ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), da por cerrados los tres expedientes informativos de averiguación interna incoados para precisar si pudo haberse producido algún comportamiento indebido por parte de funcionarios municipales respecto a decisiones vinculadas con la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. La instrucción de esos tres expedientes se completa sin dar pie a ninguna medida disciplinaria respecto a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, quien renunció a ese cargo de designación directa para regresar a su plaza como jefa del área de Contratación -el mismo puesto que desempeñaba durante el proceso de subasta de la parcela municipal- después de que trascendiese que dos hijos y un sobrino suyos habían adquirido viviendas en la promoción objeto de la controversia.
Pérez-Hickman continuará desempeñando ese puesto sin ninguna variación, según ha confirmado este martes el vicealcalde, portavoz adjunto del equipo de gobierno y edil de Recursos Humanos, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local. Villar ha explicado que la tramitación de los tres expedientes había concluido sin que se contemplasen variaciones respecto las medidas que ya se habían adoptado de forma preventiva hasta ahora respecto a los empleados públicos que se habían visto envueltos en la polémica: bien como compradores de los pisos, o bien por sus vínculos personales con los adquirientes.
En ese contexto, a principios de este mes de marzo, el equipo de gobierno promovió la sustitución del arquitecto municipal Francisco Nieto -uno de los propietarios de los 140 pisos de Les Naus- por otro técnico municipal en la plaza de suplente a ocupar en la mesa de contratación que debe decidir sobre la adjudicación de los cinco solares municipales cedidos a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para dar pie a la construcción de VPP en el marco del Plan Vive. Además, Nieto también había sido apartado de la tramitación de cualquier aspecto relacionado con la redacción del borrador del nuevo Plan General Estructural (PGE).
Al tiempo, como medida preventiva, también se dio instrucciones a la arquitecta municipal Elsa Lloret (esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de compra de las viviendas de Les Naus) para que no participase en ningún expediente que tuviese relación con viviendas de protección pública. No obstante, no se adoptó ninguna medida similar respecto a Pérez-Hickman. Y tampoco se prevé acordar ahora, según ha precisado Villar.
Expedientes reservados
En todo caso, el responsable de Recursos Humanos no ha llegado a detallar cuál había sido el resultado de esos tres expedientes (uno sobre la posible intervención de Nieto y Lloret, otro sobre el papel de Pérez-Hickman y otro sobre un supuesto acceso indebido a los expedientes de liquidación del impuesto de la plusvalía de las viviendas de Les Naus) al sostener que, en primer término, debía informarse a los interesados sobre las conclusiones alcanzadas, según ha apuntado.
Está por ver si el equipo de gobierno llega a precisar el contenido de esas conclusiones, toda vez que se trataría de expedientes reservados, según apuntó el alcalde, Luis Barcala, este lunes, tras acudir al acto de toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, en Casa Mediterráneo. Como mínimo, los grupos políticos que ejercen funciones de oposición sí reclamaron este lunes que se les facilitase copia de esos expedientes entre la documentación solicitada para poder fiscalizar los hechos en el marco de la comisión municipal relacionada con la promoción de VPP de Les Naus y del resto de promociones públicas desarrolladas este mandato o por desarrollar ahora.
Sea como fuere, hasta el momento, el primer informe de averiguación interna elaborado por el vicesecretario municipal, en funciones de secretario, ya daba por descartado, a principios de febrero, que los tres funcionarios hubiesen tenido algún tipo de intervención decisiva en su propio beneficio respecto a los acuerdos de venta del solar municipal, o respecto a la concesión de la licencia de obra de las viviendas. Pese a todo, el equipo de gobierno decidió presentar una denuncia en Fiscalía para que se esclareciese si pudo haberse producido alguna presunta irregularidad, incompatibilidad o conflicto de interés en el desarrollo de las viviendas de la cooperativa, a partir del análisis de información adicional que no quedase bajo competencia del Ayuntamiento.