Alicante

Alicante inyecta otros 7,2 millones a la contrata de limpieza por la gestión de los ecoparques

El equipo de gobierno aprueba una segunda modificación del contrato gestionado por UTE Netial por el que la concesionaria asume la explotación del centro de gestión de residuos de Aguamarga y el pendiente de apertura en Villafranqueza

  • El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una visita a las obras del ecoparque de Villafranqueza.
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ALICANTE. El servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante, gestionado por UTE Netial (FCC y Prezero) desde 2023, vuelve a encarecerse. Su coste se amplía en otros 7,2 millones ( 7.205.961,70 euros) adicionales hasta el fin del contrato (con un coste anual de 1.235.307,72 euros), a partir de la segunda modificación del contrato aprobada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), este martes en la reunión semanal de la Junta Local: el foro de representación política en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones relacionadas con la gestión municipal.

Ese incremento presupuestario en el funcionamiento del servicio se justifica en la incorporación de una prestación no contemplada de partida en el pliego de condiciones por el que se concertó su contratación. Se trata de la gestión del ecoparque de Aguamarga, que hasta ahora venía asumiendo UTE Alicante (FCC, Prezero, Grupo Cívica e Inusa) como responsable de la gestión del centro de tratamiento de residuos de Fontcalent (ahora ya con el contrato vencido, mediante la concesión de una prórroga forzosa), a la que se suma también ahora la explotación del segundo ecoparque de la ciudad, situado en la calle Barítono Paco Latorre, en Villafranqueza.

De hecho, el cambio introducido ahora en ese servicio se convierte en el último paso pendiente para que pueda producirse su puesta en funcionamiento, después de que la Conselleria de Medio Ambiente haya validado su declaración de impacto ambiental, como había informado este diario. En principio, el departamento de Limpieza trabaja con el objetivo de que esas nuevas instalaciones (habilitadas para el depósito de residuos específicos como mobiliario, aparatos electrónicos o escombros) puedan entrar en funcionamiento antes de que finalice este año, según ha apuntado el vicealcalde y coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local.

En esta línea, Villar ha señalado que se confía en que la puesta en servicio de ese segundo ecoparque contribuya también a reducir los vertidos incontrolados o el depósito de enseres en la vía pública y, por tanto, que mejore el estado de la escena urbana. La modificación del contrato incluye, además, la renovación del ecoparque de Aguamarga para mejorar su funcionamiento, así como la puesta en marcha de cuatro ecoparques móviles (itinerantes) en distintos puntos de la ciudad para facilitar que la ciudadanía deposite los residuos especiales de manera clasificada, en función de cada tipo de desecho. 

Con la modificación contractual aprobada este martes, el coste de la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos se eleva hasta los 335 millones (335.620.687,82 euros) por el conjunto de los 8 años de duración del contrato (vence en agosto de 2031), después de que el equipo de gobierno aprobase, la semana pasada, una primera modificación por otros 5 millones con el objetivo de poner en marcha un equipo específico encargado de la retirada de escombros generados como consecuencia de los vertidos ilegales registrados en distintos puntos del extrarradio. A esta segunda modificación del contrato debe añadirse una tercera variación -que podría estar condicionada por la aprobación del presupuesto de 2026- con el fin de procurar la partida necesaria que permita contratar los cien nuevos operarios anunciados por el alcalde, Luis Barcala, durante el debate sobre el estado de la ciudad, como requisito para poner en funcionamiento un plan de choque que refuerce los barridos en todos los barrios.

