ALICANTE. Los comerciantes del mercadillo tradicional de artesanía de La Explanada, conocidos popularmente como los hippies, no tendrán margen de maniobra para organizar un traslado directo de sus puestos hasta la segunda línea del paseo portuario, junto al edificio de la Lonja de Pescado. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), descarta la posibilidad de que esa reubicación se pueda producir de forma demorada, en el momento en el que los vendedores dispongan de autorización para el uso de ese espacio, como había solicitado la entidad que los agrupa: la Asociación de Vendedores de la Explanada (AVE), la semana pasada.

De hecho, esa petición se ha reiterado este mismo martes con el registro de un nuevo escrito en el que se notifica la voluntad de 15 de los comerciantes de reubicarse en ese nuevo emplazamiento, con el propósito de procurar que no se apliquen posibles sanciones hasta que pueda ejecutarse el desplazamiento de las casetas de forma directa, sin necesidad de tener que desmontarlas para volverlas a ensamblar en su nueva localización.

No obstante, el equipo de gobierno mantiene el procedimiento de desalojo sin cambios, según ha sostenido el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local. Al respecto, ha sostenido que el proceso administrativo para la ejecución del acuerdo plenario aprobado en octubre sigue su curso, por lo que persisten los plazos conferidos en la notificación comunicada al conjunto de los titulares de los puestos en los que se les conminaba a retirar las casetas del paseo turístico con fecha límite de este martes en periodo voluntario. En caso contrario, según se hacía constar en esa misma notificación, sería el Ayuntamiento quien ejecutaría su desmantelamiento de forma subsidiaria, el 24 de febrero, para repercutir, después, el coste de esos trabajos a los vendedores (en torno a 33.000 euros, según estimaciones municipales).

Multas 'proporcionadas' 

Además, esa notificación conllevaría la aplicación de sanciones por cada día de retraso en la retirada de las casetas. Ahí es donde sí cabría aplicar criterios de proporcionalidad, según ha sostenido Villar en la misma comparecencia pública, al contemplar la posibilidad de que pudiesen modularse las cuantías de esas penalizaciones a circunstancias como el preaviso de la decisión de abandonar el paseo y la confirmación de la fecha concreta en la que se ejecutaría ese traslado.

Entre tanto, los vendedores que ya han confirmado su pretensión de reubicarse en el espacio de segunda línea del paseo del Puerto continúan tramitando el registro de su solicitud de autorización ante la Autoridad Portuaria con la previsión de que la documentación necesaria para cumplimentar esa petición pueda formalizarse este miércoles. Con ello, el colectivo aspira a que la autorización se les pueda conceder antes del próximo día 24, de modo que el Ayuntamiento no llegue a efectuar su desalojo forzoso. En paralelo, algunos de los titulares de los puestos que ya han confirmado su intención de cesar su actividad proseguía este martes con el desmontaje voluntario de las casetas.