ALICANTE. La continuidad en la prestación del servicio de transporte público en autobús de Alicante se enfrenta a su examen definitivo. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, ha perfilado ya la propuesta de acuerdo para conceder una segunda prórroga extraordinaria de la concesión a la empresa Masatusa, del grupo Vectalia, ante el vencimiento de la que se acordó en el mes de julio de 2019. Aquel acuerdo se adoptó por dos años de duración sin que se haya podido aprobar la convocatoria del nuevo concurso hasta ahora.

La segunda prórroga (después de un contrato de 50 años de duración) queda sujeta ahora al visto bueno del departamento de Intervención, que dispone de la propuesta desde el pasado 30 de junio para que pueda someterla a fiscalización, según precisaron fuentes municipales. En principio, el departamento dispondría de un plazo de diez días para emitir su informe, autorizando la adopción del acuerdo, o solicitando posibles subsanaciones en el caso de que resultase necesario.

Hasta el momento, no ha trascendido ni la duración concreta de la prolongación del contrato, ni el importe específico al que el Ayuntamiento debería hacer cargo. Por lo pronto, lo cierto es que el calendario que maneja la Concejalía de Transportes es que se pueda contar con un nuevo concesionario en el margen de un año, ya que todavía no se ha dado por cerrado el pliego de condiciones de la convocatoria. Esas bases permanecen a la espera de que pueda aprobarse el Proyecto de Servicio Público (PSP) de forma definitiva, tras la resolución de las 34 alegaciones presentadas por entidades sociales y formaciones políticas.

En principio, todo parece indicar que el concurso podría lanzarse entre los meses de septiembre y octubre. No obstante, ese proceso de licitación queda sujeto a la publicación en boletines europeos, lo que conlleva plazos más extensos para la admisión de ofertas por parte de los licitadores interesados. Entre ellos, se da por seguro que Masatusa concurrirá al proceso para tratar de renovar la concesión. En todo caso, esa circunstancia es la que lleva a estimar que el nuevo adjudicatario no podrá incorporarse hasta el verano de 2022, siempre que no se registren posibles recursos que puedan bloquear la resolución del concurso.