ALICANTE. La resaca respecto a la resolución del Ministerio de Hacienda sobre la concesión de los fondos Edil continúa en Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), mantiene su intención de dar la batalla en todos los frentes que estén a su alcance con la intención de que pueda promoverse una rectificación respecto a los motivos que habrían fundamentado el descarte de su solicitud, en sintonía con lo que también ha sucedido en el caso de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Elche.

Por lo pronto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sostenido este lunes -tras participar en la presentación del festival TAC! en Casa Mediterráneo- que se estaba trabajando desde el pasado viernes, cuando trascendió el acuerdo de distribución de fondos, en la presentación de alegaciones. Y no solo eso. Ha exigido al Gobierno central que aporta claridad sobre "los criterios" en los que se habría fundamentado el reparto de fondos "que no son del Gobierno ni de Pedro Sánchez, sino que actúa como mero gestor", ha insistido. "No sabemos cuáles son los criterios, porque no se han trasladado, por lo que vamos a exigir más información", ha recalcado, tras sostener que, la última información que había podido conocer obligaba a cuestionar "por qué han faltado fondos para la Comunidad Valenciana, y por qué se ha detraído fondos europeos para ejecutar la reconstrucción de la Dana", ha apuntado. 

"Al final todo es una gran estafa a los alicantinos y a los valencianos en general. No voy a parar hasta que no aclaren cuáles han sido los criterios y por qué a Alicante se le ha dejado sin nada; lo van a tener que explicar", ha recalcado, tras mostrar su felicitación a los municipios que sí van a recibir aportaciones, entre ellos varios municipios de la provincia también gobernados por el PP como Benidorm o La Nucía, entre otros. Sobre esa circunstancia, ha sostenido que esas poblaciones que sí han resultado beneficiarias "tampoco tienen ningún argumento sobre por qué han recibido esos fondos".

Así, ha criticado "esa incertidumbre y esa inseguridad jurídica que nos produce a todos" a la hora de concurrir por la concesión de ayudas europeas de las que el Gobierno es un mero gestor. "Lo que no puede hacer el Gobierno, de una forma totalmente arbitraria y discrecional, es un reparto que vuelve a castigar a la ciudad y a la provincia de Alicante; parece que no es suficiente con habernos puesto en el vagón de cola en los Presupuestos Generales y de ser incapaces de aprobar unos nuevos", ha abundado.

150 millones bloqueados

Al tiempo, el primer edil ha sostenido que, en el caso de que se rechacen las alegaciones respecto al rechazo de la financiación, el Ayuntamiento de Alicante "hará un esfuerzo" para incorporar la ejecución de los diez proyectos que optaban a ese recurso económico a través de los presupuestos municipales de 2026, ahora en fase de elaboración. No obstante, también ha cargado contra el Gobierno para preguntarse "por qué se obliga a Alicante" a ese esfuerzo, cuando se cuenta con 150 millones de remanente de tesorería que no pueden emplearse para otros fines distintos al de amortización de deuda.

"No nos dejan usar recursos propios; es un simple decreto, ya que son incapaces de sacar unos presupuestos, que dicten un decreto para que nos autoricen a ejecutar inversiones financieramente sostenibles con los fondos que tenemos en remanente de tesorería", ha reclamado. "Por qué a los demás les pagan las inversiones y a nosotros nos lo quitan, y nos dicen que no; pues ya que nos quitan esos fondos, al menos que nos dejen gastar ese dinero", ha recalcado. 

En esta línea, ha vuelto a emplazar al ejecutivo central a dictar el decreto para que se libere a los ayuntamientos y se les autorice a poder gastar esos recursos en la realización de los proyectos que los ciudadanos necesitan. "Si quieren, que me acoten los usos y me digan que hay que destinarlos preferentemente a la promoción de vivienda, y nosotros lo haremos, porque tenemos los proyectos preparados", ha insistido. "Pero que tomen esa decisión", ha enfatizado.