas en la gestión y compra de esas viviendas) le explicó que ella era compradora de una de las casas de Les Naus y que no quería que la respuesta se mezclase con eso. "Me dijo que ella tenía una casa ahí", ha sostenido, después de explicar que esa intervención en el pleno se produjo justo después de que el alcalde, Luis Barcala, acometiese la primera remodelación de competencias de gobierno para retirar la delegación de Patrimonio que hasta entonces tenía asignada Gómez y se la cediese al propio Gallego. Entonces, se argumentó que ese cambio se producía para agrupar las áreas de Hacienda y Patrimonio en un mismo responsable político.

Según ha revelado Gallego ante la comisión de investigación, Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno municipal de julio de 2024 que él respondiera en su lugar a esa pregunta oral en la sesión sobre la clasificación de este residencial. "Justo antes de contestar, en una sala anexa al pleno me pide que, por favor, responda yo y me da un papel con la respuesta preparada. Yo le digo que sin ningún problema y respondo lo que ponía: que cumplía con la legalidad", ha dicho el exconcejal, y después ha añadido: "Sin mediar ninguna pregunta por mi parte, ahí es cuando ella me dice: yo tengo ahí [en Les Naus] una casa; es todo legal, de antes de que entrara en política, pero no quiero que lo mezclen", ha dicho.

Se da la circunstancia de que fue la Concejalía de Patrimonio la que impulsó el procedimiento de enajenación del solar en el verano de 2018. El propio equipo de gobierno, del PP, acordó paralizarlo en diciembre de ese mismo año, a la vista de los recursos presentados por la asociación de promotores Provía y de la empresa Block Arquitectura frente a la inclusión de la cláusula que primaba a la oferta que se hubiese registrado en primer lugar a la hora de decidir un posible desempate entre licitadores. Además, también fue el departamento de Patrimonio quien retomó la venta del solar en 2022, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) estimase el contencioso presentado por Residencial Les Naus y conminase a retomar el concurso sobre el solar con las mismas condiciones. Para entonces, Gómez todavía no desempeñaba ninguna responsabilidad pública, ya que se convirtió en concejal tras las elecciones de mayo de 2023. Es decir, cinco años después de que se iniciase el proceso de enajenación del solar y uno antes de que se adjudicase a la cooperativa Residencial Les Naus, en la que ella y su pareja se habían inscrito en diciembre de 2021.

El área de Patrimonio fue también la responsable de supervisar el cumplimiento del contrato de venta de esa parcela. Es decir, de comprobar que había tenido el fin previsto, con la entrega efectiva de las VPP construidas. Fue en esa fase de comprobaciones finales, en enero de este año (una vez escrituradas las viviendas), cuando la funcionaria que ejerce como jefa de Patrimonio, alertó de un posible conflicto de interés o de supuesta incompatibilidad, al comprobar los vínculos con el ayuntamiento de algunos de los compradores de los pisos. Como viene informando este diario, entre ellos figuraba la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, además de los hijos de la exdirectora general de Organización Interna, ahora jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman, y los arquitectos municipales, Francisco Nieto y Elsa Lloret, también imputados. 

Reacciones políticas

Las manifestaciones de Gallego han propiciado reacciones políticas entre los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición. En esta línea, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha solicitado en un comunicado "la dimisión inmediata" del alcalde Luis Barcala (PP). "Si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión, trasladaremos esta petición al próximo pleno", ha anunciado Mas. "Las informaciones conocidas durante el transcurso de la comisión de investigación en Les Corts sobre las adjudicaciones de VPP en la urbanización Les Naus corroboran que el equipo de gobierno (PP) sabía que Rocío Gómez era cooperativista", ha considerado.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha anunciado que este viernes registrará un escrito para exigir que el alcalde, Luis Barcala, comparezca en "una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus para dar todas las explicaciones necesarias después de que el exconcejal Toni Gallego haya admitido hoy en Les Corts que sabía desde 2024 que la entonces edil de Urbanismo tenía un piso en Les Naus".

"Todo hace pensar que Barcala sabía que Rocío Gómez era propietaria y era cooperativista. Por tanto, la hoja de ruta del alcalde para retirar a Gómez las competencias de Patrimonio y poner al frente a Gallego era porque sabía lo que había ocurrido. De hecho, se produjo en julio, justo cuando se produjo ese cambio de competencias". "Lo que estamos sabiendo confirma lo que ha mantenido siempre el grupo socialista, que el cambio en las competencias de Patrimonio se debió a que Barcala ya tenía conocimiento de que Gómez era cooperativista. Barcala ha estado mintiendo en el pleno y sigue sin dar explicaciones", ha considerado, a través de declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Barceló ha añadido que, una vez que se produzca esa declaración del alcalde, "no tendrá otra salida que dimitir por el supuesto encubrimiento del escándalo de la adjudicación de pisos a cargos y familiares del PP".