ALICANTE. Vigilancia, supervisión, apremio y, finalmente, procedimiento sancionador. Ese es el camino que recorre el departamento de Conservación de Bienes Inmuebles de la Concejalía de Urbanismo en Alicante en el ejercicio de sus obligaciones para preservar el buen estado de la escena urbana y, al tiempo, garantizar la seguridad de los edificios. Ese trabajo, coordinado ahora por la edil del área, Rocío Gómez, se habría sustanciado en el último año con la apertura de hasta 539 expedientes a otros tantos titulares de inmuebles a los que se les insta a acometer reparaciones o actuaciones de mantenimiento sobre sus condiciones de seguridad, salubridad y limpieza bajo apercibimiento de multa, según precisaron fuentes municipales consultadas.

En concreto, en el balance del año 2023 se incluyen 337 expedientes a propietarios de edificios, de los que 254 continúan en fase de tramitación, sujetos a presentación de alegaciones o en plazo de realización de las actuaciones recomendadas, mientras que ya se habría finalizado los restantes 83. Bien con el desarrollo de las medidas correctoras propuestas, o bien mediante la imposición de sanciones coercitivas (hasta un máximo de diez), con la posibilidad, incluso, de que sea el propio ayuntamiento quien asuma las actuaciones de consolidación para repercutir, después, su coste a sus respectivos titulares.

Es lo que sucedió, por ejemplo, respecto al número 2 de la calle Rafael Altamira en el que persistía la estructura de un edificio inacabado, sin el cerramiento adecuado, lo que llevó a la Concejalía de Urbanismo, durante el pasado mandato (cuando el exedil de Ciudadanos, Adrián Santos Pérez asumía las competencias de ese departamento), a intervenir con la ejecución de un cerramiento en su planta baja y la instalación de una lona protectora para cargar, después, su coste a la propiedad.