ALICANTE. El debate lingüístico se zanja provisionalmente con una contradicción interna en las filas del Partido Popular (PP). Cuando menos, ese es el escenario que ha deparado el desarrollo del pleno ordinario de julio celebrado este miércoles en la Diputación Provincial, en la que se ha aprobado una moción registrada por el grupo político de Compromís en defensa de la oficialidad del valenciano a la ciudad de Alicante, en la que, además, se condena la persecución lingüística, según han detallad fuentes de la institución provincial, a través de un comunicado. Se trata de una iniciativa política impulsada por la coalición nacionalista a partir de la declaración institucional que quedó aprobada el pasado jueves en el pleno ordinario de junio del Ayuntamiento de Alicante con los votos del equipo de gobierno, del PP, y de Vox, en la que se instaba a la Generalitat a modificar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià para excluir a la ciudad del régimen actual de predominio lingüístico valenciano con el fin de que pasase a considerarse de predominio lingüístico castellano.

A diferencia de lo que sucedió la semana pasada, la moción presentada por Compromís ha salido adelante en el pleno de la institución provincial con el apoyo de los grupos PP y PSOE, y el voto en contra de Vox. Eso sí, después de que se aceptara una enmienda in voce presentada por los populares por la que se dejaba constancia de que la Diputación no puede oponerse a la autonomía de otra entidad local -en alusión al ayuntamiento- y se apuntaba que la adscripción lingüística de un municipio no es una competencia propia de la institución provincial, como ha apuntado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor.

Así, según portavoces oficiales de la Diputación, en el texto aprobado finalmente se acuerda reafirmar el compromiso de la Diputación en la defensa del valenciano como lengua oficial histórica y de convivencia y el reconocimiento de la ciudad de Alicante de predominio lingüístico valenciano, según la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. En concreto, fuentes de Compromís han señalado, a través de un segundo comunicado, que la enmienda registrada por el PP deja los dos acuerdos de la propuesta con la siguiente redacción: "Primero: Reafirmar el compromiso de la Diputación de Alicante con la defensa del valenciano como lengua oficial, histórica y de convivencia, reconociendo a la ciudad de Alicante como municipio de predominio lingüístico valenciano según establece la LUEV. Y segundo: Instar a la Generalitat Valenciana a garantizar la aplicación plena y efectiva de la Llei d'Ús y Ensenyament del Valencià".

Fuentes de Compromís han incidido en que "con esta modificación, el PP ha buscado suavizar el contenido y evitar una condena explícita del acuerdo municipal, mientras que Compromís y PSOE han defendido mantener un claro rechazo a cualquier paso atrás en materia de derechos lingüísticos. En cualquier caso, el portavoz de la coalición nacionalista, Ximo Perles, ha sostenido que "hoy la Diputación lanza un mensaje claro: Alicante es y seguirá siendo una ciudad valencianohablante, pese a los intentos de convertir la lengua en un arma política y dividir la sociedad".

El movimiento político registrado en la Diputación contrasta, así, con la posición mantenida este mismo miércoles por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien -tras participar en el acto de presentación del sello editado por Correos con motivo del reconocimiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025- ha justificado el acuerdo adoptado por PP y Vox en el ayuntamiento al considerar que se trataba de promover "la voluntad de la mayoría representativa de la ciudad", como ha informado este diario.

2,3 millones para servicios sociales

Al margen de ello, el pleno de la institución ha aprobado la propuesta promovida por el PP sobre el contrato programa para la prestación de de servicios sociales de atención primaria en beneficio de los ayuntamientos de Agost, Cox, Dolores, Los Montesinos, Onil, Pinoso y Sax y las mancomunidades de La Vid y El Mármol y El Xarpolar. La Diputación de Alicante financiará este año con 2,3 millones esa prestación, tras el acuerdo alcanzado por unanimidad.

Gracias a ese contrato programa, la institución provincial colabora en la prestación de servicios como la ayuda a domicilio, las ayudas económicas individuales por emergencia social o el programa Menjar a casa y cubre gran parte de gastos de personal de trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores, asesores y personal administrativo que se prestan desde las áreas de Servicios Sociales municipales, según inciden fuentes de la institución provincial.

"Desde la Diputación de Alicante hacemos un esfuerzo muy importante para garantizar la prestación de servicios sociales esenciales en nuestros municipios colaborando con los ayuntamientos, que son realmente los que conocen las necesidades más acuciantes de los distintos colectivos, especialmente los más vulnerables, en esta tarea", ha indicado la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano.

