ALICANTE. Los dos partidos que comparten responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), pretenden aplicar todas las cautelas posibles para abordar cualquier decisión relacionada con una parcela municipal en permanente controversia como el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura. Tanto es así que, además de dejar la selección del auditor de las cuentas de la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) en manos del departamento de Intervención, también se prevé someter la maquinaria con la que se presta el servicio a una inspección técnica independiente para conocer cuál es su estado real antes de invertir en su renovación.

El pliego de condiciones del contrato, adjudicado en 2013 bajo el mandato de la popular Sonia Castedo, establece que el Ayuntamiento debía destinar una suma de 4,5 millones a la adquisición de nuevos vehículos a partir del tercer año de prestación. Se trataba de una garantía de reposición de recursos: la compra de nuevos medios técnicos para sustituir aquellos vehículos deteriorados por desgaste, de modo que la calidad del servicio no se resintiese.

El alcalde, el popular Luis Barcala, se comprometió al final del pasado mandato y en plena campaña electoral a desbloquear ese desembolso al considerarlo inaplazable para que pudiese percibirse una mejoría en el estado de la escena urbana. Y esa inversión también figura entre los planes del nuevo concejal de Limpieza, el popular Manuel Villar, como ha sostenido al responder a las críticas y las interpelaciones formuladas por los grupos de la oposición hasta la fecha.