ALICANTE. La vivienda y la situación administrativa irregular se consolidan como factores de exclusión social en Alicante. Así se vuelve a poner de manifiesto en el informe anual de actividad de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante presentado este jueves, en el que, además se alerta de que ambos problemas se han agravado en el balance de 2025. En esta línea, ese estudio constata el drama del acceso a la vivienda que sufren las familias a la hora de buscar un hogar, hasta el punto de que la escasez de la oferta disponible y el incremento de los precios de venta ha empujado al 46% de las personas atendidas por la entidad a la búsqueda de un alquiler. Es más, una de cada cuatro de esas personas o familias reside en una habitación alquilada dentro de una vivienda compartida, según ha precisado el director de Cáritas Diocesana, Víctor Mellado, durante la presentación del informe.

Y no solo eso. Mellado ha subrayado, además, que los precios del alquiler de una vivienda completa se han duplicado en ciudades como Alicante y Elche, hasta el punto de que un piso situado en Virgen del Remedio que se arrendaba por menos de 300 euros hace cinco años, ahora se alquila por 700. Y la misma situación se habría constatado en lo que respecta a los precios de alquiler de las habitaciones, según ha añadido. "Desde la covid hasta la actualidad, se ha acentuado el incremento de los precios; los vemos en las estadísticas con aumentos del 20% y 25% anual, lo que ha propiciado que se hayan doblado en ciudades como Alicante y Elche, en los que predominan los salarios medios y bajos comparados con los de Madrid, Valencia o Málaga, con la particularidad de que hasta ahora la vivienda resultaba asequible, y se podían encontrar un alquiler por entre 400 y 500 euros, y ahora resulta prácticamente imposible encontrar uno por menos de 1.000", ha detallado.

Y lo mismo sucede respecto al alquiler de habitaciones, según ha recalcado Mellado, quien ha apuntado que esa situación está generando el desplazamiento hacia otras poblaciones limítrofes de tamaño medio como Elda, Villena o Aspe, en busca de esos alquileres asequibles, lo que, a su vez, también ha propiciado su encarecimiento, al pasar de 150 a 400 euros, ha indicado. "Si antes el stock era bajo, ahora es sencillamente rotacional; nos apena mucho escuchar, cuando se busca una vivienda de urgencia, que no se enseñan pisos a familias", porque -según ha abundado- los propietarios no tienen las garantías de que puedan abonar la renta a pesar de tener un empleo. Esa situación, según ha alertado, provoca que esas personas que buscan un hogar durante meses se encuentren expuestas a sufrir problemas de salud mental. Y el problema, según ha señalado, es que la situación no mejora "con los datos que conocemos del primer trimestre de 2026", ha señalado. Así, como posibles soluciones, Mellado ha planteado la necesidad de que se alcance un acuerdo entre el conjunto de las administraciones para poner vivienda en el mercado con rapidez, ya que con la concesión de ayudas, que ya son estructurales, "no lo podemos arreglar".  

Situación administrativa irregular

De igual modo, el informe -presentado con motivo de la celebración del Día de la Caridad 2026, bajo el lema "Elige amar. Elige comunidad"- recoge tambien el incremento de las dificultades sobre los migrantes que se encuentran en situación irregular en la provincia. En este sentido, el estudio precisa que se ha pasado de 5.500 personas en ese estado en 2024 a 6.400 en el ejercicio de 2025. Así, tanto Mellado como la secretaria general de Cáritas, María Boyer, y el propio obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, se hayan felicitado de la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria actualmente en curso como fórmula para que pueda promoverse la integración de ese colectivo que hasta ahora resulta "invisible" a pesar de su contribución indirecta en forma de impuestos y de aportación a la economía, aunque por cauces "sumergidos". Así, han realizado un llamamiento hacia la despolitización de ese proceso tras recordar que surgió como una iniciativa popular a partir de una campaña de recogida de firmas que contó con el respaldo de Cáritas. 

Así, Mellado ha apuntaod que "albergamos una gran esperanza en el proceso de regularización para que ayude a muchas personas a acceder a un empleo, aunque el empleo no garantiza poder acceder a una vivienda, proque si no hay vivienda, ni te la enseñan, y tener un empleo tampoco asegura tener un contrato de alquiler", ha remarcado.

Al margen de esas dos situaciones, el informe, en el 60 aniversario de la entidad, también refleja, que en 2025 "hemos roto la tendencia a la baja del voluntariado, hasta alcanzar la cifra de los 1.583 voluntarios, lo que ha permitido poner en marcha planes de dinamización de voluntariado" a través de las 107 Cáritas parroquiales distribuidas en toda la provincia, desde la que se realizan su actividad 137 equipos de voluntarios, según han precisado Mellado y Boyer.