Además, durante la sesión plenaria también se ha dado el visto bueno a la convocatoria de subvenciones no dinerarias a ayuntamientos para la ejecución del primer grupo de proyectos del Plan de Ahorro Energético Optimiza, con un montante total de 697.000 euros. Xaló, Biar, La Vall de Gallinera, Llíber, Ondara, Catral, Pego, Benimantell, Els Poblets, Gorga, Benigembla y La Torre de les Maçanes son los municipios que han entrado en esta primera tanda con proyectos que incluyen la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, la instalación fotovoltaica de autoconsumo en edificios municipales y otras energías renovables, según las mismas fuentes.

En lo que respecta al resto de mociones, al margen de la relacionada con el predominio lingüístico valenciano de Alicante, también se ha deatido dos iniciativas presentadas por Compromís y Partido Popular en las que condenan la corrupción en las instituciones, que se han debatido por separado después de que la formación valencianista haya rechazado una enmienda del Grupo Popular, en la que incluía una petición expresa de dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reclamaban la convocatoria de elecciones generales. El portavoz de Compromis, Ximo Perles, ha admitido compartir la petición de dimisión del líder socialista pero ha rechazado la enmienda por entender que modificaba la parte expositiva de su moción, según la nota pública. Aunque ambos textos compartían prácticamente todas las propuestas de acuerdo, finalmente la de Compromís no ha contado con el apoyo suficiente -ya que solo ha votado a favor el Grupo PSOE-, mientras que la defendida por el equipo de gobierno si ha conseguido el respaldo mayoritario (PP y Vox).

Según las mismas fuentes, la moción aprobada finalmente condena cualquier acto corrupto a nivel de la administración e insta al Gobierno de España a ‘depurar todas las responsabilidades derivadas de estos con las dimisiones no solo de las personas relacionadas directamente, sino también de los responsables políticos directos’. Además, se pide que se modifique el Código Penal para incluir sanciones específicas para los implicados en casos de corrupción, como la prohibición de contratar con la administración pública. Asimismo, se reclama a la Generalitat que se refuercen los mecanismos de control institucional contra la corrupción, al tiempo que la Diputación, que se muestra favorable a la eliminación del aforamiento de los cargos públicos, se compromete a promover medidas de prevención contra la misma. La moción del Grupo Popular defendida por su portavoz, Ana Serna, también ha incluido una enmienda en el último momento incorporando un punto de acuerdo defendido tanto por PP como por Vox en el que se solicita la dimisión del presidente del Gobierno por los casos de corrupción en el PSOE y la convocatoria urgente de elecciones generales.

Otra de las mociones debatidas ha sido la presentada por el Grupo Socialista sobre la situación socio-económica de la provincia de Alicante en la que denuncia, entre otras cuestiones, la baja ejecución del Plan Planifica de la Diputación, que ha situado únicamente en el 15%, la reducción de la partida económica del Plan +Cerca o la no participación en el Fondo de Cooperación Municipal por parte de la institución provincial alicantina por lo que reclama que se convoque este mismo mes de julio el Consejo Económico y Social de la Diputación y la celebración en septiembre del Debate sobre el Estado de la Provincia. La propuesta ha contado con el apoyo de Compromís aunque ha sido rechazada por el Grupo Popular y Vox.

La diputada socialista, Isabel López, ha criticado la "falta de gestión y previsión del equipo de gobierno provincial", mientras que la vicepresidenta y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha defendido la gestión del equipo de gobierno. En este sentido, ha indicado que Planifica "se encuentra en su fase inicial, ya que solo ha transcurrido un año y medio desde su aprobación y requiere una tramitación que incluye la redacción y licitación de las obras… el plan está en marcha con rigor y planificación y dará resultados en los tiempos previstos". Asimismo, ha defendido la próxima puesta en marcha del Plan Mas Cerca, sujeto a un Plan Económico Financiero y la reactivación de las reglas fiscales, y ha avanzado que los órganos solicitados por el PSOE se celebrarán en tiempo y forma. En este punto, el presidente Toni Pérez ha adelantado que el Consejo Económico y Social de la Diputación se reunirá el próximo martes 22 de julio a las 11.00 horas.

Finalmente, Vox ha presentado un texto en defensa de los Centros de Día de Gestión Integral de la provincia de Alicante, con especial atención al Centro de Día de Ibi. En la moción, esta formación reclama a la Generalitat que aplique de forma inmediata y efectiva los convenios firmados para los centros de día y residencias de gestión integral de la provincia y que publique con urgencia las nuevas licitaciones sin que se reduzcan la calidad asistencial ni se recorten las plantillas. La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha explicado el trabajo que se está desarrollando en torno a esta problemática "para intentar solucionar la situación irregular que dejó el Consell Botànic". "Se está trabajando muy duro por parte de la Conselleria para regular toda la situación heredada que nos encontramos y solventarlo", ha apuntado, justificando por ello el no respaldo a la moción. "Ya se está trabajando en ello y en el primer trimestre de 2026 podría estar resuelto", ha insistido, según las mismas fuentes.