ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante adoptará, sí o sí, medidas para tratar de controlar los problemas de exceso de ruido en el Casco Antiguo. Cuando menos, ese fue el principio de acuerdo alcanzado este miércoles por los representantes de los seis grupos políticos con presencia en la corporación actual -PP, PSOE, Ciudadanos, Unides Podem EU, Compromís y Vox- durante el desarrollo de la segunda sesión de trabajo de la comisión específica creada al respecto a instancias de una declaración institucional impulsada por la coalición valencianista.

En concreto, las seis formaciones se comprometieron a aprobar una resolución en la próxima reunión de la comisión, prevista para el 1 de junio, en la que se consensuaría un nuevo acuerdo para constituir una nueva comisión que concluyese los trabajos en curso -ya que la actual quedará extinguida tras la toma de posesión de la nueva corporación- durante los primeros compases del próximo mandato. ¿De qué trabajos se trata? De la elaboración del Plan Zonal de Ruido que lleve a resolver si resulta necesaria acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) o cualquier otra de las herramientas de control y limitación del ruido previstas en la nueva ordenanza de protección acústica, tras la actualización aprobada provisionalmente el pasado mes de abril.

En realidad, la elaboración de ese Plan Zonal de Ruido es una deuda que viene arrastrándose desde el año 2018, cuando se aprobó la última modificación del Plan Especial del Casco Antiguo y se acordó su declaración como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) para incorporar medidas frente al problema de ruido asociado a la concentración de locales de ocio y hostelería, entre las que se incluía la redacción de ese Plan Zonal, según concretaron los técnicos de los departamentos de Urbanismo durante el desenlace de la comisión. En principio, ese trabajo debía quedar realizado en un plazo de seis meses, aunque cinco años después sigue pendiente de elaboración. No obstante, fuentes del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), señalaron que gran parte de ese trabajo no podía realizarse sin contar, primero, con una ordenanza del ruido actualizada que lo amparase.

Lo cierto es que el bipartito sí llegó a iniciar la revisión de esa norma reguladora en 2019, pero no completó su tramitación y, pese a aprobarla en Junta de Gobierno a principios de ese, no se retomó hasta el pasado mes de febrero de 2023 con la inclusión de nuevos ajustes, como informó este diario.