ALICANTE. El proceso para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante entra en su fase final con la previsión de que pueda quedar activada tras el verano. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), prevé poner en marcha la consulta pública que resulta preceptiva para perfilar la redacción de su ordenanza reguladora justo después de Semana Santa para recopilar aportaciones y sugerencias que puedan quedar incorporadas a sus normas de funcionamiento.

Fuentes municipales consultadas precisaron que ese texto regulador en el que se delimitará la operativa del sistema de control de la movilidad en los dos anillos en los que queda configurada la ZBE está prácticamente finalizado, en coordinación con la empresa adjudicataria de su desarrollo (Tecnologías Viales Aplicadas, TEVA), a la espera de que pueda complementarse con propuestas de mejora viables desde el punto de vista técnico que no se hayan considerado hasta ahora. 

La superación de ese trámite consultivo permitirá que la propuesta de ordenanza se eleve a aprobación a la Junta de Gobierno para que inicie su recorrido de tramitación política, con la presentación de enmiendas por parte de los grupos de la oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem), y pueda elevarse a debate y aprobación en pleno. Con ese calendario, todo parece indicar que la ordenanza podría quedar aprobada de forma inicial entre los meses de junio y julio, lo que abrirá otro plazo adicional para la presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva. 

De este modo, siempre que la propuesta prospere con la mayoría de votos necesaria, la nueva regulación podría entrar en funcionamiento entre el tercer y el cuarto trimestre del año. Es decir, antes de que venza el plazo previsto para su aplicación, a cierre de diciembre de este año, en función de la última prorroga concedida para ello por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por el momento, se desconocen las condiciones concretas que quedarán reflejadas en esa regulación, aunque sí se ha reiterado el compromiso de que, por el momento, no incluirá restricciones de acceso a ningún tipo de vehículo, ni la imposición de sanciones en caso de incumplimientos. Básicamente, porque se considera que no existe un marco regulatorio concreto que obligue a aplicarlas en la actualidad, según las conclusiones recogidas en dos informes internos elaborados por el departamento de Medio Ambiente y por la Secretaría General del Ayuntamiento. En esos dictámenes, se apuntaría que la Unión Europea habría marcado distintos plazos que se extenderían incluso hasta 2040 para la implantación de esas restricciones. 

Las conclusiones de esos informes propiciaron, de hecho, que el PP pudiese alcanzar un pacto con el grupo municipal de Vox por el que se garantizaba la aprobación de los presupuestos municipales de 2024 ligado al descarte de límites a la movilidad en la regulación de la ZBE.