ALICANTE. La negociación por la retirada de las vías en desuso de Benalúa, que comprende la cesión de los terrenos que ocupan en beneficio de Alicante, comienza a encarrilarse hacia un acuerdo definitivo después de varios años de contactos infructuosos. Cuando menos, ese es el espíritu de la valoración ofrecida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) respecto a la alternativa de convenio planteada por el Ayuntamiento, en respuesta al borrador previo planteado por el ente estatal hace tres años.
La evaluación de Adif sobre ese planteamiento municipal considera razonables los parámetros de edificabilidad y de costes económicos que se sugieren como fórmula de compensación por la entrega del suelo de su propiedad, según fuentes consultadas. Hasta ahora, eso sí, continúan sin trascender cifras concretas respecto a esos derechos urbanísticos que se le asignarían, o sobre el reparto de la inversión a ejecutar para despejar y acondicionar esos terrenos, en los que se prevé extender la zona verde del Parque del Mar.
En realidad, sobre la última propuesta municipal -con la que se aspira a anticipar el desarrollo de ese parque- solo se ha detallado que Adif debería ceder 59.262 metros cuadrados de su titularidad para completar esa actuación de reurbanización sobre un espacio de 113.000 metros cuadrados de superficie total. Una gran bolsa de suelo en la que el Ayuntamiento figura como propietario del resto de su extensión. Al margen de ello, en las conversaciones que se abordaron durante el pasado mandato, tan solo se pudo conocer un dato más: que Adif podría obtener 25.000 metros cuadrados de techo edificable en el extremo sur de ese ámbito de actuación. Es decir, en el entorno de la calle México.
No obstante, está por ver si los números de esa contrapartida se mantienen en los borradores de convenio cruzados entre las dos administraciones cerca de cuatro años después. Todo parece indicar que ninguna de las dos trasladará cifras concretas hasta que se esté en disposición de firmar un acuerdo definitivo. Eso sí, ese pacto final no tendría por qué demorarse. Cuando menos, en su respuesta a la propuesta de convenio del Ayuntamiento, Adif emplaza a los responsables municipales a concertar un próximo encuentro de trabajo en el que poder cerrar un texto consensuado en el que se regule de forma definitiva el convenio de cesión del suelo ocupado por las vías todavía de su propiedad.
Cita sobre el Parque Central
Lo cierto es que los mismos protagonistas -Adif y Ayuntamiento- ya tienen programada una próxima cita a corto plazo relacionada con otro proyecto clave para el desarrollo urbanístico de la ciudad en el que ya se ha alcanzado un entendimiento pleno. Se trata del encuentro previsto respecto al borrador del convenio sobre el Parque Central que, salvo modificación de última hora, debe celebrarse el próximo 10 de junio.
Según el balance de la última reunión, celebrada a finales de abril, Adif debe plantear en esa fecha su propuesta de convenio respecto a los acuerdos ya pactados en torno a los parámetros básicos que se seguirán en la reurbanización de los terrenos liberados de las vías del ferrocarril para procurar que el futuro Parque Central tenga un trazado continuo de 2,1 km y 200.000 metros cuadrados.
Entre las condiciones principales de esos acuerdos, se establece que se optará por un proyecto de integración de las vías, y no de soterramiento integral, mediante la instalación de una cubierta que permitirá dar continuidad a la superficie de zona verde, además de favorecer la conexión peatonal entre los barrios separados por el paso del ferrocarril. De igual modo, se plantea concentrar la mayor parte de la edificabilidad residencial del sector antes del Puente Rojo que, además, también se conservará integrándolo en el proyecto.
En principio, está previsto que en ese borrador del convenio sobre el Parque Central se marque ya un calendario de plazos y de compromisos económicos a los que deberán ceñirse las tres administraciones implicadas: el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes; la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante. El coste global del proyecto que se ha anticipado de forma provisional alcanzaría los 420 millones.
