ALICANTE. El proceso de tramitación del catálogo de protecciones del Ayuntamiento de Alicante, al que se dio inicio en 2015 y sigue sin completarse nueve años después, fuerza al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a promover un nuevo acuerdo de suspensión de licencias que permita preservar cerca de medio millar de edificios, 506 según han precisado fuentes municipales este jueves, que ya están incorporados en ese documento estratégico con distintos grados de protección.

La propuesta, que se prevé elevar a consideración del conjunto de grupos políticos representados en la corporación en la comisión informativa de Urbanismo de este jueves, como paso previo a su debate en pleno, el próximo martes, concreta que la congelación de los permisos de obra planteada se extenderá a los inmuebles incluidos en el catálogo, que se aprobó de forma inicial en septiembre de 2020, para los que se estableció un régimen de protección integral, parcial, ambiental y tipológica, que correrían riesgo de verse alterados al decaer la vigencia del último blindaje previo, acordado en el año 2022.

Así se concreta en la exposición del propio acuerdo, que -una vez aprobado en pleno, se elevará a la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que la evalúe y, en su caso, la ratifique-, en el que se señala que la suspensión de permisos se plantea como medida de "carácter excepcional" para garantizar la conservación de esos bienes inmuebles, "ante el riesgo de pérdida o destrucción de parte del patrimonio en trámite de catalogación". Se trataría, según la propuesta, de "un número considerable de elementos patrimoniales con valor cultural, histórico, arqueológico o ambiental" que, una vez finalizada la aplicación de la suspensión de licencias aprobada hace dos años, "no contarán con garantía de conservación alguna".

En esa relación de inmuebles que, de algún modo, quedarían desprotegidos no figurarían aquellos que ya estén reconocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC), preservados al disponer de dicha condición, ni tampoco aquellos que quedaron incluidos por primera vez en la propuesta de catálogo con la consideración de Bienes de Relevancia Local (BRL). En función de lo previsto en la propuesta de acuerdo, esos edificios "quedan sujetos al régimen transitorio de protección", sin que proceda conceder permisos de obra para ejecutar actuaciones más allá de las que resulten necesarias para garantizar su correcto mantenimiento. Ese supuesto podría extenderse "en casos excepcionales, y justificados" a actuaciones "de mayor alcance" en el caso de que el ayuntamiento, previo informe, pueda recabar a la Dirección Territorial de Cultura "un informe sobre la viabilidad patrimonial de intervenciones" que superen esa obligación de mera conservación.

De este modo, la suspensión de permisos que se pretende renovar ahora afectaría a "las licencias de demolición, en todo caso, y las licencias de obra que conllevasen actuaciones en los edificios identificados que pudiesen afectar a componentes o elementos individuales específicamente protegidos por las fichas del catálogo en tramitación". Y, al tiempo, la propuesta incluye la solicitud de aplicación de un régimen urbanístico transitorio para garantizar la conservación de esos edificios durante el tiempo en el que todavía se demore la aprobación del catálogo de protecciones de forma definitiva.

Pendiente de modificaciones

¿En qué fase se encuentra ahora ese documento para que adquiera plena eficacia? Sigue, en realidad, pendiente de los ajustes requeridos por la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Conselleria de Cultura y por el Servicio de Paisaje de la anterior Conselleria de Transición Ecológica, ahora renombrada como Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.