ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha cargado este martes contra la gestión del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y en particular, frente a la labor desarrollada por la edil de Bienestar Social, Begoña León, a cuenta del informe emitido por la Sindicatura de Greuges a finales del pasado mes de septiembre en la que se recrimina al Ayuntamiento el retraso en la contratación de los trabajadores sociales que asumen tareas de asistencia a colectivos vulnerables, a partir del acuerdo de cofinanciación establecido con la Conselleria de Igualdad. 

En esta línea, el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado que las conclusiones de ese informe son "muy graves". "Hemos conocido por una resolución del Síndic de Greuges que el despido de casi 200 trabajadoras y trabajadores de Servicios Sociales en enero no era necesario. Este es uno más de los motivos que hemos incluido en la reprobación y petición de cese de la concejala Begoña León", que se prevé someter a votación en el pleno ordinario del mes de octubre, este jueves. Al respecto, Mas ha incidido en que la resolución del Síndic apunta que el "despido injustificado" de esos trabajadores "supuso un desastre que ha provocado meses de espera en la tramitación de ayudas básicas y el inclumplimienro de la ley de servicios sociales". Por ello, ha considerado que "está en manos del alcalde" la decisión de acordar el "cese" de León.

Fuentes de Compromís apuntan que, a principios de 2025, el Síndic abrió una investigación ante el despido de "casi 200 trabajadores" de Servicios Sociales en cuanto se produjo el fin de la duración del Contrato Programa con la Generalitat". "El problema es que esos puestos eran básicos (trabajadores sociales, psicólogos, educadores, etc.) y su salida dejó medio paralizados los servicios. Había listas de espera, falta de atención, y muchos programas se quedaron sin personal (SASEM, atención a mayores, infancia, mediación, etc.)", añaden las mismas fuentes.

"La Conselleria avisó desde 2024 que el nuevo Contrato Programa 2025-2028 seguiría y que había financiación garantizada, o sea, que no hacía falta despedir a nadie. Pero el Ayuntamiento no actuó a tiempo ni incorporó a esa gente en plantilla, y encima devolvió más de 300.000 € porque no ejecutó bien los programas", prosigue Compromís, a colación de la resolución del defensor del pueblo valenciano.

"El Síndic pidió información varias veces y el Ayuntamiento apenas respondió, así que lo acusa de falta de colaboración y de mala gestión. En resumen: la falta de previsión del Ayuntamiento afectó directamente a la atención de personas vulnerables y dejó en evidencia la gestión de los servicios sociales", concluye el comunicado.