ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en la respuesta de la administración frente a la propuesta promovida por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto. El Ayuntamiento de Alicante opta por negar la mayor respecto a las conclusiones alcanzadas en dos informes previos emitidos por la Generalitat en 2021 con el registro de una nueva solicitud ante al Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que se someta el proyecto al trámite de evaluación ambiental que en esos dictámenes previos, evacuados por la anterior Conselleria de Transición Ecológica y por la Abogacía de la Generalitat, no se consideraba preceptivo desde el punto de vista legal por la fecha en la que se inició la solicitud de licencia para los depósitos: el año 2013.

Así lo ha confirmado la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, en el transcurso del pleno ordinario de febrero, celebrado este jueves, en respuesta a la pregunta formulada por la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, en el transcurso de la sesión plenaria del mes de enero, por la que conminó al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a reclamar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, medidas para impedir el desarrollo del proyecto. En esta línea, Gómez ha señalado que "la postura del presidente es la misma que la nuestra" para insistir en el rechazo a la instalación de la planta de almacenaje de carburantes. Así, ha asegurado que "hemos remitido a la conselleria un informe en el que señalamos que sí consideramos necesaria la evaluación de impacto ambiental".

Además, según ha incidido, prueba de esa oposición al proyecto también sería el hecho de que se haya dictado "un decreto de suspensión del expediente" para que no corran los plazos de tramitación de la licencia de obra solicitada por la compañía hasta que se produzca el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) respecto al recurso presentado por XC Business frente a la sentencia de primera instancia por la que se denegó la concesión de licencia de obra por silencio administrativo. Según Gómez, se trata de "dos actos que dejan clara cuál es nuestra postura, no nos lavamos las manos", ha sostenido, tras reprochar que el PSOE hubiese formulado esa pregunta después de que "bajo su gobierno se ocultase los dos informes en los que se eximía [al proyecto] de la necesidad de tener que someterse evaluación ambiental".