Por lo pronto, el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafa Alemañ, ha explicado, por su parte, que "con esta segunda adenda al contrato con Netial se redobla el esfuerzo tanto para la recogida de escombros, enseres y podas depositados en el espacio público, como se habilitan ecoparques para que los ciudadanos puedan ir a depositar allí sus residuos domésticos y se multiplican por cuatro los puntos móviles para facilitar a todos los residentes una forma fácil y cercana para depositar sus residuos domésticos peligrosos como fluorescentes, pilas, vidrio y resto de fracciones contempladas para el ecoparque móvil". Además, ha subrayado que "con la reciente modificación de la ordenanza de Limpieza se ha ampliado la posibilidad de depositar hasta 3.500 kilos, tres toneladas y media diarias en los ecoparques sextuplicando la cantidad habilitada anterior que era de media tonelada, a lo que se sumará antes de finalizar el año el segundo ecoparque doblando los puntos de depósito". 

Las críticas de la izquierda

Sea como fuere, el acuerdo ha motivado las primeras críticas entre los grupos progresistas que ejercen funciones de oposición. En esta línea, el edil del PSOE, Raúl Ruiz, ha denunciado "la ampliación encubierta del contrato de recogida de residuos de Alicante" al encomendar a la empresa que presta el servicio la gestión del ecoparque existente y del que se abrirá en breve en Villafranqueza. "En apenas dos semanas el gobierno de Barcala ha ampliado en más de 12 millones de euros el contrato a la empresa, que ha sumado la gestión de los ecoparques y el aumento del servicio de recogida de podas y voluminosos", ha apuntado.

Así, Ruiz ha exigido a Barcala "transparencia para que explique a los alicantinos que estos nuevos costes se revertirán en el recibo del próximo año, por lo que todas las familias verán aumentado el tasazo de la basura, que se impuso sin ningún tipo de progresividad para aliviar la carga fiscal a las familias humildes". En ese sentido, el edil socialista ha apuntado que "Alicante debería de tener cuatro ecoparques operativos, pero, a día de hoy, tan sólo uno está en funcionamiento". Al respecto, fuentes municipales han señalado que el departamento municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos trabaja junto al área de Urbanismo en la búsqueda de espacios adecuados para la instalación de otros dos ecoparques de dimensiones más reducidas que los actuales para dar servicio a la zona de Playas y en las inmediaciones en la zona industrial de la carretera de Ocaña.

En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha ironizado con la modificación del contrato para asegurar que "no hay nada mejor en esta ciudad que ser o pertenecer, o ser gestor de una contrata. Vamos a pagar ahora 7 millones de euros más a una contrata por hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio según los pliegos", ha sostenido. Además, ha asegurado que el ecoparque de Villafranqueza "ya tendría que estar en funcionamiento, puesto que el plan local de residuos, que aprobó el Partido Popular y Ciudadanos, estableció una red de cuatro ecoparques. Solo tenemos uno, otro a medio abrir, y ahora inyectamos otros siete millones más de euros a la contrata. Quien tenga una contrata se va a forrar con estos señores del gobierno municipal, porque ni se inspecciona a la contrata, se le pagan 40 millones más, la semana pasada cinco millones más para recoger los escombros, ahora siete millones más... En definitiva, chorreo de dinero público de los alicantinos a una contrata, que por cierto no hace bien su trabajo, sin cumplir los pliegos", ha añadido. Así, ha instado al concejal de Limpieza, Rafa Alemañ, a convocar la comisión creada para auditar el servicio de limpieza "para ver si se cumplen los pliegos o no".

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que "apenas dos años después de adjudicar el contrato más caro de la historia de Alicante, el PP aprueba otro incremento de más de siete millones de euros a la UTE Netial". "La realidad es que los barrios siguen sucios, los contenedores desbordados y los solares abandonados. Es inaceptable que se siga inflando un contrato sin evaluar su eficacia ni aplicar sanciones por incumplimiento", ha considerado.

Así, ha señalado que el incremento presupuestario del contrato "no es gestión, es sumisión a una empresa privada que manda más que el propio Ayuntamiento. Desde Esquerra Unida Podem defendemos una auditoría pública del servicio y un cambio de modelo hacia una gestión más transparente, eficiente y con mayor control municipal", ha concluido.

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