ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante trata de pertrecharse de todos los elementos de juicio posible antes de decantarse por la interposición de un previsible recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce la concesión de licencia ambiental a la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto. Uno de esos elementos a valorar es la posibilidad de que, a la postre, la compañía promotora de esos tanques de carburantes acabe solicitando una indemnización por el retraso en la obtención del permiso que el alto tribunal autonómico concede ahora por silencio administrativo positivo. Es decir, por la demora en la respuesta municipal a la hora de resolver sobre la autorización demandada por la empresa, que registró el proyecto ante la Concejalía de Urbanismo por primera vez en el año 2013.

De ahí que, entre otros puntos, uno de los elementos clave que se pretende dilucidar mediante la presentación de un incidente de aclaración de sentencia es el momento concreto en el que el TSJ estima que se debe considerar reconocido el derecho a la obtención del permiso, ya que de ello podría acabar dependiendo la determinación de un cálculo económico sobre posibles compensaciones que estarían en juego, en el supuesto de que el Ayuntamiento certificase la interposición del recurso ante el TS y que, en último término, se acabase confirmando una resolución favorable a XC Business. Esa hipótesis permitiría que la empresa pudiese reclamar una indemnización por el perjuicio ocasionado, al no poder llevar a cabo su proyecto durante varios años.

De ahí que el propio alcalde, Luis Barcala, dejase entrever este lunes, en una comparecencia pública tras asistir a la presentación de otros cuatro autobuses 100% eléctricos en la flota del servicio de transporte público urbano, que la fecha en la que se considere el reconocimiento del permiso municipal podría ser un elemento trascendental a considerar. "Hay una serie de extremos en los que entendemos que la sentencia se tiene que pronunciar, que eran objeto del pleito y del recurso, que no han sido mencionados en la sentencia del TSJ; en función de cuál sean las respuestas a esa petición de aclaración, que pueden ser varias, decidiremos la interposición o no del recurso de casación", apuntó, pese a que, en principio, la casación continúa siendo la primera opción que se estaría barajando a la vista de la existencia de sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que habrían anulado la concesión de licencias por silencio administrativo positivo, entre otros elementos que respaldarían la posición municipal.