ALICANTE. El bipartito de Alicante (PP y Cs) trata de cerrar el círculo tras la controversia desatada por el contrato de asesoría externa concertado de manera directa (tras la evaluación de tres presupuestos) por la Concejalía de Cultura en junio. Se trata de un servicio adjudicado a un periodista, que ejerce su labor como profesional autónomo, con el que se pretendía potenciar la difusión de la programación cultural en medios especializados y reforzar su presencia en redes sociales, según concretó entonces el titular del departamento, Antonio Manresa (Cs).
Cerca de un mes y medio después de que se cerrase ese contrato, los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal aprobaron este martes, en Junta de Gobierno, el inicio del expediente para contratar a un técnico adscrito al servicio de Cultura que permita suplir la baja transitoria de una trabajadora interina registrada en ese mismo departamento en el inicio del mes de junio. Con esa decisión, se pretende cubrir la plaza vacante con la que se había asociado la polémica contratación del servicio de asesoría externa, después de que concurriesen cuatro circunstancias concretas.
¿Cuáles? La primera, la coincidencia de fechas: el contrato externo se concertó en el inicio de junio, casi al mismo tiempo que se registró la baja de la trabajadora interina. La segunda, la similitud de funciones entre esa trabajadora y el periodista contratado de manera directa, aunque según recalcó Manresa, la labor de ninguno de ellos era la de emitir comunicados de prensa. La tercera, la remisión de un correo a un listado de distribución interna en el que esa trabajadora municipal informaba sobre su baja por maternidad y detallaba que sus funciones serían atendidas por ese profesional autónomo contratado de manera directa. Y la cuarta, las manifestaciones ofrecidas inicialmente por el alcalde, Luis Barcala (PP), respecto a la tramitación de ese contrato de asesoría. El primer edil llegó a apuntar que ese contrato debía contar con el informe de la Oficina Presupuestaria y del departamento de Intervención Municipal ante la posibilidad de que se tratase de una sustitución.
Esas manifestaciones llevaron a los grupos que ejercen funciones de oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y también Vox) a solicitar explicaciones de Manresa al considerar que se había recurrido a una contrato menor (de adjudicación directa) para cubrir una baja temporal, cuando se trata de una circunstancia proscrita expresamente en la Ley de Contratación del Sector Público. Así, el PSPV-PSOE promovió la comparecencia de Manresa en el pleno ordinario de junio y Unides Podem propuso la creación de una comisión de investigación al respecto.
El desenlace de esas dos iniciativas ya es conocido: Vox evitó que esa comisión se constituyese y Manresa negó cualquier atisbo de irregularidad en el contrato de asesoría externa, tras descartar que se hubiese tramitado para cubrir la baja de la trabajadora interina. De hecho, como informó Alicante Plaza, Cultura había solicitado a Recursos Humanos que iniciase los trámites para cubrir su vacante un día después de que la empleada registrase su baja.
